La Oficina Antifraude, primera autoridad independiente en proteger a denunciantes de la corrupción

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se ha convertido en la primera Autoridad independiente que asume en España plenas competencias para la protección de las personas alertadoras. Estas nuevas competencias son una realidad después de que el Parlament las haya aprobado el pasado viernes en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2023.

Antifraude "valora muy positivamente que el Parlament se haya convertido en el primero en dar este paso, adelantándose a la entrada en vigor de la Ley estatal", que entra en vigor hoy y que fue aprobada el pasado 20 de febrero, en cumplimiento de la aplicación de la Directiva Europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE. Hasta ahora, y sin tener competencias, la OAC ha amparado a tres personas que habían alertado de malas prácticas en las administraciones.

Disposición sancionadora

La disposición aprobada por la Cámara catalana también establece que la Oficina Antifraude tendrá potestad sancionadora y de ejecución de las resoluciones sancionadoras en los casos de protección a las personas
alertadoras de corrupción. Por otro lado, Antifraude celebra que el Govern haya tomado el compromiso de impulsar la elaboración de una ley en Cataluña en materia de protección de las personas que
alerten sobre infracciones normativas.

El director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, se ha mostrado satisfecho por la apuesta decidida que han hecho los grupos parlamentarios en la protección de las persona alertadoras y ha manifestado que con estas nuevas competencias se cumple la finalidad de la Oficina de proteger a las personas que deciden denunciar y preservar el interés público frente a actuaciones corruptas. Gimeno ha añadido que con este reconocimiento legal Antifrau "tiene herramientas para llevar a cabo lo que les ciudadanos esperan de la institución y que hasta ahora no podía hacer, puesto que no disponía de las competencias". También se ha mostrado confiado en que el Govern saldrá adelante la Ley catalana con celeridad para así desarrollar el espíritu de la Directiva Europea en el ámbito de Cataluña. 

La norma pretende que las obligaciones impuestas en los estados de la UE tengan como elemento central a las personas, de modo que les obliga a configurar instrumentos normativos ya implementar medidas reales y efectivas que protejan de forma integral quienes, en el marco de su relación laboral, se arriesga por alertar de conductas ilícitas en defensa del interés de la colectividad. A menudo estas personas, que en su actuación priorizan el bien común sobre el propio, sufren represalias de diferentes tipos: personales, laborales, económicas. En este sentido, la norma europea tiene como voluntad evitar, a través del ordenamiento jurídico y la acción pública, estas actuaciones ilegítimas