El Tribunal de Cuentas pone el foco en el urbanismo táctico de Barcelona

En su último informe de Fiscalización de los Contratos Tramitados de Emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria [ver aquí], el fiscalizador advierte de que al menos 3,2 millones en contratos públicos del gobierno local son susceptibles de no haber sido tramitados correctamente. 

Adjudicaciones por vía de urgencia

¿Qué cuestiona Cuentas? Los contratos de Actuaciones de espacio público en el marco del Covid-19, que licitó Bimsa, la constructora municipal que pende del área de la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. Se centran en el ensanchamiento del espacio público y el fomento de la bici, así como la transición energética, entre otros. 

Globalmente, el fiscalizador apunta a adjudicaciones por valor de 1,9 millones de euros, más otros 1,2 millones de euros relativas a actuaciones del espacio público y movilidad. Todas ellas se adjudicaron por la vía de urgencia, sin concurso, cuando debieron ser licitadas de forma abierta para asegurar la concurrencia. 

"No tenían relación"

Cuentas afea al Ejecutivo local que las intervenciones urbanas carecían de "inmediación en la respuesta a la situación causada en concreto por el Covid-19 que pueda justificar la utilización del procedimiento excepcional de emergencia". 

Por su parte, el espacio extra para los peatones y las bicis "persigue un cambio en las conductas de los ciudadanos cuya consecución no está demostrado que sea esperable en el corto plazo de la emergencia planteada por la pandemia". A su vez, la transición energética y el uso compartido de la movilidad privada "no guardan relación alguna con la protección de las personas", recuerda el ente. 

Una esquina de Barcelona con urbanismo táctico desplegado por el ayuntamiento / CG

Segundo traspié

El revés del Tribunal de Cuentas al urbanismo táctico es el segundo traspié del gobierno municipal de Barcelona con el fiscalizador. En paralelo a estas actuaciones, el organismo sigue investigación por un gasto de 875.293 euros que hizo el ayuntamiento para tratar de remunicipalizar el servicio de agua. 

El fiscalizador ha nombrado a un instructor, que ha rearmado las pesquisas por este dispendio, como explicó este medio. Cuando termine esta fase de instrucción, el Tribunal archivará el caso o propondrá a la Administración local la cuantía a devolver y a un responsable. 

Casos archivados

El gobierno local de BComú y PSC tropezó con el mismo ente en dos ocasiones, pero los procedimientos demostraron que no hubo mala praxis. En una de las patas paralelas a la investigación anterior, los instructores no apreciaron indicios de responsabilidad contable en subvenciones municipales a entidades afines. 

Antes, el mismo ente abrió otro procedimiento por el pago municipal de luz al antiguo casal okupado Transformadors, un inmueble allanado al que el ayuntamiento pagó la luz. Cuentas abrió el caso tras una denuncia del PP, como explicó este medio.