Borràs y los 200 contratos irregulares que Núria de Gispert blanquea

Así se expresa este órgano dedicado a preservar la transparencia y la integridad de las Administraciones y del personal al servicio del sector público de Cataluña en un informe titulado Riesgos para la integridad en la contratación pública, en el que alude a los casi 200 actos irregulares, fraudulentos y corruptos en la contratación pública detectados entre 2010 y 2019. Período que coincide con la etapa en la que Laura Borràs estuvo al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, en la II Cumbre contra la corrupción

Borràs, sucesora de De Gispert como presidenta del Parlament, es juzgada estos días por fraccionar contratos para beneficiar supuestamente a un amigo en un período que va de 2013 a 2017. En su declaración ante el tribunal, la política responsabilizó a su equipo de esa forma de adjudicar servicios. Una forma que, según De Gispert, que también presidió la Cámara catalana, era habitual en la Administración. Así lo dijo en una entrevista en la que intentó blanquear los hechos imputados a su colega independentista.

"Me consta que en aquella época todo el mundo fraccionaba contratos para no tener que sacarlos a concurso público. A veces tenía explicación y otras no, pero se hacía", aseguró la que fue consellera de Justicia y de Gobernación durante los mandatos de CiU el pasado lunes en el programa Cafè d'Idees de La 2.

Para la OAC, ese tipo de irregularidades están lejos de ser un simple error. En el citado informe, explica que “entre 2010 y 2019, un total de 177 actuaciones de investigación de la Oficina Antifraude revelaron actos irregulares, fraudulentos o corruptos en la contratación pública. Estas investigaciones supusieron el 40% de las 443 actuaciones de investigación llevadas a cabo en ese período. Asimismo, de las 20 actividades indagatorias y de colaboración técnica con el Poder Judicial y autoridades independientes de control llevadas a cabo en el mismo período, 15 estuvieron relacionadas con contratación pública”. En total, casi 200 contrataciones irregulares.

Riesgos detectados

Entre los riesgos detectados destaca la “preparación de contratos cuyo diseño limite indebidamente la concurrencia o la libre competencia, con el objetivo de favorecer o perjudicar a determinados operadores económicos (empresas, profesionales autónomos u organizaciones sin ánimo de lucro) a priori interesados en proveer lo contratado”.

Esto incluye “la posibilidad de que se fragmenten contratos que, por importe, deberían ser licitados abiertamente, para adjudicarlos directamente como contratos menores; que se introduzcan especificaciones técnicas, condiciones de ejecución, criterios de selección o de adjudicación que favorezcan o perjudiquen a determinados operadores; que faciliten comportamientos anticompetitivos entre los potenciales licitadores (pactos de precios, repartos de lotes, etcétera) o que faciliten que el contratista se convierta de hecho en 'poder adjudicador' a través de la subcontratación (obstaculizando el acceso de las pequeñas y medianas empresas)”.

La Oficina Antifraude, dirigida por el magistrado Miguel Ángel Gimeno y que depende del Parlament catalán, tiene como objetivo prioritario prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, o cualquier aprovechamiento ilícito derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de información derivada de las funciones propias del personal al servicio del sector público.