La Alta Inspección Educativa se niega a verificar el cumplimiento de la sentencia del 25%

La Alta Inspección Educativa ha respondido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, contrariamente a lo que le ordenó en el auto de ejecución forzosa de la sentencia del 25% en castellano, solo puede limitarse a pedir información sobre las medidas adoptadas a la Consejería de Educación, a la que entiende que corresponde aplicar la sentencia.

El pasado 9 de mayo, el TSJC dio 15 días al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, para adoptar las medidas necesarias para cumplir el 25% dictado en otra sentencia previa (del 16 de diciembre de 2020) y requirió a la Alta Inspección Educativa "a los efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado".

Apela a la jurisprudencia del TC

Ahora, la máxima responsable de la Alta Inspección Educativa en Cataluña, Josefa Beltrán Bertomeu, dependiente del Gobierno de España (aunque su titular actual ocupó varios cargos en la Consejería de Educación de la Generalitat durante el tripartito), ha comunicado al TSJC que solicitó a la Generalitat toda la documentación oportuna para informar al alto tribunal. Sin embargo, remarca que, "de conformidad con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional", las actividades de la Alta Inspección para tener conocimiento de la situación se ciñen "a la solicitud de información y documentación".

Beltrán cita como jurisprudencia doctrinas del Constitucional en el sentido de que "el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de dependencia jerárquica respecto de la Administración del Estado, pues tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía".

Reenvía al TSJC los documentos de la consejería

Por ello, la Alta Inspección Educativa del Estado se ha limitado a trasmitir los documentos que le envió el Departamento de Educación, y que son los mismos que la Generalitat entregó al TSJC, sobre la respuesta que prevé dar a la orden de ejecución de la sentencia.

"Los documentos antes señalados comprenden la totalidad de la información recibida [...] y constituyen, a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional, la fuente de información empleada para atender el requerimiento de ese tribunal", por lo que "se carecen de más elementos y materiales que pudieran permitir otro conocimiento de la situación y su comparación con la dispuesto en la sentencia" del 25 %, señala la Alta Inspección.

Una "tomadura de pelo"

El escrito de la Alta Inspección ha sido criticado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), la entidad que solicitó al TSJC la orden de ejecución forzosa del 25% de enseñanza en castellano. El jurista y miembro de esta organización, Rafael Arenas, la ha tildado de "tomadura de pelo", ya que la Inspección del Estado "sólo reproduce los documentos que ya conocíamos por parte de Educación".

Arenas ha señalado que el TSJC pedía a la Alta Inspección que verificara si se cumplían las exigencias sobre el uso del castellano como lengua vehicular --junto con el catalán-- y los derechos lingüísticos de los alumnos, y ha asegurado que su actuación "sigue en la línea del Gobierno, es decir, mirar hacia otro lado e incumplir la Constitución".