La cosa es más grave de lo que parece. La Alta Inspección Educativa en Cataluña --dependiente del Gobierno-- dice que no piensa hacer nada ante las denuncias de adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Pese al evidente sesgo nacionalista de los manuales que utilizan los niños, dice que eso no es asunto suyo y se lava las manos.

Dice la responsable del área de la Alta Inspección Educativa en Cataluña, Josefa Beltrán Bertomeu, que ni siquiera va a analizar, investigar, incoar expediente o trasladar el caso a instancias superiores. Y tiene la desfachatez de invitar a quienes se sientan perjudicados a acudir a la justicia.

Recuerden. Este contencioso, en concreto, lo promovió la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), liderada por la incombustible Ana Losada. Esta entidad trasladó a la Alta Inspección que un libro de texto de 2º de ESO trataba a los madrileños, extremeños y malagueños como “extranjeros”, y hablaba de “reyes” de Cataluña.

No es un caso aislado. Es una actuación sistemática. Una lluvia fina --o, más bien, un chorro de agua constante y sin contemplaciones-- para manipular día a día a los niños. Para modelar en su mente un imaginario en el que todo lo español les resulte ajeno, extraño, extranjero. Pruebas de esta hispanofobia, de esta incitación al odio, las hay en abundancia.

El propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán --un socialista de toda la vida, sin mácula de sospecha de animadversión hacia los nacionalistas--, no tuvo más remedio que admitir el año pasado que era un escándalo que las escuelas catalanas estuvieran inundadas de esteladas, símbolos, pancartas y propaganda independentista. Aunque se limitó a lanzar una tímida queja en defensa de la “neutralidad ideológica” de los centros y a rechazar los “actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”.

Por no hablar de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que aplica la Generalitat de forma ilegal. Los tribunales se han hartado de ordenar su supresión inmediata, pero solo se aplican las sentencias individuales, aquellas que pueden conllevar consecuencias administrativas o penales a los directores de los colegios (lo que, reconozcámoslo, no es poca cosa, sobre todo en comparación con el panorama estepario de hace unas décadas). Ahora la batalla está en los proyectos lingüísticos.

Lo más indignante de toda esta situación es la actitud del Gobierno. Siempre de perfil. Siempre intentando evitar que los nacionalistas se molesten. Siempre negando la evidencia. Siempre dejando en la estacada a los padres catalanes no nacionalistas. Siempre mirando hacia otro lado. Como el estruendoso, infame y vergonzoso silencio de la ministra de Educación, Pilar Alegría.

Cuando, dentro de una o dos generaciones, los nacionalistas “vuelvan a hacerlo” y alguien se pregunte cómo se les permitió llegar tan lejos de nuevo, acuérdense de Alegría y de Beltrán.