El Govern tampoco ejecuta sus inversiones

Cada sesión plenaria, una consigna. La de ayer, en el caso de los independentistas, fue reprochar una y otra vez la falta de ejecución de las inversiones del Gobierno español en Cataluña. Ocurrió en la sesión de control del Govern, donde el president, Pere Aragonès, así como sus socios, esgrimieron que la ejecución presupuestaria en la comunidad es muy inferior a la de otras autonomías. Por ejemplo, en materia de infraestructuras, apenas ha superado el 10% en la primera mitad de 2021.

Sin embargo, la Generalitat tampoco puede predicar con el ejemplo. Tal como ocurrió con el Pacto Nacional por la Industria 2017-2020, cuyo grado de cumplimiento no alcanzó el 50% en algunos sectores, el plan de choque en políticas de ejecución adolece de retrasos. Ambos proyectos dependen de la Consejería de Empresa que, en el caso de las citadas medidas contra el paro, no aclara el nivel de ejecución.

politica empleo

Se sabe, eso sí, porque el Govern lo ha convertido en uno de sus proyectos estrella de este mandato, que el plan de choque está integrado en el Plan de Desarrollo de Políticas de Ocupación 2021-2022 (PDPO), que pretende llegar a 496.802 personas y que cuenta con un presupuesto de 917 millones "que permitirán financiar todos los programas que incluyen actuaciones de orientación laboral, formación, ayudas a la contratación, acompañamiento a la inserción, desarrollo económico local, el impulso de la economía social y el cooperativismo, entre otros. Destaca la partida destinada al fomento del empleo (305 millones) así como todo el paquete de actuaciones en el ámbito de formación tanto para personas ocupadas como desocupadas (con un presupuesto de 202 millones). A estas partidas hay que añadir otros 519 millones que se distribuyen en ayudas a autónomos y trabajadores en ERTE. En total, 1.435 millones.

El origen de los fondos, el Estado y la UE

Se da la circunstancia de que el origen principal de esa inversión en empleo procede del Estado (Conferencia Sectorial de Educación y Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales) y de la Unión Europea (programa operativo del FSE de Cataluña 2014-2020, Programa Europeo de Ocupación Juvenil 2014-2020, Erasmus Plus, REACT_EU y los fondos Next Generation).

La Generalitat también aporta, pero en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PSC-Units Pol Gibert, el conseller Roger Torrent no aclara la cantidad, más allá de precisar que las partidas se crean y se identifican en el momento de publicar la convocatoria. De ahí que el diputado socialista tenga intención de presentar una batería de preguntas para averiguar qué volumen de recursos pone cada Administración y conocer el estado de ejecución. “El plan lo paga el Estado y es difícil que al acabar el año lleguen a ejecutar la mitad de la inversión”, augura Gibert.

Superávit del Govern según liquidación presupuestaria en septiembre de 2020

Pacto Nacional por la Industria

Hay precedentes. El pasado mayo, la consejería de Empresa --dirigida entonces por el neoconvergente Ramon Tremosa-- hizo un balance triunfal del cumplimiento presupuestario del Pacto Nacional por la Industria 2017-2020, un acuerdo caduco e incompleto, aunque en algunos sectores clave para los fondos europeos Next Generation como industria 4.0 y digitalización, no se alcanzó el 61% prometido.

El porcentaje de cumplimiento del presupuesto bajaba a un 46,7% en el ámbito de infraestructuras y energía. El actual consejero ha emprendido los trámites para impulsar un nuevo plan para el período 2022-2025 y ya ha mantenido los primeros encuentros con los agentes sociales. De nuevo, las buenas intenciones marcan el inicio del debate. Cuestión aparte es determinar prioridades y, lo más básico, consignar fondos para su ejecución.