Los agentes sociales exigen más presupuesto en el nuevo Pacto Nacional por la Industria
El Govern inicia una negociación contrarreloj para aprobar en diciembre una nueva agenda del sector que garantice su transformación tras la pandemia
10 septiembre, 2021 00:00Cuenta atrás hacia el nuevo Pacto Nacional por la Industria (PNI). El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, preside este viernes la primera reunión para abordar la política industrial de Cataluña entre 2022 y 2025. La anterior estrategia, caducada en 2020 y pendiente de renovación por culpa del Covid, concitó un gran consenso entre los principales sindicatos y patronales --CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC y FEPIME-- y fue apoyada por todas las formaciones con representación parlamentaria.
Pero los agentes sociales quieren ir más allá. Las peticiones del tejido económico pasan por incrementar la dotación presupuestaria, también mediante la reasignación de recursos, y retomar las reformas que se quedaron en el tintero. Sin olvidar la contrapartida social exigida por los sindicatos para ayudar al sector privado. La alianza deberá sellarse, además, en un tiempo récord: el Govern se ha dado de plazo hasta diciembre para cerrar la nueva agenda.
Foment mira a Euskadi
El secretario general adjunto de Foment del Treball, Salvador Guillermo, cita el mecanismo aprobado en julio por el gobierno vasco como un modelo acertado para mejorar el PNI. Euskadi ha destinado 4.000 millones de euros al Plan de Desarrollo Industrial e Internacionalización 2021-2024, con el objetivo de incrementar el PIB industrial de la región hasta el 40%. Esta cuantía duplica el montante de la anterior hoja de ruta catalana, que ascendió a 1.835 millones. Por ahora, la Generalitat no ha puesto sobre la mesa ninguna cantidad, ni ha precisado cómo destinará los fondos Next Generation para este propósito.
Por otro lado, cabe recordar que uno de los problemas del PNI 2017-2020 fue la falta de partidas adicionales que complementasen el acuerdo marco a lo largo de su ejecución. Tanto las partidas de las cuentas públicas destinadas al apoyo industrial, como otras inversiones extraordinarias --por ejemplo, las destinadas al sector de la automoción--, quedaron por debajo de lo esperado en las últimas legislaturas. El segmento del motor solo recibió, a modo de ejemplo, 2,9 millones en 2020, justo el mismo año en que Nissan anunció que abandonaba Cataluña.
Reasignación de recursos
Frente a estas magnitudes, otros interlocutores prefieren poner el acento en las medidas de coste cero. El responsable de política industrial de CCOO, Salvador Clarós, manifiesta que si la "voluntad transformadora" debe guiar el espíritu de las negociaciones, aspectos como la transformación de la Agencia de Residuos de Cataluña en una Agencia de Recursos deberían pasar a primer plano. Al igual que otras actuaciones con escaso coste como la ampliación de la banda ancha o la creación de un hub de impresión 3D.
"Cuando terminó el anterior PNI el Govern hizo una valoración muy positiva en base únicamente a la ejecución presupuestaria, que es cierto que fue superior al 90%. Pero hubo distintos apartados en que no se evaluó el efecto cualitativo de las medidas", señala. Clarós sostiene que el nuevo acuerdo programático debe destinar fondos más allá de las "políticas tradicionales" de competitividad y ocupación. Este capítulo recabó 738 millones, la mayor dotación de todos los epígrafes. Por contra, los fondos para industria 4.0 y digitalización sumaron 179 millones, y sostenibilidad y economía circular se quedó en 150 millones.
Tres transiciones
"Tenemos por delante un reto formado por tres transiciones. En primer lugar, el cambio de modelo productivo, de uno lineal y centrado en las manufacturas a otro circular y con apuesta por los servicios. Pero también el cambio del modelo energético en favor de las energías renovables y la digitalización", resume Clarós. Ámbitos como la automoción, la energía y la petroquímica se hallan al borde de profundos cambios estructurales que la Generalitat debe acompañar en el renovado documento. Tres metas que para el sindicalista deberían alargarse más allá de una legislatura y ocupar un periodo de una década. "Ahora mismo el Govern no lo tiene en la cabeza", apostilla.
El secretario de acción sindical de UGT-FICA, Bernardo Fuertes, añade aún otro desafío: "El PNI anterior no contempló la responsabilidad social de las empresas. Queremos que esta vez las ayudas, que son fundamentales para las empresas, vayan acompañadas de cobligación para la ciudadanía en aspectos como la inclusión, la formación o el mantenimiento del empleo".
Auditar el plan
Otro frente que preocupa a los sindicatos es la auditoría de la estrategia industrial. "El seguimiento deberá correr a cargo del Consejo Catalán de Empresa, que ha quedado desnortado por la pandemia", lamenta Fuertes. Durante la crisis sanitaria, la Generalitat activó la denominada Comisión para la Elaboración del Plan para la Reactivación Económica y Protección Social, más conocido por sus siglas CORECO.
El marcaje del desarrollo del documento será clave tanto para evitar cometer los mismos errores del pasado, como para reavivar un tejido industrial maltrecho. El presidente de la patronal metalúrgica, Jaume Roura, no esconde la gravedad de la situación: "Estamos mal parados. El metal, el sector más representativo del PIB catalán, ha salido muy perjudicado de una pandemia que todavía arrastramos". De ahí que el portavoz de UPM llame a no agravar todavía más la coyuntura con subidas impositivas que deberían conjurarse del PNI. "No hay que generar más impuestos como, de hecho, continua pasando y afecta a las industrias y el conjunto de la ciudadanía. ¿El último ejemplo? La aplicación del impuesto de emisiones de CO2, único en Cataluña y que no se encuentra en el resto del Estado".
Negociación contrarreloj
¿Se podrán cumplir todos estos objetivos en solo cuatro meses? Guillermo asegura que podrá lograrse si se aprovecha el conocimiento adquirido en la negociación previa: "El último acuerdo tardó unos seis meses en firmarse. En base a esta experiencia, y al reparto del trabajo en distintas mesas paralelas, creemos que se pueden acortar los plazos a unos tres meses para que el pacto empiece a ejecutarse en enero de 2022". Asimismo, la distención de la política catalana también favorecerá el diálogo entre los agentes sociales y la Administración, una vez que la realpolitik ha vuelto a ocupar un lugar central en la comunidad.
En 2020, la industria catalana generó 41.031 millones de euros, aproximadamente el 18,3% del PIB autonómico según datos del Idescat. Pese a que el sector sufrió un retroceso de nueve puntos debido al Covid, también es cierto que experimentó una contracción mucho menor que el comercio y la hostelería. Torrent asumirá el desafío de agavillar los apoyos necesarios para recauchutar el anterior Pacto Nacional por la Industria para impulsar un segmento esencial de la economía catalana.