Los ecologistas boicotean la presentación del 'decretazo' de renovables del Govern

La consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, no ha logrado convencer a los grupos más contrarios a las renovables en la puesta de largo de su hoja de ruta para la transición energética. Durante la presentación del nuevo decreto sobre renovables del Govern, una nutrida delegación de organizaciones ecologistas y rurales llegadas desde distintos puntos de la comunidad se han manifestado a las puertas del auditorio donde se desarrollaba la conferencia.

Incluso durante el transcurso de los parlamentos, dos espontáneos se han levantado y han mostrado pancartas contrarias a la creación de parques fotovoltaicos y eólicos. Críticas que se suman a la incertidumbre sembrada por el Ejecutivo catalán entre los promotores privados, que ven con malos ojos el decretazo del Govern que se aprobará la próxima semana.

Guiños al mundo rural

Pese a ello, la consellera ha defendido el espíritu de la reforma del Decreto 16/2019 arropada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Jordà ha cargado contra la supuesta "burbuja especulativa" de las energías renovables en manos de grandes operadores, para proponer un modelo alternativo que ceda mayor poder al mundo rural y limite las macroinstalaciones.

Además, ha anunciado la creación de una eléctrica pública para suministrar electricidad a las infraestructuras civiles y hacerse con el control de las centrales hidroeléctricas una vez caduquen sus adjudicaciones. En palabras de Jordà, el nuevo marco legislativo debe favorecer una aproximación "distribuida, descentralizada, democrática y cohesionada territorialmente".

Protesta en el Auditori Imagina de Barcelona / CG

Más obligaciones...

La consellera ha detallado algunas de las novedades de una propuesta llena de guiños a los colectivos más reacios. Entre estas, una serie de medidas para privilegiar las instalaciones más pequeñas --inferiores a cinco megavatios-- o de autoconsumo y establecer un marco de cogobernanza con los ayuntamientos.

No solo eso, sino que se fijarán dos requisitos adicionales a los impulsores: acordar el 50% de la superficie ocupada con los entes locales y a introducir una oferta de participación mínima del 20% con la población. Estos puntos son indispensables para que cualquier proyecto reciba luz verde.

...  y más papeleo

Por otro lado, el Govern creará en los próximos seis meses una red comarcal de técnicos que determinará los emplazamientos clave donde ubicar plantas renovables.

Esta estructura faciilitará, a su vez, la creación de un plan territorial sectorial de energías renovables que se aprobará durante el segundo semestre de 2023. Guiños a las zonas despobladas de Cataluña, así como a determinados colectivos como los propietarios agrícolas, que se han manifestado en contra de la implantación de estas fuentes de energía.

Organizaciones ecologistas, a las puertas del Auditori Imagina de Barcelona / CG

¿Objetivos realistas?

Todas estas actuaciones podrían complicar aún más los trámites administrativos para conectar nuevos megavatios sostenibles. Jordà ha intentado deshacerse de estas críticas asegurando que los compromisos del Govern se mantienen firmes. En 2030, la Generalitat prevé haber reducido un 50% las emisiones de efecto invernadero. Para 2050, la descarbonización debe ser total.

Sin embargo, estos retos contrastan con las propias magnitudes ofrecidas por la consejera. Actualmente, Cataluña produce anualmente 12 gigavatios de electricidad, de los cuales solo 3,5 proceden de energías renovables. Una cantidad ínfima que, además, sitúa a la comunidad a la cola del ranking autonómico. El entorpecimiento de la instalación de grandes proyectos, sumado a las diligencias adicionales para congraciarse con los actores más reacios, corre el riesgo de obstaculizar el horizonte de emisión cero proyectado por el departamento dirigido por Jordà.