Un nuevo decreto amenaza a Cataluña con ampliar los ocho años sin nuevas renovables

Una situación que está siendo denunciada por las principales asociaciones del sector de renovables, entre las que se encuentra la patronal de la energía fotovoltaica Unef. Su delegado en Cataluña, Daniel Pérez, asegura a Crónica Global que la situación es crítica y amenaza con hacer saltar por los aires no ya el cumplimiento de los compromisos aprobados en el Parlament, que se dan por perdidos, sino también los del conjunto de España.

Fracaso de la Ponencia

“En los últimos dos años, sólo hay seis proyectos medianamente avanzados de los aproximadamente 600 que se presentaron. Este 1% representa una potencia instalada de 35 megavatios, el 0,35% del objetivo aprobado por el Parlament para 2030”, apunta Pérez, que además recuerda que tal meta de alcanzar los 10 gigawatios instalados al final de la década ya supone un cierto desfase con los planes de la Unión Europea, que fueron recientemente revisados al alza.

El sector lamenta el fracaso que ha supuesto la implantación de la llamada Ponencia de Energías Renovables, el órgano colegiado entre diversos departamentos de la Generalitat para definir la estrategia en el ámbito de la energía ‘verde’. Creado por el decreto-ley 16/2019 sobre medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, el organismo se ha convertido en un hervidero de discrepancias entre las diferentes áreas y en un pozo de frustraciones para muchos de los promotores de instalaciones, cuyas consultas para recuperar los avales depositados en su día se han multiplicado en los últimos meses.

El eterno bloqueo de Agricultura

“Uno de los principales problemas con los que nos encontramos es que la Ponencia debe establecer, en teoría, una serie de criterios para dar el visto bueno a las nuevas instalaciones; pero en la práctica son requisitos: o se cumplen o los proyectos se paralizan”, explica Pérez.

El referido decreto-ley determinó que las decisiones de la Ponencia se adoptaran por unanimidad, un factor que es aprovechado permanentemente por la consellería de Agricultura, que ejerce de oposición a la mayoría de los proyectos, para tumbarlos.

Entidades lamentan falta de diálogo social en la regulación de renovables en Cataluña / EP

Requisitos en vez de criterios 

“El problema que puede surgir ahora es que el nuevo decreto establece ya formalmente como requisitos, y no como criterios, las condiciones para las nuevas instalaciones. Y, además, con carácter retroactivo, lo que afectaría a los cerca de 600 proyectos que aún están por arrancar o en fase muy incipiente”.

El veto del área de Agricultura, que se está llevando por delante los proyectos, se basa en que las plantas eólicas y fotovoltaicas están planeadas sobre terrenos de alto valor. Sin embargo, se da la circunstancia de que en Cataluña se han perdido unas 100.000 hectáreas de este suelo en las dos décadas que van de siglo. Y, desde luego, no ha sido precisamente por el desarrollo de las renovables.

Pacto con Unió de Pagesos

“La industria precisaría de unas 10.000 hectáreas, apenas el 10% de lo que se ha perdido; con eso sería suficiente” apunta el delegado de Unef en Cataluña que, además, incide en la paradoja de que el sector ha llegado a un acuerdo con el colectivo de agricultores, bajo la representación del sindicato mayoritario Unió de Pagesos, para presentar una propuesta normativa a la consellería.

“Todas las partes acordamos ceder en algunas cuestiones, como en cualquier negociación. Pero la única que parece no estar dispuesta es la Generalitat”.

El autoconsumo sí funciona

Tampoco existe una batalla entre las diferentes tecnologías renovables “porque ya tenemos consensuado lo que nos toca a cada uno; de los 10.000 MW previstos, el 60% son solares y el 40% eólicos. Ahora el Govern pide que en los procesos también cuente la participación ciudadana y estamos dispuestos a ceder aunque no sea una situación ideal porque no deja de ser otro trámite que retrasa los proyectos. Pero el problema sigue siendo la limitación de terrenos”, apunta Unef.

La prueba es que en el ámbito del autoconsumo se da la situación opuesta, ya que Cataluña se encuentra en una posición puntera, con más de 10.000 instalaciones. En la mayoría de los casos, las placas solares ocupan azoteas o se sitúan en zonas que no afectan a un suelo cultivable, con lo que cuenta con vía libre por parte de la administración.

Negociación política

Por si no fuera suficiente con este escenario, el proceso electoral vivido a comienzos de año ha provocado una nueva parálisis en los procesos de tramitación, toda vez que desde entonces no se ha producido una nueva reunión de la Ponencia.

No obstante, Unef se agarra al optimismo dado que aun queda tiempo para que la situación pueda revertirse. El nuevo decreto deberá ser convalidado en el Parlament y las negociaciones entre los grupos aún están abiertas. En la medida en que puedan introducirse modificaciones para agilizar los trámites y que se retorne a un sistema basado en criterios y no en requisitos, la situación podría mejorar sustancialmente.

Plazos en peligro

Por ahora, los últimos megawatios verdes que se conectaron al sistema datan de 2014, de instalaciones que aún provienen de aquella primera época en que disfrutaban de las célebres primas a las renovables. Para que el escenario cambie, no hay tiempo que perder. El próximo mes de julio finaliza el plazo para conectar los megawatios que ahora están en tramitación; si no se cumplen los plazos, se pierden los puntos de conexión, por los que hace tiempo que hay una batalla sin cuartel en el sector debido a la entrada masiva de fondos de inversión que han encontrado un filón en este negocio.

Mientras, algunos promotores ya miran hacia otros destinos para sus inversiones, como es el caso de la vecina Aragón, cuyo desarrollo en el ámbito de las renovables es notable. “Mientras en otras comunidades autónomas los gobiernos regionales cumplen un mero papel de árbitro, en el caso de la Generalitat no es así sino que toma partido. Esa es la diferencia”, concluye Pérez.