El recurso contra el decreto que aplaza las elecciones, arma de doble filo para el PSC

El debate social, económico y político ha sido tan intenso tras el aplazamiento de las elecciones catalanas, como la presión ejercida sobre el PSC para que presente un recurso contra el decreto que deja en suspenso la convocatoria del 14F. Los socialistas, conscientes de que Cataluña está abocada a un abismo de inestabilidad prolongada en el tiempo debido a la nueva fecha elegida --el 30 de mayo--, son conscientes de la necesidad de impugnar la resolución del Govern. Pero también de que esa medida supone un arma de doble filo.

Que los jueces decidan la fecha de los comicios supone para los independentistas un excelente argumento para denunciar un “155 electoral” y dar legitimidad al carácter de plebiscito que, de nuevo, quieren dar a la convocatoria electoral.

Reunión en Foment

Por ello, algunos sectores del PSC se encomiendan a que sean otros los que emprendan la vía judicial. De hecho, cualquier particular con derecho a voto podría presentar un recurso contencioso contra la suspensión del 14F. Precisamente hoy, la patronal Foment del Treball, como avanzó Crónica Global, ha convocado una reunión extraordinaria para decidir qué medidas adoptar ante un aplazamiento que su presidente, Josep Sánchez Llibre, calificó ayer de "injustificado, arbitrario y erróneo". El recurso está sobre la mesa y el apoyo de Pimec, también. Federalistes d'Esquerres, que dan apoyo a las candidatura socialista, también desvelará hoy si emprende acciones legales.

Las razones sociales y económicas que alega el PSC para rechazar el retraso de las elecciones durante tres meses se mezclan con las motivaciones políticas que le atribuyen el resto de formaciones. Es cierto que los socialistas, con Salvador Illa como candidato, se han disparado en las encuestas, de ahí que Ciudadanos, CUP y los Comunes, que salen menos airosos en los sondeos, avalen los motivos sanitarios alegados por el Govern.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, y su presidente en funciones, Pere Aragonès / JORDI BEDMAR

Pero también es incuestionable que el decreto abre la vía de un nuevo aplazamiento y, en cualquier caso, sin mayoría absoluta, el proceso de formación de gobierno se puede alargar como mínimo hasta el verano. Un período en el que el Ejecutivo en funciones, cuyos socios se disputan el voto independentista --la descoordinación entre JxCat y ERC en la gestión de la pandemia ha sido notoria--, deberá pilotar algo tan importante como los fondos europeos de reconstrucción.

Unas ayudas históricas que requieren liderazgo, tanto en la interlocución con el sector privado, motor de muchos proyectos destinados a superar la crisis sanitaria y económica, como en la colaboración entre administraciones central, autonómica y municipal.

Sin control parlamentario

Pero ni el Govern garantiza esa cohesión, ni el Parlament puede ejercer su derecho a controlar esa acción de gobierno, más allá de las reuniones de la Diputación Permanente, órgano con competencias reducidas que se reúne tras la disolución de las cámaras. En un intento de demostrar transparencia y acallar las críticas a esa interinidad, tanto el presidente en funciones Pere Aragonès como el presidente del Parlament, Roger Torrent, ambos de ERC, apelaron a ese órgano. No sin antes, en el caso de Torrent, pedir a los socialistas que no recurran el aplazamiento.

"El PSC insiste en movilizar 5,5 millones de catalanes el 14 de febrero con todos los riesgos que eso conlleva. Esperaría que el ministro de Sanidad tuviera un posicionamiento que tuviera más en cuenta criterios epidemiológicos que electoralistas", dijo.

Nueva intervención del Estado

Que Illa sea candidato y, al mismo tiempo, ministro de Sanidad, es una de las críticas hasta ahora vertidas por todos los partidos, sin excepción. Pero los independentistas, y los socialistas son muy conscientes, se guardan un as en la manga: la de agitar a su electorado con un nuevo “155 electoral” si, finalmente, son los jueces los que determinan la fecha en que se deben celebrar los comicios. Dicho de otra manera, azuzar el fantasma de una intervención del Estado "opresor", como el que se llevó a cabo tras la declaración unilateral de independencia.

Tampoco será fácil para la jurisdicción contenciosa pronunciarse al respecto, dado que la situación en la que se encuentra Cataluña desde la inhabilitación de Quim Torra, ni tiene precedentes ni amparo legal. Aragonès no tiene competencias para convocar elecciones, como tampoco las tenía para disolver el Parlament. Se hizo de forma automática, esto es, ante la renuncia de los partidos a presentar un candidato a la investidura, pues todos asumieron la necesidad de pasar página, celebrar elecciones y formar un nuevo gobierno.

Pero, tal como aseguran los expertos consultados por este medio, hay motivos jurídicos para presentar ese recurso contra un decreto que vulnera el principio de legalidad, genera inseguridad jurídica y no justifica la restricción del derecho a votar.