El Gobierno rehabilita su sede más emblemática para intensificar su presencia en Cataluña

mapa aduanas

El edificio está situado en el número 27 del paseo de Josep Carner, junto al Pla de Palau, una zona céntrica situada a pocos metros del mar y de la estación de Francia, que ocupa una superficie construida de 12.839 metros cuadrados. Se trata de un palacio neoclásico erigido en 1790 que albergó la Aduana y, durante más de 150 años, la sede del Gobierno Civil. Desde la restauración de la democracia acogió las dependencias de la Delegación del Gobierno, pero el deterioro de su estructura obligó a suspender su actividad en 2008 y trasladar las dependencias de la administración central al Palacio Montaner, situado en la confluencia de las calles Mallorca y Roger de Llúria de Barcelona.

Digitalización 3D del edificio de Aduanas de puerto Barcelona (1896 - 1902) / SCANPHASE 3D

Los recortes de Rajoy

En noviembre de 2015, el consejo de ministros autorizó a la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a comenzar las obras de rehabilitación de la fachada con un coste de cinco millones de euros. Al año siguiente, el Gobierno aprobó una inversión de 12,3 millones con la finalidad de dotar a la Delegación de una infraestructura adecuada a su “relevancia administrativa”.

Sin embargo, los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy paralizaron los trabajos de rehabilitación de este magnífico edificio protegido, considerado bien cultural de interés local, que durante la Generalitat republicana alojó las dependencias del Departamento de Gobernación.

El presupuesto

Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto reemprender las obras con la finalidad, según aseguran fuentes gubernamentales, de visualizar la presencia del Gobierno en Cataluña. El inmueble que ahora ocupan en la calle Mallorca, aún siendo señorial, carece de la pátina histórica de la Antigua Aduana de Barcelona y del espacio abierto en el que está situado.

Así, los presupuestos generales del Estado para 2021 contempla una inversión de 5,9 millones de euros en la rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana, cifra que se abonará en tres ejercicios, 2021 (2,2 millones), 2022 (2,4 millones) y 2023 (532.000 euros).

inventario anc

Se da la circunstancia de que la sede de la Delegación del Gobierno es uno de los 621 edificios del Estado que el independentismo más radical proponía incautar, una vez declarada la independencia de Cataluña. La sectorial de Arquitectura, Edificación y Territorio para la Independencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) hizo un inventario sobre el patrimonio susceptible de ser expropiado. Basaba esas pretensiones en la Convención de Viena sobre la Sucesión de los Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas del Estado, aprobada por las Naciones Unidas el 7 de abril de 1983, que fue utilizada en los procesos de independencia de Chequia, Eslovaquia, Croacia y Macedonia.

Los inmuebles señalados incluían cuarteles de la Guardia Civil, edificios de aduanas, el aeropuerto, instalaciones militares, sedes de Correos, estaciones de tren o comisarías de la Policía Nacional.

El inventario de la ANC, que fue creciendo con el paso de los años era especialmente exhaustivo en cuanto a detalles, historia y datos urbanísticos de los inmuebles. Junto al edificio objeto de incautación, se adjuntaba el uso alternativo. En el caso de la sede de la Delegación del Gobierno, proponía albergar el Museo Hermitage Barcelona, un proyecto que ha intentado pilotar, hasta ahora sin éxito, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El libro blanco de Artur Mas

Sin embargo, no solo la ANC abogaba por esas incautaciones. El Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, una especie de arquitectura jurídica encargada por el Gobierno de Artur Mas. “El reparto de los bienes y derechos del Estado es otro de los procesos fundamentales que hay que abordar cuando se pone en marcha la distribución de activos y pasivos entre dos Estados. Es un proceso muy sensible y, a la vez, muy visible porque afecta, por ejemplo, a inmuebles públicos o servicios muy utilizados por la ciudadanía”, indicaba los asesores de la transición hacia el Estado propio.

Asimismo, la hoja de ruta que Junts pel Sí --coalición electoral formada por CDC y ERC en 2015-- presentó a la CUP incluía el reparto de activos y pasivos, así como la elaboración de un inventario con valor patrimonial de los bienes y los criterios de negociación con el Estado. “Habría que negociar todos los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña, (por ejemplo, infraestructuras como carreteras, puertos y aeropuertos, inmuebles, etc.), así como los bienes que España tiene en el extranjero y que son compartidos, y los bienes económicos y financieros, que incluyen los activos (fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc.) y los pasivos (deudas de Cataluña avalados por España y deudas de España que podrían corresponder a Cataluña), entre otros”, contempaba la propuesta de acuerdo hacia la independencia de Junts pel Sí.