El TSJC desestima el recurso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa del 1-O

El recurso de Josep Maria Jové, el ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y de Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, para librarse del juicio por su presunta implicación en la organización del 1-O no ha prosperado.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado la petición de los otrora altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, por lo que siguen siendo acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

Nuevo revés para Jové y Salvadó

La sala civil y penal del tribunal catalán da, con esta resolución, un segundo portazo a las aspiraciones de Jové y Salvadó para eludir su paso ante los jueces.

Después de que la juez instructora de la causa del referéndum ilegal abierta en Barcelona comunicara su procesamiento como sospechosos, las defensas presentaron unos recursos de forma que fueron rechazados. Ello provocó un nuevo recurso --esta vez, de apelación-- que es el que ha sido desestimado por el TSJC ahora.

Podrían autorizarse salidas del país

El auto publicado por el TSJC respalda todas las decisiones de la juez de instrucción, por lo que Jové y Salvadó deben seguir personándose en las instancias judiciales una vez al mes y no pueden abandonar España.

Matiza, sin embargo, que si se diera el caso de que tuvieran que hacer "un necesario desplazamiento al extranjero", este podría llevarse a cabo siempre que fuera autorizado por la magistrada.

Fianza pagada por los 'indepes'

La magistrada que llevó a cabo la instrucción retiró el pasaporte a ambos ex altos cargos de Puigdemont al confirmarse la causa contra ellos. Además, se les impuso una fianza de responsabilidad civil que debían abonar antes del 25 de junio. El dinero fue ingresado con ayuda de las bases independentistas. 

La fianza se estipuló en 1,6 millones de euros. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) comenzó una campaña a la que apelaba a los secesionistas a donar dinero a la denominada "caja de solidaridad" para hacer frente a este pago. Comenzó a finales de mayo, en plena pandemia, y volvió a insistirse en ella semanas antes de que terminara el plazo de ingreso de la fianza.