Colau tapa otra pifia en vivienda social con la multa a Idealista

Ada Colau está tapando otra pifia en vivienda social con una multa de 90.000 euros por presunta discriminación a Idealista. La alcaldesa de Barcelona, muy activa contra la puntocom, no ha dicho nada de la metedura de pata del Ayuntamiento de Barcelona con la promoción de 152 pisos públicos en los Cuarteles de Sant Andreu. Una denuncia de la constructora Sorigué ha aflorado "irregularidades" en la licitación. Quizá por ello, el proceso de construcción se ha vuelto a retrasar, ante la furia de los vecinos. No estará terminado en 2022, tal y como prometió BComú, partido de la primera edil.

Una resolución de finales de mayo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) revela el resbalón del Ayuntamiento. ACSA-Sorigué acudió al fiscalizador de los contratos públicos al entender que tenía derechos adquiridos en la zona por una licitación de 2008 que no se ejecutó. El Tribunal lo descartó, pero afeó al Ayuntamiento de Barcelona que le pudieran las prisas: abrió la nueva licitación de la promoción sin tener la tramitación urbanística finalizada. La impaciencia de Colau y su equipo pusieron en riesgo la "seguridad jurídica", según el mismo ente. El TCCSP no anula el concurso público, pero obliga a modificarlo.

"Todo parado"

Preguntada por la cuestión, Sorigué no ha contestado a los requerimientos de este medio. Sí lo ha hecho Santi Serra, presidente de la Asociación de Vecinos (AV) de Sant Andreu del Palomar. "Sí, la licitación está parada. Es un escándalo porque acumula ya incontables retrasos", ha lamentado en conversación con este medio. "Están detenidos los 152 pisos sociales y el espacio para jóvenes Jaume Oller, amén de una residencia pública para mayores. Nos vamos de nuevo a un horizonte de licitación de otros seis meses. El Ayuntamiento culpa al Covid-19", ha lamentado el activista.

En efecto, la pandemia ha parado los trámites durante dos meses y medio, pero es que antes de la crisis sanitaria, la concejalía de Vivienda, en manos de Lucia Martín (Barcelona en Comú) ya había metido la pata abriendo una licitación antes de tiempo, tal y como constata el Tribunal de Contratos Públicos. Nada dijo de ello Martín en diciembre de 2019, cuando presentó la promoción de vivienda pública por tercera vez, tal y como recordó este medio. La pifia administrativa y el Covid han rematado el calendario de la obra. "No estará terminado para 2022, como prometieron los políticos", ha constatado Serra. Las 152 viviendas protegidas se sumarán a otros proyectos inacabados en el barrio, como la segunda fase de la calle Gran de Sant Andreu o la Rambla de Fabra i Puig.

Ensañamiento con Idealista

El patinazo del segundo mayor consistorio de España con la vivienda social no es nuevo. Se suma al fracaso de Ada Colau en este campo en su primer mandato (2015-2019): entregó a final de legislatura 800 pisos de alquiler asequible de los 8.000 que prometió durante la campaña electoral: 4.000 de nueva construcción y la misma cantidad procedentes del parque vacío. Sí que firmó Colau la entrega de los polémicos pisos-contenedor en el Raval, cápsulas de apenas 30 metros cuadrados que han generado críticas de expertos en pobreza infantil. Recientemente, y tal como avanzó Metrópoli Abierta, el Ayuntamiento licitará la segunda promoción de viviendas en módulos. Todo ello en un contexto de alquileres al alza y rápido aumento del precio de la vivienda de compra en la ciudad.

Pese a su propio pinchazo en frenar la escalada de precios de la vivienda y la expulsión de vecinos de Barcelona, el Ayuntamiento ha buscado enemigos externos. Ha encontrado a uno de ellos en Idealista, intermediario tecnológico al que ha sancionado con 90.000 euros por, según el Ejecutivo local, "discriminar" con un anuncio de un piso de alquiler en Poble Sec. La plataforma ha denunciado persecución municipal y ha recordado que no fue informada del expediente sancionador, que recurrirá por la vía contenciosa. Asimismo, el portal líder en España para comprar, alquilar o compartir vivendas ha alertado de que la la sanción se basa en el supuesto de que Idealista es una agencia inmobiliaria, cuando es una empresa tecnológica.