Pánico inversor ante el decreto de vivienda social de la Generalitat

Pánico de los inversores ante el nuevo decreto de medidas urgentes de acceso a la vivienda. Los intermediarios advierten de que el texto aprobado por la Generalitat de Cataluña es "una barbaridad" y prevén dos efectos inmediatos: un frenazo de las nuevas promociones y una retracción de la oferta de alquiler por parte de grandes tenedores "por miedo".

Así lo expresaron al menos dos intermediarios un día después de que el consejero de Territorio y Sostenibilidad presentara la segunda normativa de este tipo en un año. Si en mayo el Govern intentó limitar del precio de los alquileres, ahora impone una tasa de hasta el 50% de vivienda social a nuevas promociones; fuerza arrendamientos sociales para familias vulnerables; ofertas obligatorias de alquiler social por parte de grandes tenedores al final del contrato; la expropiación de los bloques inacabados o que la vivienda de protección oficial (VPO) sea para toda la vida. ¿Qué ven mal en ello los inversores? "Castiga al privado, que es quien agrega oferta al mercado", advierten.

"No promoverá nadie"

"Tal y como está planteado el decreto, no promoverá nadie. Porque no verán rentabilidad en edificar un bloque y destinar el 40% de las unidades a pisos sociales, hasta el 50% si el suelo es urbanizable. Además de ello, regulariza las ocupaciones de viviendas que ya están en marcha, obligando a ofrecer un alquiler asequible a los ocupantes", han recordado. Las mismas fuentes han subrayado el ajuste a la baja de la construcción en Barcelona por una medida similar: el peaje del 30% de reserva social que planteó el ayuntamiento en junio de 2018 y entró en vigor en diciembre. A este respecto, recuerdan que el sector en la Ciudad Condal ha caído un 10%, hasta los los 258 proyectos este año, por una expectativa de ajuste aún mayor en 2020, según el informe Barcelona desde el cielo, publicado en noviembre por CBRE [consultar aquí].

Hay más. Según los expertos, el Govern se ha sumado al "populismo" de castigar a los grandes tenedores de vivienda, como las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), "cuando son estos vehículos los que más están dinamizando el mercado de la vivienda con nuevas promociones". A este respecto, los directivos consultados, que han preferido hablar desde la discreción, han recordado que "estas empresas y los grandes tenedores ya pagan impuestos", por lo que "no se debería esperar que sustituyan la labor de las administraciones en materia de vivienda pública". "El Govern se sacude la responsabilidad en este campo", han apostillado.

"No se alquilará"

Hay otras dos posibles consecuencias, según el sector. Una, un incremento de la "inseguridad jurídica", tal y como ocurrió con la tasa del 30% de vivienda social a nuevas promociones que aprobó el anterior gobierno de Ada Colau en Barcelona en 2018. La segunda, una retracción de la oferta. ¿Cómo es ello posible, si el decreto abre la puerta a expropiar y a colocar en el mercado, y a aumentar los alquileres sociales? "Porque si tienes una cartera de más de 15 viviendas no alquilarás. Preferirás hacer otro uso de tu portafolio que poner las unidades en el mercado del alquiler por miedo a que queden englobadas en las casuísticas del decreto, se hunda el precio de la renta y, con ello, el retorno esperado", han argumentado.

Algunos de estos elementos ya los señaló la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) el lunes, tras conocerse el nuevo decreto aprobado por el Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán. La organización empresarial subrayó la "imposibilidad" de cumplir con los umbrales de vivienda social en nuevas promociones y, a resultas de ello, vaticinó una caída en la "producción de vivienda". En efecto, no solo los datos de CBRE muestran que la intervención similar de Colau en el mercado inmobiliario en 2018 ha cortocuircuitado el sector. El número de visados de obras se desplomó coincidiendo con la entrada en vigor del 30% para nuevos pisos y grandes reformas, frente a un crecimiento del 15% en el resto de la autonomía. En el primer semestre de 2019, la superficie se ha vuelto a hundir, esta vez un 46%, tal y como avanzó El Periódico.