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Seguridad jurídica

Cristina Farrés
4 min

El espaldarazo del Tribunal Supremo al proceso que siguió en 2012 el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para dar forma a una sociedad de economía mixta que gestiona el agua de 22 municipios es, en verdad, una resolución a favor de la seguridad jurídica. Este es el mensaje que también se manda con la resolución judicial publicada, algo que no va nada mal para Barcelona en los tiempos que corremos.

Sin entrar a valorar los efectos de cuestiones como el bloqueo de las infraestructuras de las últimas semanas, de los que se ha escrito en profundidad, se debe abordar la cuestión desde el ámbito de las concesiones públicas. Aquí, Cataluña no mantiene una posición envidiable. Los últimos años han sido los de un corolario de fallos en licitaciones millonarias del tamaño del servicio de oxigenoterapia (ahora parado), las ambulancias (anulado), el servicio de la luz en Barcelona (otro fracaso de Colau) o, en el mismo sector, el de Aigües Ter Llobregat que ahora es de nuevo una empresa pública, entre otros. 

Los fallos se han dado en todos los ámbitos de la Administración Pública. Desde la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona. Pero el nacionalista Xavier Trias y el socialista Antonio Balmón no fallaron con el proceso elegido para dar forma a una empresa de economía mixta a finales de 2012, que se encargaría de la gestión integral del ciclo del agua en la capital catalana y su ámbito de influencia. Y, cuando esto ocurre, es de recibo reconocerlo.

Del mismo modo que se debe reconocer que no es precisamente una victoria de lo público. El AMB decidió tirar la toalla hace tres años y no presentar un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que anulaba el proceso político. Valoración que, según la instancia superior, era errónea a todas luces. Pero por oportunismo del grupo que estaba en ese momento en la presidencia de la institución supramunicipal, los Comunes de Ada Colau, ya se aceptó.

Pesó más el dogmatismo de una formación con unas tesis preconcebidas, de que lo público siempre será mejor que la colaboración con el privado, que la defensa de la institución. Y esto, no se debe olvidar. Que las empresas que iniciaran el litigio --Aigües de València, Aqualia y Acciona-- hace siete años para intentar pescar la concesión hasta 2047 es esperado. Que la Administración licitante diera un paso al lado y esperase que el Supremo se limitara a confirmar el TSJC, algo que no ha ocurrido, no.

La resolución firmada por José Manuel Sieira y el resto de magistrados de la sala es una victoria de la AMB y de sus procesos de concurrencia pública a pesar de que su presidenta, la alcaldesa Colau, se haya mostrado derrotada y contrariada en su primera reacción al respecto. Aquí, el verdadero ganador es Agbar. Ha sido el único que ha clamado por la seguridad jurídica.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
Cristina Farrés

Periodista especializada en el área de economía y coordinadora de la sección de empresas.