Los chanchullos con la grúa municipal pueden acabar siendo un torpedo en el buque de Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona. La alto cargo vio ayer como los Mossos d'Esquadra se presentaban en el Ayuntamiento de Sant Cugat, corporación que ella presidió entre 2010 y 2018 al frente de CiU, uno de los partidos antecesores del PDeCAT, para recoger pruebas. La policía catalana actuaba tras oficio de Fiscalía y sus pesquisas se centraban en presuntas irregularidades en una cuestión: los amaños con el servicio de grúa.
Sant Cugat, con Mercè Conesa al frente, tuvo a la grúa municipal trabajando con una contrata de 2014 renovada por la vía de los hechos / CG
Así lo han explicado fuentes judiciales, que subrayaron que los agentes actuantes operaban por orden del ministerio público que, a su vez, inició diligencias penales contra la gestión del equipo de gobierno de Conesa y Carmela Fortuny, su sustituta. Fiscalía actúa tras la doble entrega de documentación que hicieron el nuevo gobierno tripartito de Sant Cugat, formado por ERC, CUP y PSC; amén de Ciudadanos, y que atañe a facturas irregulares por valor de 1,4 millones en 2018, la primera denuncia, y hasta de 7 millones, la segunda. Según la documentación a la que ha podido acceder este medio, dos de las facturas anómalas, por valor de 22.445,50 euros, corresponden a pagos por retirada de vehículos de la vía pública.
Los Mossos investigan la gestión convergente en Sant Cugat
La grúa persigue a Mercè Conesa
Lo cierto es que hay más, mucho más que apenas 22.000 euros de 2018. El equipo de gobierno de Conesa tuvo a la grúa municipal trabajando con una prórroga contractual por la vía de los hechos desde el 26 de mayo de 2014, cuando confió en Grúas Pablo SL. Si bien la licitación era para un año ampliable a dos, el Ejecutivo local de Sant Cugat fue incapaz de renovar la concesión o de completar una nueva cuando ésta terminó. En efecto, el gobierno municipal neoconvergente pergeñó un nuevo concurso en 2016 [consultar aquí], pero la adjudicación quedó desierta por exclusión de la única empresa que se presentó: la que entonces era la adjudicataria, Grúas Pablo.
El contrato público de grúa que Sant Cugat, con Mercè Conesa como alcaldesa, fue incapaz de prorrogar o renovar / CG
La empresa con sede en Castelldefels trató de retener la concesión pública, pero fue excluida por deficiencias en su propuesta técnica. Recurrió al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), pero el fiscalizador del mercado dio la razón al Ayuntamiento: Grúas Pablo había presentado mal su dosier. Es en este momento que llega la decisión que investiga la justicia: Sant Cugat prorrogó el servicio de grúa mediante pagos menores sin concurso público. Lo hizo mediante el abono de facturas que ahora obran en poder de Fiscalía. El equipo de Conesa justificó que buscaba "automatizar" la retirada de vehículos de la vía pública y que ello, al ser un proceso complejo, requería de tiempo. Lo cierto es que su decisión de continuar adjudicando sin publicidad ni concurrencia pudo ser contraria a ley, al tener a una mercantil operando una contrata pública sin opciones para la competencia, sostienen las fuentes consultadas. Fiscalía deberá demostrarlo, si puede, y la justicia decidirá.
El tripartito y Ciudadanos denuncian
Lo cierto es que Conesa dejó en 2018 el Ayuntamiento de Sant Cugat tras 20 años de carrera política municipal. Saltó al Puerto de Barcelona, donde ha firmado una discreta gestión marcada por los enfrentamientos con Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, que aboga por recortar el tráfico de cruceros en la principal dársena de ocio del Europa y la séptima del mundo. También desde la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) ha visto Conesa como Colau le frenaba el proyecto privado de elevar una subsede el Museo Hermitage en la zona de la Nova Bocana, por donde se está ampliando el Puerto. Antes de recalar en la APB, Conesa había delegado en Carmela Fortuny, quien pasó apenas un año al frente del ayuntamiento-feudo convergente de Cataluña.
Las elecciones municipales de 2019 dejaron espacio para un pacto tripartito entre ERC-CUP y PSC, y los tres partidos no perdonaron y pactaron. Al llegar al gobierno hallaron el desbarajuste de las facturas, algo que ya había denunciado Ciudadanos en mayo y agosto de 2019. Los escritos del partido naranja, el azote anticorrupción de CiU, ahora PDeCAT y Junts per Catalunya, generaron diligencias penales de Fiscalía. La denuncia del nuevo Ayuntamiento de izquierdas, que entregó más facturas a los Mossos d'Esquadra, produjeron otras pesquisas por la vía penal. Los agentes ya se personaron en el consistorio en julio y agosto de 2019, algo que volvieron a hacer ayer. Conesa está investigada por partida doble y tiene, además, otro problema: entre quienes alertaron a la justicia de su presunta mala gestión figuran los socios de su partido en el Govern de la Generalitat de Cataluña: ERC