La asfixia independentista duplica las fugas de funcionarios judiciales

“Ni un duro más”. La Consejería de Justicia de la Generalitat se resiste a aumentar los complementos salariales de los funcionarios judiciales destinados en Cataluña, los peor pagados de España. Hasta ahora, la excusa era la prórroga presupuestaria, pero tras la aprobación de las cuentas para 2020, ahora dice que es culpa de la deficiente financiación del Estado.

Esta precariedad, unida a la presión independentista en una administración vapuleada por las campañas de descrédito del propio Govern, ha provocado una cifra récord de trabajadores públicos que piden el traslado: un total de 129 el pasado año frente a los 52 de 2018. Las vacantes aumentan, algo que también ocurre en el colectivo de jueces y fiscales.

No descartan movilizaciones

Los sindicatos, que no descartan movilizaciones para exigir mejoras, han denunciado la situación en diversas ocasiones a la Consejería de Justicia. Volvieron a hacerlo en la mesa de negociación celebrada el miércoles. “Ni un duro más”, respondió el secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, Joan Domènec Abad. Hasta ahora, la excusa era que los presupuestos de la Generalitat estaban prorrogados y que, por tanto, había que esperar a la aprobación de las cuentas de 2020.

Éstas superaron su primer trámite parlamentario el mismo día en que tenía lugar ese encuentro entre Generalitat y sindicatos --STAJ, CSIF, CCOO y UGT--, pero el responsable de la Consejería informo que el incremento destinado al departamento iría destinado a Justicia gratuita, traducción e intérpretes y gastos en equipamientos.

Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA

Así que, más allá del aumento del 2% prometido a todos los funcionarios de la Generalitat, no habrá incremento del complemento específico para gestores, tramitadores y auxiliares. La Consejería de Economía, según explican fuentes sindicales, había dado el visto bueno a esa revisión al alza, no así el departamento de Justicia. La nueva justificación de este negociado, cuya titular es Ester Capella (ERC), es la deficiente financiación del Estado, concretamente la que deriva del decreto de transferencias de Justicia de 1996.

Competencias transferidas

Estas fuentes recuerdan que fue la Generalitat la que, de forma voluntaria, reclamó las transferencias de personal, sin que desde entonces se haya revisado, “a pesar de que Cataluña ha sido clave en la gobernabilidad de España tanto con Aznar como con Zapatero”. Los sindicatos no descartan movilizaciones para reclamar esas mejoras prometidas.

En esta situación se encuentran los trabajadores de la administración de Justicia. No es de extrañar, por tanto, que este nuevo revés, que se une a la presión del procés y los intentos del Govern de colocar comisarios políticos en los juzgados --Equipos de evaluación y mejora, creados con la finalidad de “supervisar” el funcionamiento de los tribunales--, en el último concurso de traslados, un total de 129 funcionarios hayan aprovechado para pedir un destino fuera de Cataluña, la mayoría residentes en esta comunidad desde hace muchos años.

“Cada nuevo concurso se produce un nuevo récord de traslados fuera de Cataluña, tras una década de recortes (pagas extras)”, explican fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Así, el año pasado, el número de trabajadores que pidieron traslado ascendió a 52, cifra que en 2020 casi se triplica.

Moción de Ciudadanos

Precisamente ayer, la diputada de Ciudadanos María Valle defendió una moción en el Pleno del Parlament en defensa de los trabajadores judiciales. Los puntos en los que se instaba al Govern a acabar con las injerencias en esa administración y pedir perdón por las campañas de descrédito, fueron rechazados con los votos de JxCat, ERC, PSC, CUP y CatECP. Sí que fue aprobado el párrafo en el que se insta a revisar el complemento específico que reciben los empleados judiciales, que no ha sido revisado desde 2006, y equipararlo a la media del resto de España, con efectos a 1 de enero de 2020. JxCat y ERC se abstuvieron y un diputado republicano votó en contra. Por unanimidad, se apoyó la reintegración a todos los funcionarios de la Generalitat el 60% de la paga extra de 2013, aún pendiente.

Esta huida de funcionarios se une al incremento del número cada vez mayor de jueces y fiscales que abandonan Cataluña, algo que complica la gestión del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la hora de proveer las vacantes que dejan los titulares. Actualmente hay 876 jueces y magistrados titulares frente a 134 sustitutos, 384 fiscales titulares y casi 100 sustitutos, así como 598 letrados titulares y 362 sustitutos.