La Generalitat coloca a comisarios políticos en Justicia para controlar a los funcionarios

El Gobierno catalán aumenta la presión sobre los funcionarios en un momento de máxima tensión debido a las ilegalidades que puedan derivarse del proceso independentista.

Hace dos semanas, representantes de la Consejería de Justicia se reunieron con los cuatro sindicatos más representativos de la administración del sector --STAJ, CSIF, CCOO y UGT-- para informarles de las conclusiones de una auditoría realizada por la consultora Everis, según la cual es necesario introducir mejoras en la productividad de las fiscalías y los juzgados. Por ello, la Generalitat ha convocado ocho plazas de evaluadores para hacer un seguimiento del funcionamiento de las oficinas judiciales.

La medida ha provocado la indignación entre los funcionarios, que acusan a la Generalitat de crear una “administración paralela”, pues ya existe un Área de Inspección del departamento que se ocupa de esas evaluaciones, en el marco de su proyecto de convertir la justicia catalana en "una estructura de Estado".

Coste y copia del informe

Los sindicatos han solicitado a la Generalitat que se les facilite el coste de los servicios de esta consultora y también copia de la documentación que la consejería asegura haber enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) para que apruebe la designación de este equipo de evaluación. Exigen conocer la literalidad del contenido de esa auditoría.

Así, el pasado 1 de febrero Justicia sacó a concurso ocho plazas de evaluador en comisión de servicios destinadas a personal funcionario de carrera del cuerpo superior o del cuerpo de gestión de administración general o de cualquiera de las especialidades del cuerpo de titulación superior o del cuerpo de diplomatura de la Generalitat de la administración de justicia. Entre sus funciones figura “ejecutar el trabajo de campo en los juzgados y fiscalías a fin de hacer las evaluaciones de los componentes básicos objeto de análisis: personas, organización, procesos y recursos”, así como “detectar disfunciones y proporcionar datos para la toma de decisiones estratégicas”.

Estos evaluadores deberán “elaborar propuestas de organización de la distribución del trabajo dentro de cada juzgado o fiscalía teniendo en cuenta los diferentes roles implicados y la tipología de procedimientos”. También se les encomienda “diagnosticar y proponer planes de mejora de la eficiencia en los juzgados y fiscalías, y hacer el seguimiento de la mejora continua”.

Las escasas explicaciones del departamento

La única explicación oficial recibida por los sindicatos de la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, Patricia Gomà, quien les explicó que la creación de este equipo se había decidido como alternativa a la pretensión inicial de reforzar el Área de Inspección del Departamento de Justicia.

El Area de Inspección tiene básicamente las siguientes funciones: velar por la aplicación correcta de las directrices y los objetivos establecidos por la secretaría; aplicar el régimen disciplinario del personal adscrito al servicio de la administración de justicia; impulsar sistemas de evaluación y seguimiento de los servicios y actividad objeto de inspección desarrollada desde el ámbito de la administración de justicia, y proponer las actuaciones adecuadas sobre las quejas y sugerencias de la ciudadanía en el ámbito de la justicia y hacer el seguimiento.

“Hemos manifestado nuestro rechazo a lo que parece ser el verdadero motivo de la creación de este equipo: el incremento de la función inspectora y sancionadora de la consejería en un contexto de amortización de plantillas, aumento de las cargas de trabajo de los funcionarios agravada por la limitación presupuestaria que impide tener cubiertas las plantillas de los órganos judiciales y la supresión de parte de las retribuciones de los funcionarios con destino en las poblaciones donde la justicia implanta la nueva oficina judicial”, explican a Crónica Global fuentes de Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Por su parte, portavoces del departamento de Justicia, cuyo titular es Carles Mundó (ERC), han asegurado a este diario que, sobre este tema, no tienen nada que decir

Ni jueces, ni fiscales ni secretarios judiciales

Este nuevo equipo de ocho personas evaluará y limitará su campo de actuación al personal de los cuerpos generales de la administración de Justicia, es decir, a funcionarios del cuerpo de auxilio, tramitadores procesales y gestores procesales, quedando excluido el resto de personal de los órganos judiciales. Por tanto, ni fiscales, ni jueces ni letrados (antes secretarios judiciales) serán evaluados ni figurarán en los ítems de la actuación del equipo de evaluación.

Según expusieron los responsables del departamento de Justicia en la reunión mantenida con los sindicatos, la Generalitat no tiene competencia sobre dicho personal. “No obstante, hemos manifestado a la consejería que cualquier estudio sobre la administración de justicia debería incluir a todos sus agentes. Una cosa es no tener competencias sobre sus condiciones de trabajo y otra muy diferente que no puedan ser incluidos en cualquier estudio o análisis”, explican las citadas fuentes de STAJ.

Consideran, en este sentido, que “en el funcionamiento de cualquier órgano o servicio de la administración de justicia, todos sus integrantes importan y son relevantes”.