De izquierda a derecha, Carles Mundó, Dolors Montserrat, Enric Millo, Carles Puigdemont, Oriol Rusca y Rafael Català / JORDI BEDMAR

De izquierda a derecha, Carles Mundó, Dolors Montserrat, Enric Millo, Carles Puigdemont, Oriol Rusca y Rafael Català / JORDI BEDMAR

Política

La justicia catalana se resiste a la penetración independentista

Funcionarios y jueces rechazan los intentos del Govern de invadir competencias estatales y acceder a la base de datos judicial mediante la implantación de 'comisarios políticos'

18 junio, 2017 00:00

Es la aldea gala del independentismo. La justicia catalana se resiste a participar en la ofensiva secesionista y tanto funcionarios como jueces rechazan los mecanismos de control que, con más o menos sutileza, intenta imponer la Consejería de Justicia de la Generalitat.

El último enfrentamiento se ha producido a raíz de los “Equipos de evaluación y mejora” creados con la finalidad de “supervisar” el funcionamiento de los tribunales. Tal como informó Crónica Global, los funcionarios califican esos evaluadores como “comisarios políticos” y como un intento de desprestigiar el trabajo de este cuerpo nacional. Los cuatro sindicatos más representativos del sector --STAJ, CSIF, CCOO y UGT-- rechazan la habilitación de esos equipos, formados por un coordinador del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, ocho técnicos evaluadores de calidad y cuatro auxiliares. Esta iniciativa se basa en una auditoría de la consultora Everis en la que, según informa a Crónica Global fuentes del sindicato STAJ, “predominan citas constantes a medidas sancionadoras y punitivas sobre el personal de los órganos judiciales con peor resultado”.

La circular del TSJC

Pero es que ahora han sido los jueces quienes, de forma contundente, han expresado su oposición a ese sistema de evaluación y mejora contínua.

El pasado 30 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hizo pública una circular (que puede leerse aquí) en la que señala que “por más que se eluda el término inspección y se mute por el vocablo evaluación, tanto los objetivos específicos que se describen en el proyecto, como los métodos o técnicas evaluadoras descritas (basadas en visitas presenciales en las sedes de los órganos judiciales y en las entrevistas a funcionarios, letrados de la administración de Justicia, e incluso jueces y magistrados) y también la mayor parte de los indicadores a evaluar, constituyen auténtica actividad inspectora”. Y se da la circunstancia de que la Ley Orgánica del Poder Judicial “atribuye al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la superior inspección y vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales”.

Documentación en catalán

Además, el TSJC rechaza la posibilidad de que los miembros de esos equipos accedan a los sistemas de gestión procesal (e-jcat y Temis2). Dicho de otra manera, los jueces no quieren que la Conselleria de Justicia entre en su banco de datos. No en vano, desde que el exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal aseguró que la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes obtenidos de forma ilegal, el foco político y judicial se ha situado en la posibilidad de que el procés vulnere la protección de datos.

Entre los indicadores a evaluar figuran los mecanismos de seguimiento, coordinación y planificación de la unidad, la distribución de funciones, la redistribución de tareas en caso de ausencias del persona, la productividad, los tiempos de resolución de los trámites y las ratios de documentos en catalán. En este sentido, la Generalitat siempre ha denunciado la escasa incidencia de la lengua catalana en una administración de justicia con mucha movilidad y donde los funcionarios son los peor pagados de España.

El rechazo a 500 plazas de funcionario

Curiosamente, mientras el Govern denuncia la reducción de nuevas plazas para Mossos d’Esquadra otorgadas por el Ministerio de Interior, la Consejería de Justicia ha rechazado las 500 plazas ofrecidas por el Estado para cubrir vacantes de las oficinas judiciales de Cataluña.

Tanto la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, Patricia Gomà, como el propio consejero Carles Mundó (ERC) “declararon tener la complicidad y el aval del TSJC, del Ministerio de Justicia y del CGPJ para la creación de estos equipos. Pero ahora la Sala de Gobierno del TSJC lo desmiente y cuestiona la legalidad de los mismos”, afirman las citadas fuentes de STAJ.

Reunión en el CGPJ

Por ello, el próximo martes 20 de junio tendrá lugar en la sede del CGPJ una reunión entre miembros de este consejo y representantes de la Conselleria de Justicia, quienes explicarán en qué consiste ese proyecto de "equipos de mejora”.

En la reunión participarán los vocales del CGPJ José María Macías y Gerardo Martínez Tristán, el secretario general del Consejo, la jefa del Servicio de Inspección y el director del Gabinete Técnico del CGPJ.

Por parte de la Generalitat asistirán su secretario general, la secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia, y el coordinador de Evaluación y mejora Continua de este departamento.