La Sindicatura eleva a 80 millones las pérdidas de la Generalitat al malvender patrimonio

La venta acelerada de patrimonio que el Gobierno de Artur Mas activó en 2014 para conseguir recursos extraordinarios ha provocado un quebranto de 80,35 millones de euros a las cuentas de la Generalitat. Así lo indica la Sindicatura de Comptes en su último informe sobre los activos inmobiliarios públicos.

El órgano fiscalizador de todo el ámbito catalán añade 41,77 millones a los primeros cálculos que hizo la Intervención General de la Generalitat sobre las minusvalía de la enajenación del ladrillo. “Contabilizó estas operaciones de venta con una pérdida neta de 38,58 millones, si bien la sindicatura ha detectado que la Intervención General no ha contabilizado la pérdida financiera producida por la compraventa de varias fincas”, señala el documento. Esta minusvalía es la que eleva a 80,35 millones el cómputo total.

Alquileres comprometidos

La cifra se obtiene al valorar el conjunto de las transacciones. No sólo se tiene en cuenta qué se ingresó en las arcas catalanas con la venta de una finca y se compara con el precio de adquisición, también se valora el coste de los alquileres asociados. El entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, firmó arrendamientos que iban de los tres a los 20 años con los nuevos propietarios de los inmuebles que había enajenado.

Así lo hizo con su propia consejería, un edificio situado entre los números 19 y 21 de la céntrica Rambla Catalunya de Barcelona por el que se pagan 1,39 millones al año. Se firmó un arrendamiento de tres años que se ha prorrogado en su vencimiento. Entre los edificios con un alquiler más largo se encuentran las dependencias administrativas de, entre otros, la Oficina de Acceso a la Universidad situado en el número 2 de Vía Laietana con un coste de 1,93 millones anual. El contrato de arrendamiento inicial ya se proyectó por 20 años.

'Ciudad de los funcionarios'

Las consejerías y departamentos públicos ubicados en los edificios que se vendieron se deberían trasladar en el primer trimestre de 2020 al Distrito Administrativo de la Generalitat, la llamada Ciudad de los Funcionarios de la Zona Franca de Barcelona. Así constaba en el Plan de racionalización y optimización de espacios que aprobó el Gobierno de Artur Mas en julio de 2013.

El problema, tal y como avanzó Crónica Global, es que seis años más tarde el Ejecutivo catalán duda de toda la operación. La Generalitat reconoce en un informe que es incapaz de determinar el ahorro de concentrar a los trabajadores públicos en una zona donde se trasladó la Agencia Tributaria de Cataluña a modo de avanzadilla. El calendario y el ahorro definitivo de este proyecto están en el aire.

Falta de información

La Sindicatura ha analizado a fondo las “alienaciones administrativas” de 19 edificios públicos. Reconoce en el mismo informe que ya cuenta con el visto bueno del Parlament que la “coyuntura económica y de mercado” propiciaron que 14 edificios se vendieran por debajo del precio de coste, mientras que en otras dos transacciones no se puede valorar el resultado porque “no consta que se hiciera ninguna tasación previa a la venta”.

Mas y Mas-Colell escogieron el peor momento del ladrillo en toda España para intentar hacer caja con el patrimonio público de la Generalitat. Este periodo coincidió con el momento más delicado de las finanzas catalanas, donde se llegó a tener problemas para pagar las nóminas de los trabajadores públicos. En esta etapa también se enmarca la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona durante 50 años. Los tribunales anularon el proceso por sus errores administrativos en la licitación y los antiguos socios del Govern les han llevado a los tribunales por la falta de acuerdo sobre la indemnización.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre el inmobiliario de la Generalitat sólo va de 2011 a 2014. La burocracia y la lentitud en fiscalizar con garantías las cuentas propicia el retraso.