Segundo varapalo a la política de vivienda de la Generalitat en dos meses

La Generalitat ha sufrido un segundo varapalo en materia de vivienda en apenas dos meses. El Parlament ha derogado el decreto de regulación del precio de los alquileres, que solo ha contado con el aval de los socios del Govern, Junts per Catalunya y ERC. La oposición ha denunciado el electoralismo que hay detrás de la iniciativa pero, sobre todo, la falta de consenso con las entidades sociales y la invasión de competencias estatales.

La Cámara catalana ha debatido el decreto ley 9/2019 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda y de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña. Lo ha hecho a pesar de que todos los grupos de la oposición –PSC, Cs, Catalunya en Comú-Podem, PP y CUP-- habían advertido de que votarían en contra de su validación.

Urgencia social

La consejera de Justicia, Ester Capella, ha presentado la propuesta, que según dice responde a una urgencia social, y ha pedido a los grupos parlamentarios que se abstengan para poder tramitar y mejorar ese decreto, con el que el Govern se da una segunda oportunidad en materia de vivienda. En abril, el consejero de Territorio, Damià Calvet, tuvo que retirar un decreto que se debía debatir en el Pleno del Parlament por falta de apoyos.

Manuel Rodríguez, diputado de Ciudadanos, ha denunciado que “el Govern se deshace de vivienda social y se desdice del convenio firmado por Oriol Junqueras, según el cual, los pisos procedentes de herencias intestadas se destinarían a personas en situación de emergencia, en lugar de subastarlos, como hace la Generalitat”. Ha invocado el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que avisa de la invasión de competencias estatales. Considera el diputado que se trata de un “decretazo populista” que no soluciona el problema de los jóvenes para acceder a la vivienda y carece de un informe de impacto económico.

PSC: "Decreto electoralista"

Por parte del PSC, la diputada Rosa Maria Ibarra, ha asegurado que se trata de un decreto electoralista con el que ERC intenta demostrar que trabaja aunque, a su juicio, lo que busca es “la confrontación con el Estado”. Tampoco ve que el contenido solucione el problema de vivienda. Ibarra subraya que la norma no va acompañada de medidas sancionadoras.

Susanna Segovia, portavoz de Catalunya en Comú-Podem, ha recordado que la regulación de los alquileres saltó del Estatut tras la negociación entre Artur Mas y José Luis Rodríguez Zapatero. La diputada de los comunes considera que el decreto presenta un problema de modelo, del que discrepan las entidades sociales y no puede arreglarse en el trámite parlamentario. “Hay que trabajarlo antes. El Sindicat de Llogaters ya expresó su rechazo cuando se aprobó el decreto, pero no hicieron caso. Pretender regular el precio de los alquileres en base a un índice de mercado que se basa en el aumento de alquileres es, cuando menos, muy contradictorio”, ha dicho Segovia.

CUP: "Los precios subirán todavía más"

Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha dicho que “no podemos enmendar un proyecto en cuya esencia no creemos. Se aprobó a prisa y corriendo en plena campaña de las elecciones. El Govern no explicó nada al mundo local ni a las asociaciones que defienden el derecho a al vivienda”. Y augura que contribuirá a subir los previos todavía más. “No nos traslade esa responsabilidad”, ha dicho.

Esperanza García, parlamentaria del PP, ha insistido en la invasión competencial y en la ausencia de políticas públicas de vivienda del Govern. “Ustedes no han trabajado, no han dialogado y solo van a empeorar la situación. Ustedes tienen los instrumentos para trabajar. La compraventa de pisos no es la solución. Y por favor, no hagan servir de escudo a las familias con problemas de vivienda”.

"Quintacolumnistas del Estado"

Jordi Orobitg, diputado de ERC, cree que el Consejo de Garantías se pone la venda antes de la herida, pues se anticipa a una hipotética reacción del Gobierno español. Ha invocado el derecho a la vivienda que defiende la Constitución y ve viable prescindir del índice de precios de mercado como referencia.

Eusebi Campdepadrós, diputado de Junts per Catalunya, ha acusado a PSC y Cs de acudir al CGE “solo para defender las competencias del Estado, y no los derechos de los catalanes. Operan como una quinta columna de las prerrogativas del Estado. El Derecho Civil es competencia de este Parlament. Ni el franquismo lo pudo derogar”. Asegura el diputado que no es cierto que el decreto impida limitar los precios.