Así juega Buch con el dinero de los Mossos

Mientras la Consejería de Interior da una vuelta de tuerca en la politización de la cúpula de los Mossos d’Esquadra, los sindicatos policiales recuerdan que nada ha cambiado en su precariedad laboral. La culpa la tiene, de nuevo, el Estado. Ese es el argumento utilizado por el consejero Miquel Buch para justificar que el dinero del departamento se destine a crear escoltas al servicio de Quim Torra y de Carles Puigdemont, mientras faltan recursos personales y materiales.

El pasado jueves, en sede parlamentaria, Buch dijo que, en seis meses, se han creado 750 plazas de mossos y que hay previsto convocar otras 750, pero “cuando pedimos al gobierno del Estado español que nos devuelva los 700 millones que nos deben en materia de Mossos, nos dicen que no”.

Los acuerdos de la Comisión Mixta Estado-Generalitat

Fuentes del Gobierno español desmienten las afirmaciones de Buch y recuerdan que el pasado 25 de septiembre, la Comisión Mixta Estado-Generalitat de Asuntos Económicos y Fiscales acordó una serie de pagos del Estado en Cataluña para cumplir con la disposición adicional tercera del Estatut. Esos pagos incluían una partida para Mossos. “La primera parte de ese dinero se presupuestó dentro de los Presupuestos Generales de 2019, que no se aprobaron entre otras cosas por la falta de apoyo de los partidos nacionalistas catalanes”, añaden esas fuentes.

Así, en la reunión de la comisión mixta, que no se reunía desde el 17 de septiembre de 2010, se acordó incluir los PGE un total de 150 millones de euros correspondientes a la integración de la policía autonómica de Cataluña en el modelo de financiación. El resto adeudado se distribuiría en los tres ejercicios siguientes.

Esta decisión se adoptó después de que la Junta de Seguridad de Cataluña certificara el pasado 10 de julio de 2017 el número de efectivos de los Mossos.

Precariedad laboral

Las quejas expresadas por Buch en la sesión plenaria celebrada el jueves en el Parlament, donde aseguró que “estamos mejorando las condiciones laborales. Tenemos quince puntos sobre la mesa que nos pusieron los sindicatos”. Pero las elecciones sindicales fueron impugnadas y un juez las paralizó, por lo que “no podemos negociar porque no conocemos quienes son los representantes legítimos. No podemos avanzar”, explicó Buch, quien instó al grupo de la oposición que le interpeló, Ciudadanos a “dejar al cuerpo de Mossos fuera del debate político”.

El consejero no se ahorró las críticas sindicales. “Consejero, eso mismo le venimos pidiendo desde USPAC hace meses y años… dejen al CME al margen de sus debates políticos/electoralistas. Resulta que no lo ha cumplido, ni usted ni el Govern. Cuanto más habla, peor, Buch dimisión”, escribió Uspac, en las redes sociales.

71 agentes al servicio de Torra

El debate tenía lugar días después de que se conociera el repentino nombramiento de Eduard Sallent como nuevo jefe de los Mossos, en sustitución de Miquel Esquius. Y a cuatro días de que entre en funcionamiento la polémica Área de Seguridad Institucional (ASI), la unidad de escoltas que asumirá la protección de Torra. Un total de 71 agentes seleccionados a dedo y que estarán dirigidos por Marc Caparrós, exjefe de la BRIMO (antidisturbios), otro mando con perfil independentista.

Protesta de Mossos d'Esquadra por la gestión de Buch ante la consejería de Interior / @USPAC

El lunes se estrena esta “guardia pretoriana” que, según Interior, no estará al servicio de Puigdemont, aunque fuentes policiales aseguran que 14 agentes en activo de los Mossos d'Esquadra  le dan cobertura y protección en la llamada Casa de la República, en Waterloo (Bélgica). Y mientras se incrementa la vigilancia de Torra y Puigdemont, la falta de efectivos y el dispositivo Toga –habilitado para custodiar los edificios judiciales tras el ataque de los radicales independentistas— deja determinados municipios sin patrullas.

Un nuevo jefe independentista

El soberanismo del nuevo jefe de los Mossos, que comparte con la mayoría de los comisarios seleccionados para formar su equipo, demuestra hasta qué punto Quim Torra pretende rodearse de una cúpula policial fiel al procés de cara a la sentencia del Tribunal Supremo. El presidente catalán quiere ahorrarse los reproches que, hace meses, el independentismo más irredento le hizo por las cargas policiales de Girona y Barcelona contra los Comités de Defensa de la República (CDR), durante sus protestas contra la celebración del Día de la Constitución.

En declaraciones a este diario, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recordó al nuevo jefe de los Mossos “la necesidad de paliar un déficit estructural. Exigimos a Sallent que solucione la falta de recursos humanos y materiales porque estamos a punto de la quiebra. Cuatro jefes en cuatro años no es precisamente garantía de estabilidad”. 

Por su parte, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) manifestó que “el tiempo dirá si el relevo de Esquius ha sido hecha en base a criterios técnicos o políticos. Un cuerpo policial no puede estar cambiando de Jefe del Cuerpo cada seis u ocho meses”.