El Govern 'pasa' de los centros de menores

El ataque sexual sufrido por una joven en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) supuestamente cometido por adolescentes de origen magrebí, ha puesto de manifiesto la deficiente gestión de los centros de menores de la Generalitat. Hace tiempo que los trabajadores que se dedican a atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA) denuncian la saturación de los centros, la precariedad laboral y los episodios de violencia sufridos. Hace año y medio, el Parlament instó a la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a mejorar las condiciones laborales de quienes asisten a estos adolescentes. Pero, más allá de un propósito de enmienda, la Generalitat no ha hecho caso.

Ayer, siete delegados de UGT y CCOO se encerraron en la sede del citado departamento para exigir medidas de seguridad a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Recuerdan que en 2017 se produjeron un total de 235 agresiones en once centros y que este año “nos acercamos a estas cifras”.

Seguridad y trabajo digno

Reclaman un “trabajo digno” que pueda realizarse en “dentro de unos parámetros de seguridad adecuados”, y que los centros “realicen una labor para la que fueron creados, que se desarrollen medidas de atención socioeducativa alternativas a aquellos jóvenes refractarios a la convivencia en los centros y que se desarrollen espacios de actuación transversal entre DGAIA, Justicia Juvenil y Salud Mental”. 

Se da la circunstancia de que, en mayo de 2017, la Comisión de Asuntos Sociales y Familias del Parlament aprobó una propuesta de resolución sobre las agresiones al personal de los centros residenciales de acción educativa, dependientes de la DGAIA, y las condiciones de trabajo de los profesionales. Parte de las medidas reclamadas son las que ayer reivindicaron los trabajadores encerrados en la Consejería.

En esa iniciativa, presentada por el diputado del PSC, Raúl Moreno, la Cámara catalana instaba al Govern a incluir una representación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña y de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en el grupo de trabajo que, establecido en el marco de la DGAIA, elaboraba el protocolo para garantizar las condiciones de los profesionales que trabajan en el ámbito de los centros residenciales de acción educativa (CRAE).

Incremento de la conflictividad

Asimismo, se proponía reforzar los CRAE en los que se detecte un “incremento de la conflictividad, tanto en el número de profesionales como en las condiciones de atención, de las infraestructuras y de las medidas de seguridad”.
El Parlament también reclamaba medidas alternativas para los jóvenes que no tienen los CRAE como un recurso para la mejora de sus condiciones de vida y la aplicación de los mecanismos que regula la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, en caso de incumplimiento de los deberes de convivencia en los centros.

El mandato parlamentario conminaba, tal como reclaman CCOO y UGT, “estudiar, en el plazo de seis meses, la reducción de las horas de atención directa a niños y jóvenes prestadas por profesionales de más de 55 años, la contratación de nuevos profesionales titulados para cubrir estas horas y el desarrollo de una segunda actividad para este colectivo”.

Las mejoras laborales pasaban, según los grupos parlamentarios, por cubrir todas las vacantes de profesionales de los centros residenciales de acción educativa, los centros residenciales de educación intensiva y de los centros de acogida, de manera que se asegure la cobertura total de los profesionales en cada turno. Finalmente, se pedían fórmulas para favorecer la movilidad de los profesionales entre los centros.

Propuesta de resolución del PSC

Ayer, la diputada socialista Beatriz Silva se reunió con los encerrados para expresarles su apoyo. Silva ha presentado otro propuesta de resolución en la que se insta a cumplir con la citada resolución aprobada hace año y medio, y con las medidas aprobadas en 2016 en el Comité de Salud Laboral para los centros dependientes de la DGAIA. También insta a reducir la atención directa del personal educativo mayor de 58 años y aplicar medidas destinadas a garantizar la seguridad de los empleados y una asistencia socioeducativa a los jóvenes refractarios a la convivencia en los centros.

También reclama espacios de actuación transversal entre la DGAIA, Justicia Juvenil y Salud Mental, y desarrollar, antes del primer semestre de 2019, el Protocolo de prevención y actuación ante las situaciones de violencia en los centros de protección a la infancia y la adolescencia.