"Obligar a que el 30% de la vivienda en Barcelona sea social no es una barbaridad"

Está considera como una de las personas que más saben de vivienda en España. Carme Trilla (Barcelona,1948) critica que el Gobierno del PP rescatara los bancos sin exigir la salida de sus pisos vacíos como vivienda social.

Esta economista, que fue secretaria de Vivienda durante el Gobierno tripartito y hoy preside la Fundación Hàbitat3 y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, defiende en una entrevista con Crónica Global que la alcaldesa Ada Colau obligue a los promotores a destinar un 30% a pisos sociales.

-¿Por qué cuesta tanto hacer vivienda social?

-Porque la vivienda no se ha puesto como eje de cohesión social como han hecho otros países. Se hizo una apuesta por la sanidad, pública y universal, aunque luego se pueda optar por la privada, y en la enseñanza también. La reflexión en estos dos campos no se hizo en la vivienda, que se ha dejado siempre en manos del mercado. Si éste no resuelve,  el sector público hace los apaños que puede. Eso se ha demostrado que no funciona para el grueso de la población porque el mercado de la vivienda es especulativo. El mercado se rige por la ley de la demanda más solvente y deja desprotegido al resto. Al no introducir ese tema en los programas públicos, se obliga a improvisar constantemente. Casi siempre se empieza de cero cuando el mercado no responde. Eso es lo que arrastramos.

-¿No existe por tanto una política de vivienda?

-En España ha habido política de vivienda, incluso en el franquismo. Durante 40 o 50 años hubo lo que se llamaba la vivienda de protección oficial. Pero este sistema era de compra, a diferencia de otros países europeos, donde son de alquiler. Hasta los años noventa, el 80% de la población accedía a una vivienda de protección oficial a precios razonables. Era un sistema que funcionaba. El problema es que estas viviendas tenían un plazo de calificación, después del cual quedaron libres. Con lo cual no cuentas con un parque cuya rotación garantice el acceso a los nuevos que van llegando. Si se hubiera calificado para siempre como vivienda social, ahora se dispondría de un parque mayor. “Yo, administración, te digo que la puedes vender, pero te digo a qué precio y a quién se la puedes vender”. Ese habría sido el circuito mediante el cual, ahora en España tendríamos más de siete millones de pisos protegidos. Eso no ha sido así. Eso obliga a comenzar siempre de cero.

carmen trilla entrevista

La economista Carme Trilla, en un momento de la entrevista

-¿De quiénes son las competencias?

-En su momento eran estatales, pero con el Estado de las Autonomías, pasaron a ser de las comunidades. En cuanto al diseño de las políticas, la financiación sigue estando en manos del Estado. Trabajamos con planes estatales que llevan asociados presupuestos estatales. Los ayuntamientos tienen competencias urbanísticas, pueden y deben trabajar el tema del suelo, qué parte de suelo se destina, qué condiciones se le pone al suelo privado... El problema en España es que el suelo es mayoritariamente privado y para que sea público se tiene comprar, expropiar o le viene de los aprovechamientos de los crecimientos urbanísticos. Pero en ciudades donde ya no hay grandes crecimientos urbanísticos, los ayuntamientos no van disponiendo de más suelo. Las condiciones que se ponen al suelo privado vienen amparadas por leyes superiores. Lo que han hecho en los últimos años los ayuntamientos es ayudar a las familias a pagar, pero aunque tengan dinero, no están en sus competencias diseñar grandes políticas.

-Se han criticado mucho las políticas de vivienda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, especialmente su propuesta de que el 30% de los pisos nuevos sean de protección oficial.

-No todos lo han criticado. Yo creo que no es una barbaridad. Cuando hicimos la ley de derecho a la vivienda en 2007 ya pusimos que uno de los instrumentos municipales era que en el suelo urbano consolidado hubiera un porcentaje social. En 2011, el Gobierno de CiU quitó esa previsión de la ley, pero se olvidaron de un apartado en el que dice que se puede hacer, no que se tenga que hacer. Se discutirán problemas de forma, si se ha hecho correctamente o no, o si tiene un amparo legal suficiente. Pero se ha puesto sobre la mesa un tema fundamental. En Barcelona todavía hay suelo y todavía se pueden hacer viviendas protegidas, pero por ejemplo Santa Coloma de Gramenet no tiene ni un centímetro de suelo. Por tanto, hay que trabajar con lo que ya se tiene construido. Y poniendo condiciones a los propietarios y a los que van a desarrollar nuevas operaciones. Esto es así en todas las ciudades de Francia, por eso lo pusimos en la ley catalana.

-¿Hay un tema cultural? ¿Somos clasistas y no permitimos convivir en el mismo edificio con alguien que ha tenido acceso a vivienda de protección?

-Evidentemente. En España hemos perdido la cultura de debatir qué es el derecho a la vivienda. En Francia esto se produce de forma natural y nadie lo discute, se le llama precisamente el principio de la solidaridad urbana. Y se entiende que hay que vivir de la forma más cohesionada posible. La vivienda de protección oficial en el franquismo se hizo en todos los barrios de Barcelona. Esto ahora no se ve porque una modificación de la ley ha obligado a arrancar las placas de los edificios, porque algunas tenían el yugo y las flechas, pero no en todas. Una de las aberraciones de la memoria histórica es borrar la memoria histórica. Si tuviéramos esas placas veríamos que estaban en toda la ciudad, completamente mezcladas. Y si vamos un poco más lejos, cuando se construyó el Eixample de Barcelona, el propietario construía en edificio, vivía en el principal y en los pisos superiores vivían de alquiler personas con muchísimo menos dinero que él, y la portera vivía arriba de todo. Oriol Bohigas lo decía, una de las ciudades más interclasistas del mundo era Barcelona, precisamente gracias a esa forma de construir el Eixample. Si entonces eso fue así ¿por qué ahora no puede ser así? Si en Francia es posible ¿por qué aquí no? Todo esto es ideología y esconde que quienes rechazan esto son los que van a perder dinero. Simplemente.

-Se habla de Viena como modelo a seguir porque el 60% de las viviendas son de protección y eso evita guetos.

-No se puede seguir ese modelo, el de París sí, pero el de Viena no. Porque el Ayuntamiento de esta ciudad es el propietario del 60% del suelo. Y por eso puede poner las condiciones y el alquiler social que quiera. En Amsterdam también se daba esta situación, pero en el resto de ciudades europeas esto no es así. No sé de dónde le viene esa situación a Viena, quizá del siglo XVIII, quizá todo el suelo era de la Corona. Pero el modelo de París sí.

-¿Cómo es?

-El suelo es privado, pero el Ayuntamiento obliga a que un porcentaje de viviendas tenga un precio determinado. Es falso que eso encarezca el precio de las viviendas. Los promotores siempre venden las viviendas al precio máximo que creen posible. Y cuando compran suelo o un edificio ya saben a qué precios van a vender para negociar. Si saben que una parte serán pisos más baratos, a quien van a comprar más barato es al anterior propietario del edificio o del suelo. Es un debate abierto, ha habido grupos de la oposición que apoyaron en Barcelona esa fórmula, ERC y PSC, y por eso salió adelante. No les gusta la fórmula, pero es que no hay otra salida.

-¿Los pisos turísticos contribuyen a encarecer los precios?

-Sí, pero hay algo psicológico. Si un propietario cree que el piso turístico rinde tres veces más, pues se lanza a hacerlo. Pero el piso turístico debe entenderse como un negocio, con licencia municipal, pago de impuestos y mantenimiento de servicios. Hay que estar encima. Esto es muy diferente a alquilar un piso y despreocuparte. Los propietarios no deberían fijarse en ese espejismo de “sacaré tanto”. Alquilar comporta riesgos, pero si tienes un buen inquilino puedes despreocuparte e ir tirando. Influye en los precios, pero hay propietarios que no tienen esta tentación.

-Pero los alquileres son altísimos…

-Lo que nos ocurre es que, además de la presión turístico, tenemos una demanda brutal de alquileres, como no habíamos tenido nunca. Durante la crisis no hubo demanda de vivienda, la gente en paro se quedó en su casa o en casa de sus padres. Cuando la crisis remite y hay una cierta recuperación, aunque sea con salarios precarios, decide que quiere una vivienda. Se busca de alquiler, porque las condiciones laborales no permiten la compra y porque se ha instalado el miedo a los desahucios. Nunca habíamos vivido unos desahucios tan brutales en este país. Los bancos, en principio, son más duros a la hora de conceder hipotecas, cosa que antes no ocurría. La gente iba pagando. Todo esto nos lleva a que toda la demanda se centre en el alquiler. En Barcelona hay bastante, pero todo privado. Esa es la gran diferencia. En París, el 25-30% del parque de vivienda es de alquiler, pero el 80% de éste es público. En Barcelona, solo el 1% del parque de alquiler es público. No se ha construido vivienda de alquiler y encima se quita oferta con los pisos turísticos, lo cual incide en los precios. Por eso, la vivienda se ha convertido en uno de los problemas de los barceloneses, según el último barómetro municipal.

-¿La solución, pues, es tener más parque público de alquiler? Pero la Generalitat, por ejemplo, no para de subastar...

-Las administraciones deben tener más parque público, pero cuando llegó la crisis, el Ministerio de Vivienda desapareció, el Estado no vio necesario que hubiera más vivienda. O sea, crisis y caída del presupuestos público en vivienda. Es brutal. Y ahora que empezamos otra vez a tener problemas, vienen las prisas. Pero es que esto no se improvisa. Volvemos a empezar de cero. Uno de los grandes temas pendientes es obligar a los bancos a sacar al mercado los pisos vacíos. Pero no negociando o pidiendo, sino obligando. Se rescataron los bancos, se les dio 73.000 millones de euros, y a cambio se debió exigir la salida de esos pisos vacíos como vivienda social. Eso no se hizo. Esa habría sido la gran solución de este país. En 2015, la Generalitat estableció el derecho de tanteo, por lo que, al menos en Cataluña, nos enteramos de las ventas que se hacen. La Generalitat ha comprado unas 1.200 o 1.400 viviendas y el tercer sector, que es donde estoy yo, unas 20. Y ahora lo que ha anunciado el Govern es una línea de financiación para comprar más. Con este dinero se podrá tener vivienda de forma rápida porque éstas existen ya. Otra vía es la compra de suelo para construir nuevas viviendas. Parece que el Plan Nacional de Vivienda contempla partidas para vivienda de alquiler protegido. Pero después de 10 años de no hacer nada.

-Se ha acusado a la Generalitat de incumplir los acuerdos parlamentarios que obligaba a destinar las herencias intestadas a las entidades sociales.

-Se permite a las entidades, como Habitat 3 que es la que yo presido, actuar como brazo gestor de los ayuntamientos. Nosotros gestionamos 250 pisos en Barcelona por encargo del Ayuntamiento. En el tema de las herencias intestadas se está haciendo mucha demagogia. Hasta 2016, todas los pisos o inmuebles procedentes de herencias se vendían porque estaba establecido así en el Código Civil de Cataluña, y el dinero se destinaba a las entidades sociales. Cuando yo estuve en el Govern ya plantee que era una pena vender esas herencias porque eran insustituibles. Pero no lo conseguí. Quienes estaban en las Juntas de Herencias, entre ellos los ayuntamientos, alegaban que todo el mundo estaba esperando el dinero. En 2016, el actual director general de Patrimonio consiguió que una parte de las herencias no se vendiera y fuera a parar al tercer sector. A los ayuntamientos esto no les gustó. Sin las entidades sociales, los ayuntamientos se deberían cortar las venas, porque atendemos a personas que no tienen nada, ni papeles. La palabra subasta es horrible, pero es obligatorio, para evitar amiguismos y procurar sacar el mayor dinero posible para destinarlo a entidades.

-¿La anunciada reforma de la Ley de Arrendamiento Urbanos contribuirá a bajar los precios?

-Es condición necesaria, pero no suficiente. Los bancos impusieron pasar de contratos de cinco a tres años. El PSOE había ya presentado una propuesta, pero estaba vetada. El nuevo Gobierno ha sacado el veto en el Congreso. Contará con los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura, pero los plazos son una parte. Lo que se pide es que la ley incluya también la regulación de precios, algo que no se hace desde 1994.

-¿La llegada de refugiados debería tenerse en cuenta?

-Sea porque somos una sociedad de acogida, sea porque nos llegan pocos refugiados, aquí no ha habido problemas. Aquí hay entidades dedicadas a buscar viviendas para ese período inicial de acogida. No veo rechazo. Nosotros en 2004 instauramos las ayudas al pago del alquiler, que no existía en Cataluña. Iban por convocatorias. En una de las listas infinitas, apareció una página con nombres casi todos marroquíes y se nos acusó de favorecer a este colectivo. Lo cual no era cierto. Hay que hacer mucha pedagogía.