Seis años de recortes en guarderías avalados por CiU y ERC
Cronología de un proceso que ha culminado en un contundente revés judicial contra el 'tijeretazo' de Artur Mas
23 enero, 2018 00:00El revés judicial contra el Govern por el recorte del gasto en guarderías públicas tiene lugar seis años después de que CiU decidiera anular sus ayudas públicas y destinarlas a los conciertos escolares. Así lo ha reconocido la propia Generalitat durante un proceso impulsado por alcaldes de PSC e ICV y que comienza a dar frutos. Un proceso que se remonta a 2012, año en el que el Gobierno de Artur Mas comenzó a recortar sus ayudas a la educación de 0 a 3 años, hasta dejarlas a cero.
Lo hizo avalado por ERC, formación con la que tenía un acuerdo de gobierno y con la que votó en contra de las iniciativas presentadas por el PSC para recuperar esas subvenciones que, en 2010, ascendían a cien millones de euros. El goteo de sentencias en las que se obliga a la Generalitat a devolver a los ayuntamientos el dinero es constante. E irá a más, tras la reciente decisión del Ayuntamiento de Barcelona (gobernado por la líder de los comunes, Ada Colau) de reclamar también los atrasos, que ascienden a 40 millones. Tras el tijeretazo de la Generalitat, familias y ayuntamientos pasaron a financiar el 83% del coste de la plaza.
Esta es la cronología de seis años de recortes en un ámbito muy sensible para las familias catalanas:
-2011-2012: inicio de los recortes en la financiación de las guarderías.
-2012: se constituye en L’Hospitalet el Fòrum de Alcaldes y Alcaldesas por la Educación en Cataluña, con el apoyo de una setentena de alcaldes y alcaldesas, con la finalidad de velar por la calidad de la educación en los municipios.
-12 de junio de 2014: el Parlament rechaza con los votos de CiU y ERC una moción del PSC que insta al Govern a restituir la financiación de las escoles bressol.
Jaume Collboni, ante la sede de la Consejería de Educación para exigir el pago de los atrasos en guarderías
-Octubre de 2014: 36 municipios presentan un escrito ante la consejería de Enseñanza para reclamar el pago de la deuda con los ayuntamientos correspondiente a guarderías. De esta forma se inicia el trámite para la presentación de un recurso contencioso-administrativo.
-Febrero de 2015: una treintena de ayuntamientos presentan un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar las deudas contraídas por la Generalitat. Alegan que se incumplen las leyes de presupuestos y de educación de Cataluña. Cinco de los consistorios tramitan el recurso de forma individual (L’Hospitalet, Esplugues, Sant Joan Despí, Sabadell y Cornellà) y el resto lo hace de forma conjunta (Barberà del Vallès, Camprodon, Canovelles, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Les Masies de Voltregà, Lleida, Montmeló, Montseny, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, el Pont de Vilomara i Rocafort, el Prat de Llobregat, Ripollet, Riudarenes, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, El Vendrell y Viladecans). Posteriormente se descolgaron Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes y Sant Cugat Sesgarrigues.
-10 de marzo de 2017: PSC y Catalunya Sí Que Es Pot se reúnen con representantes del mundo local para reclamar al Govern que cumpla sus compromisos.
-14 de marzo: la Generalitat admite que desvió a la escuela concertada 81 millones de euros que debían ir destinados a guarderías públicas.
-Diciembre 2017-Enero 2018: el TSJC emite sentencias en las que se reconoce el derecho de Cornellà, L’Hospitalet, Sant Joan Despí y Esplugues a cobrar los atrasos, que oscilan entre los 2,3 millones y el millón de euros.
-12 de enero de 2018: el TSJC obliga a pagar a 26 ayuntamientos las subvenciones de las escoles bressol de titularidad pública a partir de 2012.
-22 de enero de 2018: el secretario de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, la secretaria de educación, Ana del Frago, y la portavoz de educación del grupo parlamentario Socialistes-Unidos para Avanzar, Esther Niubó, presentan un escrito al Departamento de Enseñanza en el que exigen el cumplimiento de las sentencias del TSJC.