El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha abierto una de las peores crisis de credibilidad a las que debe hacer frente el Tribunal Supremo. El magistrado Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Contencioso-Administrativo, ha demostrado una torpeza inaudita en la forma en que ha gestionado la sentencia que decretó que es la banca la que debe asumir la liquidación de esta tasa en las escrituras de préstamo hipotecario. Un error tremendo, como mínimo, en la forma pública en que ha organizado la respuesta.  

Ha dejado claro que los magistrados no esperaban la transcendencia de la resolución en una miopía que también debería hacer saltar las alarmas. Más, cuando el propio Díez-Picazo conocía desde el pasado 15 de enero que se revisaba el recurso que había interpuesto el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aunque no fuera abocado al pleno de la sala.

Desde algunos ámbitos del tribunal, los más críticos con su presidente, incluso aseguran que se enteró por la prensa del sentido de la sentencia. Un intento de desacreditarlo que implica darse otro tiro en el pie, ya que también transmite una imagen de descontrol total de una de las instituciones que debería ser más garantista. Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata del ámbito contencioso-administrativo, donde cada día se toman decisiones con efectos millonarios.

El siguiente paso que dio el Supremo tampoco contribuye a aplacar esta imagen. En lugar de esperar el lógico recurso de organizaciones como la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) o la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) para confirmar la sentencia y aclarar el alcance de su retroactividad --el verdadero impacto de calado sobre el cambio de jurisprudencia del impuesto-- se anunció deprisa y corriendo que el pleno la revisaría de oficio.

Esto ha sido lo que ha abierto un debate social que va más allá del ámbito hipotecario. Al final, la discusión va de cómo la banca cose a comisiones a sus clientes. Da alas a los discursos que acusan al poder judicial de estar de rodillas frente al verdadero poder: el económico (la mejor descripción que nunca me han hecho de la bolsa es la de un amigo que aseguró que la inmensa mayoría de los mercados son los planes de pensiones de nuestros abuelos que intentan crecer).

La Sala Contencioso-Administrativa ha puesto en un brete a toda la institución en un momento especialmente sensible. Quedan pocos meses para que sus compañeros de la Sala Segunda, encabezada por el juez Pablo Llarena, inicien el juicio de los líderes independentistas y lo harán en el momento más bajo de credibilidad. El Supremo ha regado él mismo el jardín en el que se ha metido.