Esta semana hemos conocido que más de la mitad de los jóvenes españoles desconocen quién fue Miguel Ángel Blanco, y que muchos ciudadanos creen que ETA sigue en activo. No es que los muchachos pasen muchas horas posando en TikTok y en Instagram (que también), sino que falla el sistema educativo y gana la manipulación. Cabe preguntarse por qué y a quién interesa borrar del mapa ciertos episodios de la historia de España, o transformarlos. ¿Serán los mismos que pactan que se sancione a los diputados del Congreso que expongan discursos xenófobos, racistas y machistas?

La izquierda y el nacionalismo (ERC, Junts y la CUP entre ellos) se han unido en el Congreso para promover sanciones contra los diputados que hagan uso de insultos o discursos “xenófobos, racistas o machistas”. Traducción: es una nueva ofensiva contra la ultraderecha representada por Vox porque, dicen, sus argumentos son un peligro para la democracia. Los que les señalan son los mismos que defienden a Valtònyc, condenado por versos como “Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear”; “queremos la muerte para estos cerdos”; “llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov” y “le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta”.

Ya sabemos que la libertad de expresión solo la defienden cuando están de acuerdo con lo que se dice, y que la democracia solo está en peligro si se dicen barbaridades en el Congreso, pero no si se tiende la mano a quienes plantean golpes como el del octubre del 2017 (a pesar de que insisten en que lo volverán a hacer, e incluso se les sugiere un posible indulto). Pero no dejemos que deje de sorprendernos tanta desfachatez. Porque quieren castigar en Madrid lo mismo que ellos se permiten en Barcelona. No creo que se autosancionen. Quedaría un pelín raro.

La cuestión es que esta propuesta de sancionar ciertos términos está muy bien de cara a la galería, pero es delicada. Parece que no hará sino reforzar la autocensura en este periodo en el que solo vale lo políticamente correcto. ¿Quién pone los límites? ¿Por qué solo sirven para señalar a Vox y en el Congreso? ¿Pero no estamos en mitad de una pandemia? No es por Santiago Abascal que el país está dividido, con unos partidos políticos incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera ante el Covid, y con una gestión cuestionable y cuestionada en medio mundo. Aunque si Vox sirve, al menos, para que la mayoría que lo ha creado vaya a una por una vez… Ojalá fuera tan sencillo.

Dice el refranero que vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro. Un equivalente en catalán es cap geperut no es veu la gepa. Y así es. No hay que buscar muy atrás para encontrar comentarios xenófobos y racistas, sin ir más lejos, en el Parlament (sin olvidar que hasta hace unas semanas el president era alguien que, hace años, se refería a los españoles como bestias). Por ejemplo, la exconsejera Vilallonga defendió la existencia de una raza catalana, cuando no cargaba contra TV3 por el uso excesivo del castellano. O cuando la alcaldesa de Vic, Anna Erra, pronunció en la Cámara autonómica aquello de que no hay que hablar en español “a quien no parezca catalán”. Esas expresiones, al parecer, están muy bien. También otras que se pagan con dinero público, como los exabruptos de la expresidenta del Parlamento Núria de Gispert, o los de Toni Albà, Jair Domínguez y Pilar Carracelas, bien remunerados por TV3. ¿Se les sancionará?