El plan de choque contra la pobreza de ERC y la CUP, papel mojado

Los economistas cuestionan la capacidad del Govern para asumir el gasto que comportaría esta ayuda, mientras que entidades sociales consultadas por Crónica Global valoran esta renta en comparación con otras iniciativas similares, como el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno español. Por el contrario, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se muestra muy crítica con la propuesta de ERC y la CUP, que califica de cortina de humo que tapa la mala gestión de la formación liderada por Oriol Junqueras.

"Cortina de humo"

El documento firmado por republicanos y antisistema contempla la implementación de la RBU entre 2021 y 2023. Se trata de una ayuda de 735 euros al mes, según contempla el programa de la CUP,  que si se multiplica por 12 meses y 7,66 millones de personas beneficiarias “da una cifra que duplica el presupuesto de la Generalitat, cuando, por otra parte, Junts y ERC se han opuesto por sistema a incrementar la presión fiscal, que para financiar la RBU podría triplicar la actual”, explica Diosdado Toledado, representante de la comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

“Me preocupa que ERC, que es quien gestiona la renta garantizada desde la Consejería de Trabajo haciendo una implementación que roza la prevaricación, acuerde una prueba piloto sobre la RBU. Lo lógico es cumplir plenamente la ley existente. En mi opinión, es una cortina de humo para eludir responsabilidades sobre su gestión”, afirma Toledano.

La CUP habla de riesgo "de embate de la gente contra Govern" / EP

Por otra parte de las pruebas piloto que conoce, tras su finalización ninguna se ha traducido en una ley general: “La experiencia de Finlandia ha quedado en nada”. A su juicio, es un asunto problemático que no tiene los mínimos de consenso social. Los derechos de las personas vulnerables no pueden someterse a la espera de una prueba piloto, deben garantizarse con las leyes vigentes como la RGC, o mejorándolo como han hecho desde la Comisión Promotora a través de una serie de enmiendas, afirman: “Enmiendas a las que, curiosamente, el Gobierno de la Generalitat siempre ha puesto dificultades, incluyendo ERC”.

"Rompe con el estigma asociado a la pobreza"

Por el contrario, Xavier Puig, presidente de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), sí defiende los beneficios de la RBU. “Comporta la garantía de que toda la población recibirá incondicionalmente unos ingresos mínimos suficientes para su inclusión social, al margen de que haya o no una ocupación laboral remunerada. Esto empodera a la población, ya que le otorga la libertad para elegir un proyecto vital libremente. Eliminar condicionantes y requisitos rompe con el estigma asociado a la pobreza y a solicitar ayudas y nos iguala a todos y todas como sujetos de un derecho universal”, explica.

Además de romper con esta estigmatización, Puig destaca su carácter universal, que “reduce la carga administrativa y el coste de la burocracia que comporta la comprobación de los requisitos que implican otras medidas como el ingreso mínimo vital”, tal y como denunciaron la semana pasada a través de un estudio sobre su implementación [puede leerse en este enlace]. En ese ingreso mínimo vital, “las personas solicitantes son tratadas como sujetos de sospecha, y no como sujetos de derecho. Esto provoca que en vez de los 'falsos positivos' que parece que teme la Administración, se produzcan decenas de miles de 'falsos negativos'. En contraste con esto, la eliminación de los requisitos y la universalidad de la renta básica es la forma más válida y definitiva para eliminar la pobreza y reducir las desigualdades”.

Burocracia y falta de ingresos

El economista y profesor de la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos ve difícil poder sufragar el gasto que conlleva esa renta universal. “El problema en estos casos es el dinero. Del ingreso mínimo vital que estaba dirigido a un millón de personas, se han beneficiado al final 200.000 familias. Además, la población no sabe cómo afrontar la burocracia que conlleva este tipo de ayudas. El Gobierno español impulsa el ingreso mínimo, y la Generalitat, que tenía la renta garantizada, ahora la amplía. Creen que, de esta manera, tendrá más votos. Pero los pobres no votan”.

Augura que el pacto entre ERC y la CUP “se quedará en papel mojado”: “No van a lograr una mayor recaudación y, si aumentan los impuestos, la gente se cansará. Nunca aceptarán que deben bajas las subvenciones con las que, desde hace años, controlan el territorio y los barrios”. Bernardos critica el hecho de que Cataluña sea “una de las comunidades que menos invierten en sanidad y educación, mientras que el Govern destina el dinero a TV3 o al procés: “Lanzan propuestas que luego son un caos. Las ayudas a autónomos mediante una web que se colapsa, o ahora proponen un banco público. ¿De dónde sacarán el capital? ¿Será avalado por el Banco Central Europeo, vía Banco de España? Tenemos políticos activistas y la gestión no es lo suyo”, reflexiona.

Doblar el presupuesto

El portavoz adjunto del PSC, especialista en asuntos sociales, Raül Moreno, abunda en la imposibilidad de financiar esa renta. “En general, no estamos en contra del planteamiento, pero consideramos que en estos momentos es imposible pagarla porque haciendo números en función de lo que proponía la CUP, cada año deberíamos tener el doble del presupuesto del que dispone la Generalitat. Por tanto, desde el punto de vista económico es una inversión exagerada para lo que se supone que viene a arreglar, que es la falta de ingresos por parte de los ciudadanos”.

El PSC apuesta más por el ingreso mínimo vital o la renta garantizada, destinados a “personas o familias que están en riesgo de exclusión social y que, por tanto, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Siempre vinculados a la búsqueda de empleo, que es un mecanismo de inclusión social y estabilización personal, y que también aporta con sus impuestos dinero a las arcas que permite mantener el estado del bienestar que disfrutamos ahora. Es la manera de poder cotizar para que cuando estén en edad de jubilación, puedan disfrutarla con cierta dignidad”.

"Empezar la casa por el tejado"

“Plantear una renta básica –añade-- cuando la renta garantizada no está llegando a los colectivos que lo necesitan (solo llega a un 14%), me parece que es empezar la casa por el tejado. Si la Generalitat no es capaz de llegar a esos colectivos, plantear una renta universal es hacer castillos en el aire”.

Moreno también alude a la experiencia en los países nórdicos “que han acabado en una conclusión: que no hay que implementarla porque no reduce las desigualdades, genera inflación en algunos precios, sobre todo en alimentos básicos, y porque el coste de implementarla y los beneficios obtenidos no merecen la pena”.

La mecanización del trabajo

El socialista recuerda que también se necesitan ayudas para acceder a la vivienda o a un empleo. “Hay más políticas sociales que benefician a los colectivos en riesgo de exclusión que no solo las monetarias. Nosotros tenemos una visión más amplia del Estado del bienestar”, afirma.

La perspectiva de un trabajo más mecanizado es uno de los argumentos que también se utilizan para defender una renta universal. “Pero sociedades muy tecnificadas como la japonesa no han tenido una pérdida de puestos de trabajo exagerada. Los datos de paro son minúsculos. Si quieren hacer pruebas piloto, que las hagan, pero debían haberse centrado más en la RGC y no experimentar con cosas que no se pueden pagar”.

La diputada Geis mencionó al economista Germà Bel, quien en un artículo hizo referencia al impacto presupuestario de 4.200 millones de euros de la aplicación de esa ayuda. Pero la CUP fue muy clara: "La renta no se toca".