Los medios de comunicación públicos y concertados de Cataluña compiten en las últimas horas en ver quién presenta de forma más meritoria el presunto escándalo de las detenciones de activistas radicales de la provincia de Girona que en octubre pasado celebraron el aniversario del referéndum ilegal de 2017 cortando las vías del AVE.

La polémica gira en torno a si la Policía Nacional que trabaja en la instrucción del caso y practicó las detenciones actuó bajo las órdenes del juez o solo estaba siendo coordinada por el magistrado. Parece ser que la diferencia entre ambos supuestos es de vital importancia para conocer si en este país se respetan los derechos civiles y la ley vigente.

Los reporteros más sagaces han detectado una contradicción entre las palabras de ayer del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el comunicado del TSJC del miércoles. Uno dijo, desde Canarias, que los agentes estaban dirigidos por un juez y coordinados por un fiscal; y que tratan de poner cara y nombres a los protagonistas de los altercados. La oficina de prensa del TSJC había dicho que el juez no ordenó las detenciones, pero que estaba al tanto del operativo.

El debate es ridículo y pone en evidencia que el procés se ha agotado, que ya no tiene relato, y de qué forma los más recalcitrantes le hacen la respiración asistida. Sus restos han caído en manos de quienes tratan de distraernos con el supuesto franquismo de lo que llaman "el Estado" y de que traguemos el colapso del AVE como una manifestación de la libertad de expresión y de los derechos civiles.

Son los mismos que cuando el juzgado número 22 de Barcelona archivó el caso los documentos interceptados a los Mossos d’Esquadra en octubre de 2017 camino de la incineradora aplaudieron a rabiar sin preguntarse qué juez había ordenado el espionaje y seguimiento de catalanes no adictos al movimiento nacional. Les parece normal que la policía autonómica persiga a quienes pueden entorpecer el camino de la independencia. Quieren una Stasi al servicio de la causa.

Mientras tanto y a unos 600 kilómetros de distancia, el vicepresidente de la Generalitat y su consejera portavoz visitaban la Moncloa para pasar página y aproximar posiciones. De momento, todo son palabras. Después de quejarse por las detenciones de la víspera, han quedado, cómo no, en crear una nueva comisión, esta vez de partidos para seguir hablando.