Cae el mito de que un cambio de ley salvaría la inmersión

alejandro  bw 5
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La sentencia del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar que se ha conocido este miércoles ha pasado muy desapercibida, sin embargo, tiene más relevancia de lo que parece. El alto tribunal destruye –aunque no es la primera vez que lo hace– uno de los mitos que el nacionalismo catalán ha tratado de difundir en los últimos meses para defender la inmersión frente al chorreo de derrotas judiciales que acumulan (y acumularán).

El quid de la cuestión de esta sentencia es que el castellano o español debe ser lengua vehicular en todo el país digan lo que digan (u omitan) las leyes nacionales, las leyes autonómicas, los decretos o cualquier otra disposición. Y debe serlo porque se trata de un precepto constitucional que no puede ser corregido por ninguna normativa.

Consejeros de la Generalitat, exconsejeros autonómicos, dirigentes políticos y todo tipo de activistas nacionalistas habían asegurado en los últimos tiempos que esquivarían los mandamientos que ordenan impartir, al menos, el 25% de las clases en castellano con dos argumentos: 1) que las sentencias se había originado en recursos durante la vigencia de la Lomce (o Ley Wert) --o contra ella-- pero que con la Lomloe (que se aprobó en diciembre de 2020 en sustitución de la anterior), decaía su aplicación; 2) que una nueva ley de educación autonómica o una reforma de la actual (la LEC, aprobada en 2009 y revisada parcialmente por el TC) también serviría para que aquellas sentencias decaigan.

Nada más lejos de la realidad.

Los tribunales ya lo han indicado en otras ocasiones, pero con cada nueva sentencia son más claros y más contundentes: el derecho a recibir una parte de la educación en español es un derecho constitucional, ninguna otra ley puede revocarlo; y la jurisprudencia ha establecido que, ese derecho debe materializarse en, como mínimo, un 25% del horario lectivo impartido en cada una de las lenguas oficiales. Menos de ese porcentaje es inconstitucional.

No hay forma jurídica de sortear el bilingüismo escolar. Y no solo en Cataluña, porque este derecho es aplicable en todas las comunidades autónomas, como Baleares, País Vasco, Galicia y la Comunidad Valenciana, donde también se pisotean en mayor o menor medida los derechos lingüísticos.

Algunos analistas mantienen desde hace años que la solución a los atropellos lingüísticos vendría por la vía política. Se equivocaban. La solución es judicial. Y ya está aquí.

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¿Quién es... Alejandro Tercero?
Alejandro tercero carné

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (UB) y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Ha realizado estudios de Periodismo Digital en la UOC. Ha desarrollado su labor profesional en el ámbito del periodismo político y de la comunicación empresarial. Dirigió el digital La Voz de Barcelona --diario del que fue cofundador en 2008-- hasta su fusión con Crónica Global, en 2013. Ha presentado y dirigido el programa Voces, en Radio Intereconomía Cataluña. Ha participado o participa en tertulias sobre actualidad política en TV3, Catalunya Ràdio, RNE-Radio 4, TVE-Cataluña, RAC1, BTV, Televisió Badalona, Radio Intereconomía Cataluña, Canal Català TV y Cuatro. Es coautor de los libros Cataluña. El mito de la secesión (2014) y Así se escribe en digital (2020).