El próximo caso 3% en Cataluña será sanitario... si es que alguien decide tirar de la manta. La semana pasada trascendió que la Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 21 años de cárcel para exdirigentes de CDC y empresarios del ramo de la construcción que, presuntamente, se conchabaron para amañar adjudicaciones de obra pública a cambio del supuesto pago de comisiones al partido. 

Todo ello deberá ser probado en sede judicial, claro está. Y los acusados tendrán su derecho a defenderse, como no podría ser de otra manera. En un estado mucho más gaseoso figuran algunas dudas sobre lo que ha pasado en el sistema sanitario catalán. No es ningún caso de corrupción al uso y, quizá, las partes no están vinculadas entre sí. Pero qué duda cabe de que son cuestiones que generan malestar, porque sobrevuela sobre ellas la sospecha de mejorable uso del dinero público. Recursos que, en el campo sanitario, se antojan incluso más escasos que en el resto de terrenos. 

Cojan el caso de Sagalés. La histórica transportista catalana con sede en Mollet del Vallès (Barcelona) ha preparado concienzudamente su desembarco en el transporte sanitario en Cataluña como colofón a años en el negocio de transporte colectivo de personas. Los que conocen los pormenores de la firma la sitúan como una de las favoritas al próximo concurso de ambulancias de la región, previsto para 2024 o 2025, según las fechas. Pues bien, esta empresa --que tiene todo el derecho del mundo a concurrir a la licitación que le plazca-- ha visto como las interferencias de determinados actores exógenos al sistema asistencial contaminaba su encomiable trabajo. 

Por arte de birlibirloque --o contrato urgente no publicitado y sin concurrencia-- ha ganado su primer gran contrato sanitario, el de más cuantía, en el Banco de Sangre y Tejidos, arrebatándolo al adjudicatario histórico, la andaluza SSG. La cuestión, que tiene visos de judicializarse, se explica desde esta empresa pública como una sustitución por mal servicio. Pero las dudas asaltan cuando se conoce que el presidente del consejo del banco, el exconseller Andreu Mas-Colell, y el consejero delegado de Sagalés, Ramon Sagalés, coincidieron en Esade y tienen buena relación. 

No hay elementos indiciarios de mala praxis --por ahora--, pero la operación costará un millón más al grupo público, como explicó este medio. 

Antes de ello, alguien en el ICS de Lleida decidió que regar con contratos por valor de 14.999 euros, justo a un euro del límite legal, a dos filiales de Sagalés era una buena idea, alejándose de lo que recomiendan Competencia y la Oficina Antifraude de Cataluña en materia de contratación. Un mal comienzo para una noble firma que quiere ser contratista a mayor escala de la Administración autonómica. 

Lo ocurrido en el Banco de Sangre es solo un ejemplo de prácticas mejorables en el sector. Alguien, en algún momento, decidió que crear empresas parapúblicas pegadas al sistema asistencial era buena idea en materia de eficiencia. Y seguramente es un argumento de peso y les asistía parte de razón cuando decían que "no todo puede ser ICS". Pero, por el camino, se perdió transparencia. Ha ocurrido con el Banco, sí, pero también con la logística Logaritme o con el Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI), entre otras. 

De hecho, crear entes más pequeños que el ICS no ha sido siempre garantía de más eficiencia o mejor gestión. Fíjense en el mayor escándalo del sistema sanitario catalán recientemente: el caso Innova y el Hospital de Reus. Un centro concertado de propiedad municipal que tuvo que ser rescatado por Salud después de amasar una deuda millonaria, construir un edificio pantagruélico y pagar opacos emolumentos a sus directivos antes de su absorción 100% pública, afloró la Sindicatura de Cuentas. En la comisión de control del fiscalizador en el Parlament, más de uno no daba crédito a lo que los síndics contaban. 

El ejemplo paradigmático de contaminación es el transporte sanitario. Este medio ha relatado cómo directivos paracaidistas de la máxima confianza de David Madí se hicieron suya Ambulancias Egara. También destacamos el papel de un empresario constructor acusado por el 3% en la operación para meter un pie en las ambulancias catalanas. Campo en el que ninguno de ellos tenía experiencia y, seguramente, el más mínimo interés. Los objetivos eran otros, y aún están por explicar. 

O un cuarto, aquel ente profesional del sector sanitario regional que estuvo en la lupa de la Fiscalía Anticorrupción cuando acometió unas obras en su sede. Las pesquisas en la planta nueve de la Ciudad de la Justicia, que también abarcaban a otras esferas de influencia, no fueron a más, aunque los indicios apuntaban en dirección incómoda, pues muchos estamentos resultaban salpicados.

Todo ello configura un trencadís de sombras que siempre apunta a un mismo espacio político. Y del que quizá no conoceremos los detalles y si hay caso hasta después de que concluya el primer 3%, del que ahora apenas se han presentado las conclusiones provisionales. Pero se terminarán conociendo. Al tiempo.