Fiscalía pide cárcel para el empresario que ayudó a Madí a hacerse con Ambulancias Egara

La Fiscalía Anticorrupción pide un total de ocho años y seis meses de cárcel para el empresario de la construcción que apoyó a David Madí a tomar el control de Ambulancias Egara. Joan Albert Arqués, consejero delegado de la constructora leridana Benito Arnó, se tendrá que defender de cuatro presuntos delitos en el caso 3% por colaborar con el exsecretario de Comunicación del Govern y ahora directivo en su aterrizaje en el negocio del transporte sanitario. 

Una ambulancia de Egara en un hospital de Barcelona / CG

Es lo que consigna el auto de petición de apertura del juicio oral de anticorrupción, al que ha accedido este medio, y en el que el ministerio público acusa a Arqués de supuesta pertenencia a organización criminal, fraude continuado a la Administración pública, corrupción entre particulares y prevaricación. Por ello, la Fiscalía pide ocho años y seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos en fundaciones --durante tres años-- y para ser funcionario o cargo electo --seis años--. 

Se compinchó con Germà Gordó y Viloca

La acusación cree que el CEO de Benito Arnó se reunió en varias ocasiones con el exconseller Germà Gordó para, presuntamente, repartirse adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Cataluña a cambio de donaciones a la Fundación CatDem, vinculada a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). 

Asimismo, Anticorrupción ve indicios de reuniones de Joan Albert Arqués con altos cargos de Infraestructures de Cataluña. También ve mimbres para probar que la constructora pagó a CatDem 15.000 euros en 2010, otros 6.000 euros en 2011 y de nuevo 6.000 euros en 2012 por medio de terceras empresas. Para ello, el alto directivo se habría compinchado también con Andreu Viloca, extesorero de CDC y también investigado en la causa del 3%. 

Toma de Ambulancias Egara

Todo ello se dirimirá en sede judicial. Pero es que años después, Arqués ayudó a la operación acometida por el empresario independentista David Madí para irrumpir en Ambulancias Egara. Ocurrió en torno al macroconcurso de transporte sanitario de Cataluña de 2014, que se terminó fallando en 2015. De hecho, Arqués fue uno de los presentes en el cónclave celebrado en el Hotel Don Cándido de Terrassa (Barcelona), ciudad donde Egara tiene su sede, para cerrar el cambio de manos de la empresa. 

Este medio ha preguntado a fuentes del sector sanitario conocedoras de aquella operación, que han confirmado que Arqués participó en la toma de Egara desde la sombra junto con David Madí. Los hombres que la encabezaron eran de máxima confianza de Madí: Fermí Ferran, exjefe de seguridad de Cirsa y ahora administrador de Egara, y Álex García-Cascón, que sigue siendo director general de la transportista a día de hoy. 

Reuniones en Benito Arnó

De hecho, la participación anómala de Benito Arnó en el sector sanitario fue continuada. Egara utilizó dependencias de la constructora para celebrar algunas operaciones vinculadas al transporte de pacientes pese a no tener nada que ver con esta industria: la firma vallesana explota el lote de la región de Lleida, uno de los tres que ganó en 2015. 

Los otros dos son Tierras del Ebro y Tarragona, donde los sindicatos han denunciado irregularidades en la prestación del servicio desde que Egara que se hizo cargo del mismo. 

Desconfianza

En efecto, la operación para tomar las ambulancias genera muchos recelo en la sanidad catalana porque ni Arqués ni Madí, que operaron entre bambalinas, ni Ferran ni García-Cascón, en primera línea, "tenían relación alguna con el transporte de pacientes". Las fuentes consultadas recuerdan que el grupo que tomó el control de Egara carece de experiencia en el sistema asistencial. De hecho, desplazó a la familia Simón de Terrassa, fundadores de la firma y que sí tenían un dilatado currículum en el sector y, además, "buena reputación". 

Una sanitaria de Transalud: Egara espió a tres de ellos / Cedida

Tenga ello relación o no, Ambulancias Egara se ha enfrentado a diversas crisis desde aquella operación convergente en 2015. En Cataluña, su territorio natural, ha encajado más de 400.000 euros en sanciones del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) por incumplimientos del pliego del macroconcurso. Son el 40% del total de sanciones. En Aragón, donde se expandió, ha entrado en franca guerra con su socia, Ambulancias Maiz, después de perpretrar un golpe de estado en la unión temporal de empresas (UTE) con subordinados de Fernando Izagirre, ex alto cargo del Gobierno vasco investigado por el caso DYA. En Andorra, a su vez, ha comenzado a operar el contrato de transporte sanitario superando un conato de huelga y enfrentándose a un segundo conflicto laboral.