En los últimos meses la Generalitat se ha mostrado especialmente incómoda a la hora de afrontar la regulación del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La propuesta anunciada el viernes por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, lo confirma. El Govern apuntó que solo exigiría a los VTC un tiempo de precontratación de 15 minutos, pero abrió la puerta a que los ayuntamientos o el Área Metropolitana de Barcelona endurezcan este aspecto con normativas locales.

El tiempo mínimo de precontratación --el que pasa desde que se pide el servicio hasta que llega el coche-- es uno de los puntos clave de todo este conflicto. Si este es muy corto, casi no hay diferencia entre el servicio de los VTC y el de los taxis, y los primeros pueden hacerle la competencia a los segundos. Por el contrario, si el tiempo de precontratación es amplio, los taxis pueden mantener su monopolio y reducir el riesgo de intrusismo de los VTC.

La pugna entre los taxis y los VTC tiene una difícil solución. Ambos tienen razones de peso para defender sus posiciones. Los taxis alegan que no es justo permitir a los VTC actuar como ellos sin la estricta regulación que les afecta o el alto coste que implica acceder a una licencia. Mientras que la VTC apelan a la libertad de mercado, a la libre competencia, a que la alta demanda que tienen les avala y a que hay que adaptarse a la realidad de los nuevos tiempos --no se puede poner puertas al campo que ofrecen las nuevas tecnologías, insisten--. Cualquiera que sea la solución que se adopte perjudicará a una de las dos partes implicadas.

Lo cierto es que se trata de un problema extremadamente complicado. Aunque no es menos cierto que, con su planteamiento, la Generalitat se ha puesto de perfil. La precontratación de 15 minutos está muy lejos de las seis horas exigidas por los taxistas e incluso de los 60 minutos señalados por Colau, pero la invitación a los ayuntamientos a regular ese tiempo supone, en realidad, pasarles la patata caliente del enfrentamiento.

Hace unos días coincidí en una tertulia con una compañera periodista afín a las tesis nacionalistas que se quejaba de que el Gobierno hubiese cedido a las CCAA y a los ayuntamientos la competencia para regular el sector de los VTC. Consideraba que Sánchez se había quitado el muerto de encima y, sorprendentemente, reclamaba una regulación única y homogénea a nivel nacional.

En octubre pasado, durante el debate en el Congreso para convalidar el decreto de cesión a las CCAA y ayuntamientos las competencias sobre los VTC, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya lo veía venir. “Los ayuntamientos pueden regular desde ya y las CCAA también. No sé qué miedo hay en asumir competencias. Algunos se quieren ir de España y nos quieren dejar los VTC. Gestionar los territorios consiste en asumir problemas”, espetó a los representantes de los partidos independentistas.

Y es que, por lo que se ve, la descentralización no siempre es la mejor solución.