El 5 de julio, Feijóo anunció la próxima entrada de España en una “crisis profundísima”. Una declaración preparada que, con el mismo significado y distintos vocablos, previsiblemente repetirá numerosas veces en los próximos meses. Su objetivo es crear terror económico entre una población muy temerosa, pues muchas familias no han recuperado aún el nivel de vida que tuvieron antes de la gran recesión observada entre 2008 y 2013.
En las siguiente fechas, el líder del PP probablemente comparará en más de una ocasión la pésima gestión realizada por Zapatero con la efectuada por Sánchez e indicará que la única manera de superar la próxima crisis es la sustitución del actual ejecutivo por otro comandado por él. Incluso, no me extrañaría que dijera en más de una ocasión que en 2023 nuestro país estará en una situación similar a la existente en 2008.
En las próximos líneas, compararé la coyuntura actual con la de quince años atrás. El propósito es evaluar si España ha incurrido en errores similares a los observados entre 2004 y 2007 y si es tan vulnerable como lo era con Zapatero a una recesión internacional que afecte a numerosos países desarrollados.
Desde mi perspectiva, las principales diferencias entre ambas etapas son la siguientes:
1) Una mayor solvencia de la banca. Entre 2004 y 2007, las entidades financieras cometieron numerosos excesos y estos hicieron que las crisis iniciada en 2008 deteriorara en gran medida su solvencia. Para evitar incurrir en riesgos adicionales, la banca decidió restringir sustancialmente el crédito, siendo esta una actuación que hizo más intensa la recesión y dificultó su salida.
En los últimos años, las entidades financieras han sido mucho más prudentes. No han financiado la compra de suelo a los promotores y a casi nadie le han otorgado un préstamo por el 100% del precio de la vivienda. Debido a ello, entre diciembre de 2007 y 2021, el crédito otorgado al sector privado y el de carácter hipotecario disminuyó en términos reales en un 43,2% y un 49,7%, respectivamente.
2) Faltan viviendas nuevas. Entre 2004 y 2009, las empresas constructoras finalizaron 3.517.893 viviendas nuevas. En el mismo período, las adquiridas solo ascendieron a 2.121.422 unidades. Por tanto, a finales de 2009, el stock de oferta se situó en 1.396.471 inmuebles. Una cantidad imposible de absorber a corto plazo que llevó a la bancarrota a la mayoría de los promotores y generó un gran agujero en las cuentas de los bancos.
Entre 2020 y 21 se iniciaron 176.434 viviendas. Un número sustancialmente inferior al deseado por la demanda. El porcentaje de las escrituradas o comprometidas superó el 90% en el último año, siendo en 2022 el ritmo de las ventas equivalente o superior al del ejercicio precedente. Por dicho motivo, y a diferencia de la anterior etapa, la disminución de las transacciones en 2023 tendrá una escasísima repercusión indirecta sobre el PIB.
3) Las familias tienen menos deuda. Entre 2004 y 2007, España tuvo un modelo económico basado en un espectacular incremento del gasto de las familias y la construcción de muchas más viviendas de las necesarias. La primera variable estuvo sustentada en una gran confianza de los hogares debido a la euforia inmobiliaria, una elevada disponibilidad a prestar por parte de las entidades financieras y entre 1994 y 2003 un aumento medio del PIB del 3,5%.
El resultado fue un ratio deuda/PIB de los hogares del 81,9% en 2007. Una cifra muy superior al 58,4% de 2021, pues desde 2010 hasta 2019 las familias disminuyeron su endeudamiento desde el 84% al 56,9%. Una situación a la que hay que añadir el elevado colchón financiero generado por el ahorro forzoso efectuado durante la pandemia.
En 2020, la tasa de ahorro de los hogares se situó en un 14,8% de la renta disponible y fue la más elevada de los últimos 40 años. En 2021, el anterior ratio bajó al 11,4% y supuso el tercer mayor porcentaje de los últimos quince años. Una situación que contrasta con el 5,9% de 2007, siendo éste el menor ratio de las cuatro últimas décadas.
4) El apoyo del BCE. En la crisis de 2008, el BCE se negó a comprar deuda de los distintos países, pues dicha operación argumentaba que generaba inflación. Una afirmación completamente refutada por los hechos, pues entre 2015 y 19 el promedio del IPC en la zona euro se situó en un 1%, siendo la primera fecha la del inicio de la compra de títulos públicos por parte del banco central.
La anterior posición del BCE generó un amago de crisis de la deuda en España. El 23 de julio de 2012, la prima de riesgo llegó a 636 puntos básicos (la más elevada del siglo XXI) y el tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años se situó en un 7,53%. Una situación que no ocurrirá en los próximos años, pues el banco central se ha comprometido a diseñar un mecanismo que mantenga a un nivel reducido los diferenciales de los países con una elevada deuda pública / PIB.
5) La Comisión Europea suma. Entre 2008 y 2013, España padeció dos crisis de tres años. La primera fue principalmente consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la restricción del crédito bancario. La segunda de la imposición por parte de la Comisión de una rápida reducción del déficit público. Por tanto, la intervención del anterior órgano de la Unión Europea (UE) alargó innecesariamente la etapa recesiva.
En la actualidad, y también en los próximos años, la actuación de la Comisión nos será muy favorable. La clave son los 147.700 millones de fondos europeos otorgados a España para invertir entre 2021 y 27. En el primer año, su impacto aumentó el PIB en 0,3 puntos y, según el Banco de España, en 2022 y 23 lo hará en 1,7 y 1,8 puntos, respectivamente.
6) España no es uno de los patitos feos de la UE. En 2008, una de las gracias de la prensa inglesa fue calificar como PIGS (cerdos) a los países de la UE con mayores dificultades económicas. La palabra hacía referencia a Portugal, Italia, Grecia y España e intencionadamente olvidaba a Irlanda.
En 2022, ningún periodista o analista prestigioso incluirá a nuestro país en una clasificación tan despectiva, pues probablemente será una de las cinco naciones de la UE con mayor crecimiento económico. La principal explicación está en una escasa dependencia energética y comercial de Rusia, la comparativamente menor utilización del gas natural en las fábricas y los hogares, el gran boom turístico y la elevada recepción de fondos europeos (la segunda nación que más obtiene después de Italia).
En definitiva, las repercusiones directas e indirectas de la invasión de Ucrania por Rusia harán que en el próximo futuro la economía española crezca menos de lo que ha hecho en el primer semestre del actual ejercicio. Si la crisis internacional es muy severa, nuestro país puede caer en una ligera y breve recesión durante 2023. No obstante, estimo que la opción más probable en el próximo año es un incremento del PIB entre un 1% y 2%.
Por tanto, ni en el peor de los posibles escenarios, España entrará en 2023 en una crisis similar a la iniciada en 2008. No obstante, en distintos medios de comunicación si verán tal afirmación en los próximos meses, ya sea efectuada por líderes del PP o economistas apocalípticos. Feijóo es listo, tiene intuición política y sabe que la sensación de deterioro del nivel de vida es su principal aliado en las próximas elecciones. Por eso, quiere generar terror económico entre la población.