El presidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Marcel Coderch, dejó dicho en Els Matins de TV3 que la propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, sobre el conflicto del taxi y los VTC es "un absoluto despropósito". Hacia tiempo que no se oía una descalificación tan absoluta y contundente de una propuesta del Govern hecha desde una autoridad independiente relacionada orgánicamente con el propio gobierno, aunque, eso sí, a través del departamento de Economía y Hacienda. Calvet no es de la misma familia política que Pere Aragonès y, sabiendo como están las cosas en el gobierno de Torra, no hay nada más que decir al respecto.

El Decreto ley de restricciones a la actividad del transporte de viajeros en vehículos con conductor (VTC) de Calvet queda fuera del alcance de Competencia, pero no así el reglamento de la autoridad metropolitana en el que se aplicará la ampliación de la precontratación de 15 minutos a una hora en Barcelona. La firme oposición exhibida ayer por el organismo defensor de la competencia en Cataluña augura un tortuoso futuro al acuerdo de la alcaldesa Colau con el conseller.

La experiencia del primer reglamento aprobado por Colau para limitar el servicio de Uber y Cabify, tumbado por el TSJC, incita a pensar que la solución supuestamente salomónica presentada por Calvet dejara a la alcaldesa a la intemperie y a merced del desencanto de los taxistas cuando su voluntad de proteger al sector del taxi por encima del mínimo establecido por la Generalitat se tope con las alegaciones de la ACCO.

Sea un despropósito o solo un error de precipitación, afecte gravísimamente o moderadamente a los principios de la libre competencia, de la reacción de la ACCO se desprende que el decreto va a ser un simple parche para salir de la crítica situación urbana creada por el conflicto, que el lío va para largo y que difícilmente se podrá alcanzar un acuerdo entre las partes sin haber recorrido antes todos los estamentos judiciales locales y europeos. Los taxistas tienen unos derechos adquiridos a golpe de hipotecas personales que no van a dejarse arrebatar sin plantar cara. Y las empresas del alquiler de vehículos con conductor no van a renunciar a la apertura del mercado del transporte de viajeros. Nada nuevo que no se haya vivido en otros sectores.

Negociar minutos de precontratación para diferenciar las ofertas no parece la solución. En este litigio de derechos deberá establecerse un período de transición --de convivencia entre el viejo modelo y el nuevo panorama de actores del servicio-- y un plan financiero para hacer frente a las indemnizaciones económicas de los propietarios de unas licencias que habrán perdido parte de la eficacia prometida en la protección del mercado. Esto va a salir muy caro. Nada que ver con el esfuerzo metropolitano realizado en tiempos de crisis del sector para retirar coches de la calle amortizando unos cientos de licencias.   

El colapso del espacio público en el ejercicio del derecho a la huelga asusta a cualquier gobernante. Le somete a una presión complementaria a la del propio conflicto porque hay terceros perjudicados con enormes dosis de tolerancia, pero también con memoria electoral ante la pasividad en desactivar las huelgas. Esta urgencia puede inducir al error de confundir la acción suficiente para desactivar con las medidas para resolver el problema.

En este caso, parece claro que de momento no se han atacado las causas. Solo se ha decretado una nueva y dudosa provisionalidad que no contenta a nadie, especialmente a las nuevas plataformas de contratación. El consejero Calvet ya ha anunciado una ley integral para este sector VTC, aunque no parece que las tenga todas consigo antes de abordar este reto. El martes, insinuó la posibilidad de pedirle al Estado que legisle de nuevo sobre esta materia espinosa. No hace tanto, los grupos en el Congreso correspondientes a los socios del gobierno de Torra pedían el blindaje de la competencia traspasada. Ahora, les incomoda la responsabilidad.