La Diada de 2018 ya es historia. Tras escuchar las habituales arengas y el anuncio del inminente advenimiento de la república catalana, los feligreses subieron a los autobuses y regresaron a sus pueblos y aldeas. Un año más y otra Diada convertida en un apabullante aquelarre separatista, sólo apto para fervorosos creyentes o estómagos agradecidos.

Las elites políticas catalanas merecerían un sesudo estudio psiquiátrico. Constituye un misterio indescifrable cómo han logrado engatusar durante siete años consecutivos al pueblo soberano con la misma monserga irrealizable. Y cómo los ciudadanos no sólo no las corren a gorrazos, sino que un año tras otro las saca a hombros de la plaza.

A estas alturas de 2018 nadie en el Govern, comenzando por el racista Quim Torra, cree ya en la independencia. Pero en vez de reconocer la realidad y admitir que la separación de España es imposible desde cualquier ángulo que se analice, siguen engañando a sus adeptos con una contumacia pasmosa.

El meollo del asunto reposa en que los políticos con mando en plaza están subidos a una bicicleta y si dejan de pedalear, se pegan un costalazo. Mientras marean la perdiz, ninguno de ellos deja de devengar unos sueldazos indecentes, y como decimos por estos meridianos, qui dia passa, any empeny. "Al pueblo le continuaremos suministrando pan y circo, que entre tanto yo me lo llevo calentito", parece ser la máxima imperante en la Generalitat y sus incontables satélites mediáticos.

Gracias a la aplicación del artículo 155, se expulsó a más de 300 paniaguados del Govern, entre ellos los dichosos “embajadores”, que se pasaban todo el santo día mano sobre mano. Pese a esa limpia, la Administración catalana siguió trabajando sin más problemas, lo que reveló la absoluta inutilidad de los puestos amortizados. Es de recordar que esos 300 burócratas disfrutaban de un salario superior al de un ministro del Gobierno nacional.

Pues bien, uno de los primeros cometidos del inefable Torra ha consistido en repescar a buena parte de los expulsados. De momento ha vuelto a enchufar a un centenar, que ya están otra vez cobrando sus insultantes momios.

De todos los dedazos, destacan sobre todo un par de nombramientos. Me refiero a Meritxell Serret y Lluís Puig, que fueron consejeros de Agricultura y Cultura respectivamente. Ambos están huidos de la justicia por su participación estelar en el golpe de estado del pasado otoño y viven a cuerpo de rey en Bruselas.

A Serret, Quim Torra la ha nombrado delegada del Govern en Bruselas ante la Unión Europea. Por ese cometido recibirá un chollo superior a los 81.000 euros.

A Puig ha habido que crearle un puesto ad hoc, hasta ahora inexistente: director del nuevo programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional, adscrito al departamento de Cultura, con una paga de 85.000 euros. Ver y no creer. Dos fugitivos cobrando a manos llenas del presupuesto catalán, mientras a los contribuyentes vernáculos los sangran con los impuestos más exorbitantes de la península.

Torra también ha repescado a otros dos personajes. El inhabilitado Francesc Homs, exconsejero y exportavoz del Govern de Artur Mas, y Carles Mundó, exconsejero de Justicia con Puigdemont. A ambos los ha colocado en la Comisión Jurídica Asesora, un órgano al que solo pueden acceder, según la propia Generalitat, “juristas de reconocido prestigio”. La reputación de Homs como jurisconsulto es perfectamente descriptible. Por su parte, Mundó está a la espera de juicio en el Tribunal Supremo. Se le acusa de malversación de caudales públicos y desobediencia. Por semejantes hechos, ya ha pasado dos meses en prisión.

El Ejecutivo catalán lleva meses totalmente paralizado. Ni legisla ni gobierna. Torra, el lacayo de Puigdemont, dedica las 24 horas del día a la agitación y propaganda secesionista, mientras los principales indicadores económicos de Cataluña van entrado poco a poco en declive.

En menos de quince días se cumplirá un año de la farsa del referéndum de independencia. Desde aquella aciaga jornada, más de 5.200 empresas –entre ellas casi todas las grandes– se han esfumado de Cataluña para ponerse a salvo del procés. Dicho con otras palabras, en el último año cada semana han huido cien empresas. Pocos datos como este resumen el inmenso daño que han provocado y siguen provocando los políticos separatistas.