“La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero” y, en efecto, hay que reconocer que Laura Borràs tiene bastante razón: la legitimidad democrática de Aragonès para ejercer como president de la Generalitat es como mínimo cuestionable. En mayo de 2021, fue elegido con 74 votos. Le apoyaron exclusivamente las formaciones separatistas. Con la CUP, el divorcio fue rápido. Siete meses después de la investidura, ya no se entendieron para aprobar los presupuestos. El voto contrario de los anticapitalistas fue contestado por ERC anunciando que Aragonès aparcaba el compromiso adquirido de someterse a una moción de confianza a mitad de la legislatura. El encontronazo con Junts ha sido largamente narrado estas últimas semanas y ha acabado con su salida del Govern. Por tanto, el president conserva solo el apoyo de los 33 diputados de ERC sobre un total de 135. En lógica parlamentaria, debería someterse a una moción de confianza en la que podría justificar un cambio de política y de alianzas. O directamente podría disolver la Cámara catalana y convocar nuevas elecciones. Que se haya roto la coalición con Junts es razón más que suficiente para cualquiera de ambas opciones. Así pues, el apelativo de ilegítimo, aunque suene fuerte y lo utilicen desde la formación de Carles Puigdemont, es válido porque ha perdido ostensiblemente los apoyos de su investidura.
Ahora bien, también es verdad que Aragonès no está obligado a someterse a una moción de confianza, ni a convocar elecciones. Ningún mecanismo parlamentario le fuerza a ello. Si no sale adelante una moción de censura, ERC puede seguir ocupando el Govern de la Generalitat hasta el final de la legislatura, incluso aunque para ello tenga que prorrogar todos los presupuestos. Ahora bien, en lógica democrática se supone que cuando un Ejecutivo pierde la mayoría parlamentaria que le permite aprobar las cuentas o las leyes más importantes de la legislatura, dimite y se llama a la ciudadanía a las urnas. Por tanto, una cosa es que Aragonès no quiera preguntar ahora mismo cuántos de los 135 diputados le apoyarían, ni tampoco crea conveniente ir a elecciones, pero lo que no puede hacer es mantenerse al frente del Govern, al que ha incorporado a exdirigentes del PSC, CDC y los comunes para vender imagen de transversalidad, si no saca adelante las cuentas para 2023. Que se especule con la posibilidad de prorrogarlos, como ha hecho Oriol Junqueras que insiste en excluir de las negociaciones presupuestarias al PSC, es impresentable, y anticipa que el objetivo principal es ganar tiempo para seguir ocupando el poder e ir a elecciones cuando más le convenga a ERC.
