En gran medida, la generación de empleo está ligada a las variaciones del PIB. Sea casi cual sea la legislación laboral, si aquél desciende o aumenta muy poco, la ocupación disminuye. En cambio, si crece a un ritmo igual o superior al 2,5%, el número de asalariados se incrementa.

No obstante, si la economía está en una fase expansiva, la regulación del mercado de trabajo puede estimular o desalentar la creación de empleo. Cuando más favorable sea a los intereses de las empresas, más fácil es que suceda lo primero. En cambio, cuando más proteja a los trabajadores, mayores posibilidades existen que tenga lugar lo segundo. 

Los empresarios están contentos con la legislación si ésta favorece sus posiciones en las negociaciones con los sindicatos, facilita la contratación temporal de trabajadores y la subcontratación, permite cambiar de forma unilateral sus horarios y funciones, bajarles el salario si la empresa va mal o menos bien, despedirles incurriendo en un escaso coste o aplicarles subidas salariales inferiores a las realizadas por la mayoría de las empresas del sector.

Una gran parte de las anteriores medidas están incluidas en la reforma laboral del PP de 2012. Una legislación que, a través de la contención de los salarios y las mayores facilidades para contratar y despedir, pretendía generar en las etapas de expansión económica el mayor número de puestos de trabajo posibles para cada nivel de incremento del PIB.

Sin embargo, cuando la economía está en recesión y el PIB cae, las anteriores ventajas ofrecidas a los empresarios son contraproducentes, pues favorecen un mayor y más rápido descenso de la ocupación. Al ser más fácil y barato despedir, aquéllos actúan de forma más expeditiva. No solo son despedidos enseguida los trabajadores temporales, sino también bastantes de los indefinidos. Ahora, el coste de prescindir de unos y otros es más similar que cuando la legislación protege en mayor medida a los asalariados.

Las mayores facilidades para realizar despidos agudizan la recesión. El principal motivo es una mayor disminución del gasto de la familias, pues en la mayoría de los países ésta es la variable que más influye en el PIB. Una caída basada en el descenso de la renta de los hogares con nuevos desempleados y en el incremento del ahorro, provocado por el miedo a caer en el paro, de muchas en las que todos sus miembros tienen trabajo.

Por tanto, entre 2014 y 2019, es verdad que la reforma laboral ayudó a generar más ocupación. No obstante, en 2012 y 2013, también es cierto que impulsó una más elevada destrucción de empleo. Sin embargo, en el primer período, la principal causa fue una magnífica coyuntura económica internacional y, en el segundo, la aplicación de las políticas de austeridad.

A pesar de ello, si la reforma laboral del PP fuera similar a una pócima mágica, tal y como indican algunos economistas liberales, la ocupación en 2012 y 2013 hubiera aumentado. La realidad es que en dicha etapa se destruyeron 1.017.800 puestos de trabajo. 

La anterior legislación puso mucho énfasis en la generación de ocupación, pero casi nada en su calidad. A sus ideólogos no les importaba que el empleo creado tuviera una duración de días o semanas, fuera una significativa parte del mismo a tiempo parcial (en 2018 España era el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de subempleo) o que el salario percibido por muchos trabajadores les impidiera vivir dignamente.

Entre enero de 2014 y septiembre de 2019, una etapa en la que el PIB aumentó un 2,6% anual, dicha reforma contribuyó decisivamente a que los trabajadores no ganaran poder adquisitivo. Durante dicho período, el incremento de la remuneración media anual de los asalariados (0,53%) fue inferior por muy poco al promedio de la tasa de inflación (0,57%).

En definitiva, la derogación, parcial o total, de la reforma de 2012 no constituirá la principal causa del aumento o disminución de la ocupación en los próximos años. Cualquier nueva legislación, por sí sola, no genera un incremento o descenso de la demanda de bienes, siendo ésta la primordial explicación de la creación o destrucción de empleo, respectivamente.

Tal y como ha sucedido en los últimos años, la principal importancia la tendrán el nivel de crecimiento de la economía mundial, la evolución del precio del petróleo, el tipo de cambio del euro, la política monetaria del BCE y la fiscal del Gobierno español.

No obstante, si tal como parece, las nuevas normas favorecen los intereses de los trabajadores y perjudican los de las empresas, en las etapas expansivas, a igualdad de incremento del PIB, el empleo crecerá en los próximos años menos de lo que lo hizo entre 2014 y 2019. Sin embargo, en los períodos recesivos, la destrucción será menor que en 2012 y 2013. 

A pesar de ello, el principal reto del próximo Gobierno es generar empleo de calidad. Por éste, entiendo uno de carácter estable y bien retribuido. Las normas laborales pueden colaborar decisivamente a lograrlo. No obstante, si ayudan a aumentar los salarios muy por encima de la productividad, el empleo generado será bastante inferior al deseable.

Por tanto, es necesario la realización de políticas activas de ocupación que permitan mejorar la cualificación de los trabajadores y su productividad. En la actualidad, éstas están transferidas a los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y son muy deficientes. Ni son capaces de aumentar significativamente la empleabilidad de los trabajadores ni de ofrecerles una ocupación (solo generan aproximadamente el 2% de los contratos firmados). Su reforma es un paso imprescindible.

En resumen, el principal reto del nuevo Gobierno es mejorar la calidad del empleo, sin perjudicar significativamente el ritmo de creación. No obstante, es evidente que hay una relación inversa entre la primera y la segunda variable.