La ingenuidad del PSC

Joaquim Coll
6 min

La ingenuidad suele acompañar las buenas intenciones, pero en política es un defecto que se paga muy caro. La esencia de la política es la negociación y el pacto, pero no se puede ir con el lirio en la mano, y los acuerdos hay que cerrarlos de pe a pa, de forma global, para no arrepentirse al cabo de dos días.

Por eso no se entiende bien que el PSC acordase la semana pasada la nueva ley de política lingüística sin condicionarla al contenido del decreto que el Govern iba a aprobar dando instrucciones a los centros educativos, y que para disgusto de los socialistas incumple manifiestamente la sentencia del TSJC sobre el 25% en castellano en la enseñanza obligatoria.

Como el Parlament tiene que validarlo, el PSC a través de su portavoz Alícia Romero ya ha anunciado que votará en contra. Lo hará porque desoye la interlocutoria judicial, “no recoge con plenitud el acuerdo de consenso [la nueva ley] y no menciona el uso curricular del castellano”. En definitiva, porque desafía a los tribunales.

El problema para el PSC es que el resto de los firmantes, tanto Junts como ERC y los comunes, repiten que el objetivo de ese nuevo texto legal es precisamente “plantar cara” a los jueces del TSJC en materia lingüística, justo lo contrario que defienden los socialistas. Un papelón, vaya, mientras recibe duras críticas por haber ninguneado el castellano y “liderar la insumisión” desde Vox, Cs y PP.

La semana pasada ya valoré aquí mismo que vehicular y curricular podían acabar significando a la práctica lo mismo, pues la nueva ley no define qué entiende por una cosa u otra. Por tanto, cabía una lectura pragmática y positiva de la nueva normativa, con el valor que le daba el hecho de ser fruto de un amplio consenso en un asunto extraordinariamente cansino y bastante alejado de los problemas reales del sistema educativo.

Con todo, tampoco entendí muy bien por qué el PSC de Salvador Illa había decidido renunciar al acuerdo que en marzo obtuvo con las fuerzas independentistas y los comunes, que conceptualmente era inequívoco, pues afirmaba que el castellano también era lengua de aprendizaje y vehicular. Como sabemos, fue esa claridad la que llevó a Junts a desmarcarse del pacto rubricado al cabo de pocas horas, y que internamente había generado muchos reproches contra la dirección de Jordi Sànchez. Estratégicamente, los socialistas deberían haber defendido la literalidad de ese acuerdo, que suponía para los partidarios de la escuela “solo en catalán” un trágala muy notable, para enorme disgusto de las plataformas lingüísticas hispanófobas y los sindicatos nacionalistas de enseñanza.

Como el plazo dado por el TSJC expiraba el último día de mayo, cabían varios escenarios. Como Junts se mantenía en su negativa a volver al texto inicial, ERC tenía que retratarse, y una de dos: o el Govern se rompía en un asunto tan sensible, o los republicanos se arrugaban de nuevo frente a sus socios, y no había pacto lingüístico, por lo menos con el PSC. Ambos escenarios eran positivos para los socialistas, pues podían exhibir las contradicciones en un sentido u otro de los independentistas, mientras nadie les negaría su voluntad de acuerdo.

Sin embargo, en la negociación última cedieron en la terminología, y acabaron dando por bueno un texto muy ambiguo, en el que se sustituye vehicular por el curricular, pero cuya prueba del nueve iba a ser justamente el decreto del Govern sobre cómo aplicar la nueva normativa en los centros educativos.

No se entiende, pues, que el PSC no pactase todo el paquete junto (ley y decreto del Govern), y evitase así quedar en un terreno confuso, contradictorio, en el que parece haber acabado haciendo de comparsa del Govern. Además, el enfado con los socialistas por parte de las plataformas civiles del constitucionalismo, como la AEB o Impulso Ciudadano, ha sido considerable.

Así pues, teniendo en sus manos una posición ganadora, el pacto del 24 de marzo, el PSC ha cedido a cambio de nada. Finalmente, como todo lo que puede salir mal, acabar peor, la nueva ley irá al TC, y es probable que sea declarada inconstitucional porque la diferenciación entre vehicular y curricular no se ajusta a la doctrina del alto tribunal. En definitiva, en aras de un fugaz consenso, el PSC ha hecho un pésimo negocio, seguramente por ingenuidad, o tal vez por ganas de que ERC vuelva al redil en el Congreso, o ambas cosas a la vez.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.