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Las infraestructuras esperan al nuevo Gobierno

Manuel Gómez Acosta
5 min

Escribo esta pieza antes de conocer los resultados de la noche electoral del domingo 10-N. Al margen de que los resultados lo hagan posible, lo que España necesita es un gobierno de progreso que garantice la estabilidad y la gobernabilidad del país. Un gobierno que aborde de forma decidida las urgentes y necesarias reformas que el país necesita y facilite el difícil encaje de la "conllevancia orteguiana" con Cataluña. Necesitamos un gobierno que construya y lidere un pacto de legislatura.

El nuevo Gobierno que se configure en los próximos meses deberá responder a la urgente necesidad de modernización de nuestras infraestructuras. La nueva Administración deberá realizar las adecuadas inversiones que den respuesta a las justas demandas sociales, asegurar su gestión eficiente y garantizar su conservación y explotación. La crisis ha golpeado con fuerza la situación de las infraestructuras públicas en España, los recortes presupuestarios exigidos por Bruselas incidieron negativamente en las inversiones que se necesitaban.

Para entender el estado actual de nuestras infraestructuras es de gran utilidad conocer el documento "Las Obras y Servicios Públicos a Examen. España, Informe 2019", publicado por  la asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP). El estudio apunta, "que se deberían invertir 18.300 millones de euros de media en cada uno de los años de la próxima década para subsanar las deficiencias en mantenimiento y rehabilitación, así como para evitar la degradación de las obras públicas". Los 8.788 millones invertidos en el 2017 están muy lejos de las necesidades del sector.

Del conjunto de infraestructuras, son las carreteras y las destinadas a la canalización del agua en todo su ciclo, las que necesitan mayor inversión para volver a los niveles de calidad que tenían en los años previos a la crisis. La red de ferrocarril es el tercer sector que más fondos necesita para actualizarse. Para revertir el actual estado en el que se encuentra la red de cercanías o para rediseñar la política de inversiones en alta velocidad de forma que incentive otros servicios más eficientes, habría que destinar 3.500 millones al año durante una década y no los 2.234 que se destinaron en el 2017. Sería necesario planificar las inversiones en función de la demanda real y no de criterios políticos, como se ha hecho en demasiadas ocasiones. Con relación al transporte urbano, las necesidades de inversión del sector se evalúan en unos 1.000 millones de euros cada año de la próxima década.

Respecto a la financiación, en algunos casos de limitada disponibilidad de recursos públicos habría que considerar las aportaciones de la iniciativa privada y la asunción por parte del ciudadano del pago por el uso de algunas infraestructuras que no sean de contenido social.

España que ya cuenta con un gran stock de infraestructuras del transporte, precisa de una nueva estrategia de movilidad sostenible y digitalizada, lo que implicaría una fuerte inversión en innovación tecnológica y de un nuevo modelo de inversión pública basado en la conservación y explotación eficiente del stock de capital público existente. Este modelo implicaría un cambio de paradigma: el centro de las políticas ya no serán las infraestructuras sino el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad.

El nuevo Gobierno debería proceder a la reactivación de las infraestructuras sociales, como las hospitalarias, la educación y la justicia, sectores que en los años del gobierno de Rajoy sufrieron importantes recortes con una inversión un 50% inferior a la realizada por los países de nuestro entorno.

Se necesita un pacto de Estado por las infraestructuras que involucre a todos los partidos políticos del arco parlamentario, este pacto debería ser sometido a control parlamentario para garantizar su cumplimiento y la evaluación de sus resultados, y debe apoyarse en la colaboración público-privada. Urge un Gobierno fuerte y estable que permita abordar la modernización de nuestras infraestructuras y las reformas necesarias para construir un país más justo y cohesionado

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).