Intentaré no ser irónico, no garantizo que lo sea, porque hoy me he levantado con el pie derecho, que diría un comunista. Sálveme Dios de caer en la hoz y el martillo de Octubre rojo. Los comunistas están tan equivocados que confunden octubre con noviembre por lo el calendario ortodoxo.

No bromeo: si el juez Llarena hubiera tenido que fallar sobre una euroorden de extradición dictada por el juez alemán de voz impronunciable, hubiera hecho lo mismo que el alemán, y el fiscal español habría aceptado la acusación del fiscal germano.

Llarena habría dicho que no había visto delito de rebelión, porque el delito que ha existido, cometido por el expresident, es el de sedición.

No es que Llarena se haya confundido. Si yo, lego en derecho, sé las diferencias que existen entre desobediencia, sedición y rebelión, ¿como no lo va a saber un magistrado del Supremo?

Lo cuento en términos comprensibles: los tres delitos están en la misma escalera el de desobediencia; el primer escalón, es el más leve de los delitos graves. Fue el que el Parlament cometió los días 6 y 7 de septiembre pasándose por el forro el Estatuto de Autonomía.

El delito que ha existido, cometido por el expresident, no es rebelión, es sedición

Los letrados de Parlament se lo advirtieron a la presidenta Carme Forcadell. Por eso está en la trena, porque, visto las fugas que ha habido, el juez no quiere una nómina de ausentes más larga.

En el segundo escalón, el delito es más grave que la desobediencia, la sedición, que no sólo es desobedecer la ley sino aprobar leyes contrarias al orden constitucional. La sedición es levantarse unos parlamentarios contra el Gobierno con el fin de derrocarlo, con o sin violencia.

El tercer escalón, el más grave, es el delito no cometido de rebelión porque hay que hacer uso de la violencia para conseguir derrocar a un Gobierno, y es excesivo hablar de violencia porque el 20 de octubre se destrozaran tres coches patrulla de la Guardia Civil, y se robaran tres subfusiles. Por eso la juez Lamela decidió apresar a los Jordis.

Ese delito será castigado con una condena inferior a los dos años, y que no merece el ingreso en la prisión. Por eso no me gustó el ingreso sin juicio previo. No porque me importe su privación de libertad, sino porque ha alimentado el discurso que en España existen presos políticos que, salvo los indepes, nadie ve en Europa. No me gustó, además, porque logró movilizar el 21D a todo el universo separata, que llegó al 47%.

El delito más grave contra un Estado es atentar contra su integridad

Vuelvo al principio: Llarena habría fallado como el alemán porque existe otro factor ajeno a ley pero que ayuda a comprender las decisiones jurídicas, que también son políticas: es la percepción del delito cometido. Aquí está la clave de la cuestión. La percepción es subjetiva. No está en ningún reglamento legal, que es lo que aplican los jueces..

Como dijo el británico Hobbes, hace tres siglos, el delito más grave contra un Estado no es, por ejemplo, el crimen del niño Gabriel sino atentar contra su integridad. Romperlo equivale a matarlo, porque además no sólo rompe España sino Cataluña en dos.

Los magistrados alemanes hubieran actuado igual que los españoles si en Baviera se hubiera producido un movimiento parecido; los de Bélgica, en Flandes; los de Francia, respecto a los corsos; y en Italia, con la Liga Norte.

La obligación del poder judicial es hacer cumplir lo que aprueba el poder legislativo, controla el poder ejecutivo. Su incumplimiento es castigado por el poder judicial. Esta y no otra es la esencia de todo Estado democrático. Son las reglas del juego. Por eso los indepes están más solos que la una.