El Partido Popular y Ciudadanos utilizan como argumento para no permitir la formación de un nuevo Gobierno la presencia de Podemos en el mismo. Están en su derecho, ¡faltaría más! Pero el modo en que lo dicen lleva a pensar que este partido no debería llegar nunca a ocupar un ministerio. Ni siquiera aunque lo decidan los votos. El paso lógico, en consecuencia, sería pedir su ilegalización, porque si un partido no tiene derecho a gobernar, tampoco debiera tenerlo a presentarse a las elecciones. ¿Es eso lo que pretenden sugerir Pablo Casado, el convalidado, e Inés Arrimadas, la de momento interina?

Los partidos destinados a la oposición tienen muy buenas razones para no permitir que se forme un Ejecutivo del que desconfíen. Sobre todo porque lo de la división de poderes en España es una cosa más que discutible. El Ejecutivo puede gobernar por decreto (Rajoy lo hizo mientras pudo) e ignorar las decisiones del Parlamento (también lo hizo Rajoy y otros lo habían hecho antes). De modo que un Gobierno en minoría puede tender a lo arbitrario, porque las normas de la moción de censura constructiva le benefician, al exigir que los demás se pongan de acuerdo para nombrar a un presidente distinto.

Lo consiguió Pedro Sánchez, pero las circunstancias eran diferentes. Sobre todo porque la derecha española tiene tendencia a ser prepotente y a evitar no ya los pactos, también la voluntad de pactar, incluso cuando le resulta necesario. Por eso el PP se encontró solo y el apoyo de Ciudadanos únicamente sirvió para aislar también a este partido del resto de formaciones. Vox no cuenta: es un hijo del PP destinado a comerse a los populares (ya los está arrastrando a su ideario, poco lejano) o a volver a casa cuando haya un Aznar que reunifique a las tres derechas.

Si Pedro Sánchez se embarcara en aventuras sin fin, echarle antes de los cuatro años resultaría muy difícil porque se necesitaría poner de acuerdo al PP (incluyendo a Vox) con Ciudadanos y, también, a PNV, ERC e incluso Junts per Catalunya (en el supuesto de que esta formación sea capaz de ponerse de acuerdo con alguien). Una suma totalmente imposible.

En esta tesitura, la deriva de Ciudadanos hacia el aislamiento resulta preocupante, porque impide pactos que no incluyan a los extremos más extremos. Y eso ocurre cuando Podemos, lejos de defender el “comunismo” del que habla Casado, ha iniciado un giro hacia cierta moderación e incluso se ha oído a Pablo Iglesias hablar de las virtudes de la Constitución.

Es comprensible que Casado diga esas barbaridades. El día que explicaron lo que es el comunismo no debió de ir a clase, y si su principal fuente de información es la prensa de extrema derecha, difícil lo tiene para entender algo. Pero se suponía que buena parte de Ciudadanos, al menos de sus fundadores, sí habían aprovechado los estudios.

Los carlistas catalanes se llenan la boca reclamando un referéndum (o más, si es necesario) aduciendo que votar es democrático. Falso, de toda falsedad: la democracia consiste en adoptar decisiones por mayoría, respetando los derechos de las minorías, lo que incluye las leyes. De ahí que no se pueda siquiera plantear votar la posibilidad de zamparse a los gorditos ni de ilegalizar a partidos que, como Podemos, sólo proponen cambios por las vías legales.

Mientras Ciudadanos se enroque en estas posturas más propias de Vox, y se arrogue dar carnets de constitucional, se cerrará las puertas a pactos con otras formaciones que, le guste o no a la interina, también respetan la Constitución.