El Govern de Cataluña ha dado muestras a lo largo de estas últimas décadas de cómo gobernar al margen y discriminando a más de la mitad de la población catalana. Tomemos como ejemplo la movilidad, un factor básico que garantiza  el acceso al trabajo, a la sanidad, a la educación e instrumento de equidad y cohesión social. Desde el año 2010  las sucesivas Consejerías de Trabajo de Mas, Puigdemont y Torra han venido ejerciendo una clara discriminación y diferencia de trato en los servicios mínimos aplicados a los servicios de Rodalies y a Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña con ocasión de todas las huelgas convocadas, tanto sectoriales como generales.

Veamos algunos ejemplos ilustrativos de lo apuntado. Con motivo de la huelga convocada en Renfe por el sindicato mayoritario SEMAF el 11 de septiembre de 2015, la Generalitat dictó unos servicios mínimos del 100% que solo tenían como objetivo garantizar la movilidad de los asistentes a la concentración promovida por las entidades secesionistas en la Diada de aquel año. El pasado 18 Octubre en el llamado paro de país (huelga patronal), convocado por el Govern con el apoyo de sus comandos CDR-CUP, entidades afines y sindicatos secesionistas claramente minoritarios en Catalunya, Renfe solicitó el 75% de servicios mínimos para el periodo de hora punta y la consellería impuso solo el 33% a lo largo de toda la jornada. Por el contrario, en los FGC y Metro les fueron concedidos servicios mínimos del 50% en hora punta.

El Govern, en su enfermiza obsesión por deteriorar la imagen del operador público estatal, no duda en castigar a los 400.000 ciudadanos catalanes que cada día utilizan el servicio de las Cercanías de la Región Metropolitana de Barcelona ¿Cuál es la razón para que se apliquen de forma discriminatoria diferentes servicios mínimos para los ciudadanos que viajan en Rodalies Renfe y los que lo hacen en FGC y Metro? ¿Acaso las personas que necesitan las Rodalies para desplazarse tienen un derecho a la movilidad menor que el que tienen las personas que utilizan los FGC? Sin duda tenemos una administración más atenta a la politización de la acción administrativa que a garantizar igualdad de derechos a los ciudadanos.

Nos encontramos ante un Govern sectario que discrimina a sus ciudadanos en función de sus simpatías ideológicas, que penaliza a los catalanes que viajan en Renfe en su enfermiza obsesión por descalificar a una empresa "española" y al que no le preocupa perjudicar a sus ciudadanos y utilizarlos como rehenes  de esa confrontación.

Un Govern incapaz de denunciar los sabotajes que desde el lunes 14 de octubre se han venido produciendo a lo largo de toda la semana en la red de Cercanías de la RMB: colocación de objetos incendiarios o de gran peso sobre las vías del tren, actos vandálicos sobre los sistemas de seguridad, electrificación, enclavamientos y aparatos de vía. Todos estos actos han sido condenados por la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) en un comunicado emitido el pasado 23 de octubre, donde se denunciaba el riesgo para la seguridad de los usuarios y de los trabajadores del transporte público. Una vez más, el Govern entendía que el tema no le afectaba.

Cataluña es una de las comunidades autónomas que menos porcentaje de su presupuesto invierte en infraestructuras y obra pública. Una inversión que, además, se ve afectada por la no aprobación durante los dos últimos años de los presupuestos de la Generalitat. Cataluña necesita un Govern que abandone su suicida estrategia de confrontación y apueste por la colaboración institucional con el Gobierno de España para abordar conjuntamente la solución a los problemas de movilidad y de infraestructuras del territorio. Cataluña necesita un Govern que gobierne para todos los catalanes y que no utilice a sus ciudadanos como rehenes de su ensoñación ideológica.