No hay nada más conservador que anteponer el dinero a los derechos. Así justificaba en un tuit la consellera Elsa Artadi el rechazo a los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Renunciar a estas partidas se ha traducido, sin embargo, en tirar a la papelera más de 2.000 millones de euros que Cataluña podría haber utilizado para cubrir las necesidades de aquella parte de la ciudadanía que desde hace años se ve afectada por el deterioro de la salud, la educación o el acceso a la vivienda. Que no puede acceder a ayudas a la dependencia o a un empleo digno. Al 28% de niños y niñas catalanas que viven bajo el nivel de la pobreza. Una ciudadanía que ha visto vulnerados sus derechos por los recortes en los que Cataluña ha sido pionera y que le cuesta entender el argumento que este dinero se antepone a sus necesidades y que hacerlo es de izquierdas.

Dar la espalda a estos presupuestos se ha traducido en que ya no llegarán a Cataluña 52 millones de euros para vivienda pública ni 77 millones para becas que habrían beneficiado a 120.000 estudiantes. Alrededor de 55.000 familias no recibirán ayudas para material escolar ni contaremos con 3 millones de euros para comedores infantiles. Alrededor de 23.000 mujeres no accederán a programas para erradicar la violencia machista y 12.000 personas de más de 52 años que están en el paro no recuperarán el subsidio de desempleo. Alrededor de 143.000 personas no se beneficiarán de los 18,5 millones de euros destinados al Ingreso Mínimo Vital y 27.000 cuidadores no recuperarán la cotización a la Seguridad Social.

Estas cuestiones también tienen que ver con derechos que deberíamos garantizar pero que durante la última década han pasado a un segundo plano porque los Gobiernos catalanes han sido incapaces de compatibilizar sus aspiraciones políticas en torno a la independencia con dar respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Es fácil decir que no se puede anteponer el dinero a lo que consideras derechos políticos cuando no estás en el lugar de las familias que viven realojadas o de las mujeres que dedicaron una vida entera al servicio doméstico e intentan ahora sobrevivir con pensiones no contributivas de menos de 400 euros. O si perteneces al medio millón de trabajadores y trabajadoras que a pesar de tener un empleo, viven bajo el umbral de la pobreza en Cataluña.

Durante su investidura, el president Quim Torra afirmó que Cataluña vivía una crisis humanitaria. La justificaba porque había “gente en prisión y en el exilio”. Lo cierto es que las imágenes de nuestros dirigentes políticos distan mucho de ser las de un colectivo afectado por una crisis humanitaria. Los sueldos que reciben, los coches oficiales en que se movilizan, la manera en que visten y se divierten y los medios que tienen a su disposición --como la radio y la televisión públicas que cubren cada uno de sus movimientos-- no tienen nada que ver con una crisis humanitaria. Más bien reflejan una clase política que vive envuelta de privilegios que exhiben alegremente en redes sociales y que es incapaz de empatizar con el sufrimiento de una parte cada vez más importante de la población.

Es muy probable que la prisión preventiva que soportan los líderes políticos independentistas sea injusta, como lo es también la de las personas de sectores vulnerables de nuestra sociedad que acaban en la cárcel por delitos a los que se ven abocadas por su situación de extrema precariedad. Es algo que deberíamos debatir y solucionar. Nadie debe ir la cárcel si no hay razones de peso que lo justifiquen.

La emergencia social la viven, sin embargo, los catalanes y catalanas que tienen graves problemas para sobrevivir y que permanecen al margen del debate político a pesar que nadie les imputa haber cometido ilegalidad alguna.

Más del 40% de las familias monomarentales catalanas vive bajo el nivel de la pobreza. Cada día mueren seis personas en Cataluña esperando una residencia. El 40% de los contratos laborales que se firmaron en Barcelona el año pasado tuvieron una duración de menos de un mes.

¿Alguno de los miembros del Govern es consciente de lo que significa vivir en una situación de precariedad semejante? Cuesta pensar que es así.