Artur Mas se reunió esta semana en Waterloo con el prófugo Carles Puigdemont a fin de urdir la estrategia adecuada para los próximos meses. Mas está ansioso por volver al primer plano de la actualidad al precio que sea. A su vez, Puigdemont semeja cada día más fanatizado y se pirra también por acaparar todo el protagonismo.

Como suele ocurrir en este tipo de tenidas políticas, lo primero que discuten Mas y Puigdemont es dónde van a colocarse, o sea, qué poltrona pretende ocupar cada uno y a cuánto asciende la paga correspondiente.

Sólo cuando se hayan aclarado ambos pormenores, se debatirán los otros asuntos. A buen seguro que entre ellos figura la forma como se va a engrasar dinerariamente el partido heredero de Convergència, cuyos restos se reparten ahora entre JxCat y PDeCAT.

Es un misterio de dónde saldrá la pasta para lubricar las actividades del ente que surja tras la amalgama de ambos tinglados. Lo que sí se conoce a ciencia cierta es cómo funcionó el aparato recaudador del archifamoso 3%, montado por los prebostes de la extinta Convergència.

Este viejo escándalo ha vuelto a ser noticia en los últimos días. El juez José de la Mata --el mismo que ha “empitonado” a los 9 miembros de la familia Pujol Ferrusola-- imputa ahora a 15 empresas que realizaron pagos innumerables a las fundaciones convergentes CatDem (ex-Trias Fargas) y Fòrum Barcelona.

Entre las firmas implicadas figuran Benitó Arnó, Grup Soler, Tec Cuatro y Teyco, así como varias filiales de la constructora madrileña ACS.

Hace ya tiempo que se encartó a los directivos de dichas sociedades. Ahora le toca el turno a las propias empresas. De la Mata les achaca tres delitos: cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El partido sucesivamente liderado por Jordi Pujol, Artur Mas y Carles Puigdemont seguía un peculiar modus operandi sobre las contratas de obra pública. Es de dominio público que tras la adjudicación de trabajos a determinadas compañías, éstas tenían la buena costumbre de visitar las fundaciones del partido y hacerles entrega de sumas sustanciosas, en concepto de altruistas donaciones. Como nadie ignora, las empresas se mueven permanentemente por motivos seráficos, con fines benéficos y siempre con un enternecedor desinterés.

Sin embargo, hete aquí que, según han revelado las pesquisas judiciales, existió una descarada y estrecha correlación entre el importe de las contratas y el de los donativos subsiguientes, o sea, el consabido 3%.   

Ciertamente hubo ocasiones en que las dádivas ofrendadas a las fundaciones del partido carecían de vínculo con trabajo alguno. El juez De la Mata da en cavilar que los magnánimos y caritativos industriales soltaban esos obsequios con objeto de granjearse la simpatía de los políticos nacionalistas y conseguir que se les tuviera en cuenta para futuras asignaciones.

El magistrado sostiene, además, que el saqueo perpetrado por Convergència no fue flor de un día, sino una “práctica sistemática” en "perjuicio de los intereses públicos". Hasta ahora se han descubierto mordidas de un millón de euros por obras valoradas en 175 millones.

Es obvio que las empresas “paganas” podían resarcirse luego por la vía de apretar la mano en las modificaciones del contrato original. Las obras sufrían así fuertes encarecimientos. Y en última instancia, el festival acababa sufragado por el conjunto de los contribuyentes catalanes.

El repertorio de los trabajos supuestamente inflados es espectacular. Abarca escuelas públicas, carreteras, viviendas de protección oficial, la estación del AVE de Girona, los diques del puerto de Barcelona, la remodelación de la avenida del Paral·lel, los túneles de plaza de las Glòries, la gestión de residuos urbanos, etc.

Por el descrito choriceo hay varios políticos encausados. Dos de ellos desempeñaron papeles estelares. Uno es Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, es decir, el encargado de las exacciones del partido. Otro Germà Gordó, gerente de Convergència y mano derecha y hombre de la máxima confianza de Artur Mas.

El expresidente catalán todavía no está procesado. Sin embargo, parece increíble que el tesorero y el gerente actuaran por cuenta propia, sin pedirle permiso al capo supremo ni explicarle sus veleidades recolectoras de gabelas.

El escándalo del 3% evidencia que Convergència era algo bastante parecido a una organización criminal o mafiosa, por utilizar una expresión que menudea en los legajos sumariales y en los escritos de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad. Dicho de otra manera, es una versión regional, corregida y sublimada, de las célebres Filesa, Malesa y Time Export, obra cumbre de las altas finanzas del felipismo. 

Artur Mas jura y perjura que el sistema de contratación oficial de la Generalitat era poco menos que perfecto y de imposible vulneración. Pero las pesquisas del juez De la Mata están demostrando exactamente todo lo contrario.

Convergència se financió con holgura gracias al empleo de mecanismos corruptos. La pregunta brota de inmediato. ¿Cómo se las arreglan ahora JxCat y PDeCAT para seguir a flote?