Reverdece en pleno otoño el viejo escándalo Mercurio. Afecta de lleno a Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell y capitoste del PSC, amén de a varios secuaces suyos. Han transcurrido justo siete años desde que los Mossos destaparon las mangancias perpetradas por dicho sujeto en el Ayuntamiento vallesano y en otros tinglados oficiales de la zona.

El asunto presentaba tantas ramificaciones que hubo que desgajar la tramitación en numerosas piezas separadas. Tras dos sentencias y algunos autos de archivo, todavía siguen abiertos 12 sumarios.

El más avanzado, pendiente de que se fije la fecha del juicio, atañe a Paco Fernández, ex representante de ICV en Sabadell, que luego se pasó al PSC local y uno de los hombres de la máxima confianza de Bustos. Según la fiscalía distrajo fondos de tres consorcios comarcales controlados por el PSC por valor de 28.000 euros. El meollo del pasteleo reposa en que cargó a tales entes unos supuestos gastos de desplazamiento, dietas y dispendios personales. Para camuflarlos, los hizo pasar por unos viajes de trabajo que en realidad nunca realizó.

A este respecto, son muy llamativas las peticiones de cárcel que formulan tanto la Fiscalía como las acusaciones. El ministerio público pide para él nada menos que nueve años y medio de prisión y cinco y medio de inhabilitación.

Al margen de sus avatares procesales, el citado elemento encarna la viva imagen de la legión de tránsfugas que pueblan los circuitos habituales del politiqueo patrio. En los comienzos de su andadura ejerció como concejal de los comunistas de ICV en la ciudad y pactó con Bustos cuando fue necesario. Corrió el tiempo y ante los movimientos de su partido para renovar la cúpula, columbró que podía sacar más tajada en las filas del PSOE catalán. Dicho y hecho, a ellas se pasó con armas y bagajes.

Es sabido que las comparaciones suelen ser odiosas. Pero los choriceos que presuntamente se atribuyen a Fernández son peccata minuta al lado de los enormes chanchullos que cada dos por tres estallan en España. A este respecto, no resisto la tentación de compulsar las sanciones que se solicitan para tal individuo con las fijadas en la sentencia sobre los “ERES” de sus colegas socialistas del sur que acaba de divulgarse.

Ocurre que los caudales saqueados a la Junta de Andalucía ascendieron a nada menos que 680 millones de euros. Esa cifra astronómica entraña el mayor robo de fondos públicos juzgado hasta ahora en el país. Además, probablemente sea el desfalco más aparatoso descubierto en toda la Europa Occidental. Por tan abultada malversación, al expresidente andaluz José Antonio Griñán le han caído seis años de cárcel. A su homólogo Manuel Chaves, ni un solo día de presidio; tan solo ocho años escasos de inhabilitación.

Pues bien. De los múltiples embrollos integrantes del gatuperio Mercurio, dos ya se han visto en los tribunales. Uno se refiere a la contratación irregular de una funcionaria, practicada en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. Esta corporación se hallaba a la sazón bajo el dominio de Bustos, conocido entre sus compadres como el capo. Semejante desliz acarreó la condena del propio Bustos, de su hermano Francisco y de Daniel Fernández, exsecretario de organización del PSC. Los magistrados dictaron 16 meses de cárcel para cada uno de ellos.

La otra peripecia también afectó al famoso alcalde. Ocurre que se aprovechó de su condición de tal para cancelar unas multas de tráfico impuestas a miembros de su familia. Por ese acto de favoritismo, los jueces le propinaron la bagatela de ¡tres años de prisión!. Bustos ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo. En función de lo que éste determine, el veterano socialista podría acabar alojado una temporada entre rejas. Además, continúa imputado en otras cinco piezas, por lo que no son descartables más condenas.

Los vericuetos de la Justicia son a menudo serpenteantes e indescifrables. Pero hete aquí que al mandamás de la Junta de Andalucía le llueven seis años de reclusión por el expolio de 680 millones. Y mientras tanto, por nuestras latitudes, le caen tres años a un mequetrefe local por haber revocado unas multas de circulación a su parentela. A la vez, a uno de sus esbirros, le piden cerca de 10 años de trena por apropiarse de 28.000 miserables euros.

El cotejo de los correctivos enumerados saca a la luz unos desequilibrios abrumadores e inexplicables. La disparidad no puede resultar más chocante, ni más palmario el manejo de unas varas de medir radicalmente dispares.