El Gobierno de España lleva meses paralizado como consecuencia de la incapacidad de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en coadyuvar a la formación de un nuevo Ejecutivo. Éste debería hacer frente con urgencia a los graves desafíos pendientes, tanto en el escenario internacional (Brexit, guerra comercial EE.UU-China, desaceleración económica..) como en el doméstico (aprobación de los presupuestos, sentencia del procés, crisis territorial…)

Cuando el nuevo Gobierno se ponga en acción, esperemos que no haya que esperar a nuevas elecciones, deberá afrontar temas pendientes que necesitan soluciones inmediatas. Uno de ellos es sin duda la necesidad de buscar soluciones imaginativas y viables a los graves problemas de los núcleos urbanos y áreas metropolitanas. Entre los retos más acuciantes, por su repercusión sobre la calidad de vida de los ciudadanos, destacamos la movilidad sostenible. Una movilidad sostenible que permita el acceso al trabajo, a la sanidad, a la educación y sea al mismo tiempo un instrumento de equidad y cohesión social. Desde el punto de vista medioambiental es el principal vector hacia la transición energética y un elemento esencial para contribuir a la ciudad saludable. En términos económicos es factor de competitividad de la economía urbana y dinamiza el crecimiento del tejido productivo.

España necesita disponer de una estrategia de política urbana y metropolitana, dotarse de una agenda urbana. Sin duda Barcelona y su AMB son referentes a tener en cuenta. Será pues muy útil aprovechar la experiencia del AMB, único gobierno metropolitano del Estado con presencia en organizaciones de áreas metropolitanas a escala europea. A la hora de definir esta estrategia, Cataluña y su motor económico --el AMB-- deben ser referentes y vectores para activar dicha estrategia.

Por todo lo anterior, para el Gobierno de España  debería ser objetivo importante que Cataluña reciba las inversiones en infraestructuras de movilidad comprometidas, que el Gobierno de Rajoy fue incapaz de activar. Durante el periodo junio del 2018 a julio del 2019, la licitación de inversión de Fomento en Cataluña se incrementó un 77%, hasta alcanzar los 891 millones, y las adjudicaciones aumentaron un 87%. La aprobación del proyecto de Presupuestos del 2019, abortada por los partidos secesionistas, que incidía en la corrección del déficit en infraestructuras, hubiese permitido a Cataluña disponer de más de 2.000 millones de euros en inversiones.

La mejora de la movilidad sostenible en el AMB exige abordar de forma inmediata la solución a los reiterados problemas de los trenes de Cercanías de Barcelona. Son prioritarias actuaciones en el ámbito de las infraestructuras, como las integraciones en L'Hospitalet, Montcada i Reixac y Sant Feliu de Llobregat; la implantación del sistema de frenado ERTMS entre L'Hospitalet y Mataró; activar las obras en la estación intermodal de la Sagrera; así como un programa de modernización del material móvil que asciende a unos 1.000 millones de euros

Sin duda, el AMB puede ser un referente para una gobernanza de la movilidad metropolitana que responda a los retos de la digitalización y que suponga la transición hacia un modelo de movilidad sostenible. La intermodalidad y la digitalización son las dos palancas necesarias para desarrollar una "estrategia de movilidad sostenible, segura, automatizada y conectada, que sitúe al ciudadano en el centro de las políticas de transporte".

La puesta en marcha de lo que podríamos definir como la "agenda urbana" del nuevo Ejecutivo necesita de un marco de colaboración y lealtad entre las administraciones involucradas. Urge superar en el caso de Cataluña la actitud suicida del actual Govern de la Generalitat de priorizar la confrontación como instrumento de acción política. El Gobierno de España necesita tener, en cuanto a la responsabilidad ejecutiva, un organismo que elabore e implemente una estrategia de política urbana y metropolitana, y el AMB debe ser el modelo de referencia para elaborar esa estrategia.