Gabriel Rufián, cuya capacidad de negociación no aguanta la comparación con los del PNV, suple la modestia de los resultados de su gestión con un discurso inflamable contra la Comunidad de Madrid para alegría de su presidenta, que lleva meses agitando el artificioso nacionalismo madrileño contra el gobierno de Pedro Sánchez por ser este, supuestamente, rehén del independentismo. Isabel Díaz Ayuso no acabará con el independentismo porque este propósito está fuera de su alcance; de lo que sí es capaz es de liquidar el Estado de las Autonomías o, como mínimo, de acelerar la crisis del modelo territorial.

El Estado de las Autonomías no se pensó para Madrid, sin embargo las autoridades autonómicas madrileñas del Partido Popular han acabado por saber instrumentalizar este poder contra sus adversarios del PSOE y, de paso también, contra el mismo invento autonómico que difícilmente soportará la competición fiscal desatada por los gobiernos de la derecha en esta comunidad.

Las rebajas fiscales aplicadas por la Comunidad de Madrid, aprovechando la ventana de las deducciones y bonificaciones disponibles por los gobiernos autonómicos en diversos impuestos (desde IRPF a Patrimonio, pasando por Sucesiones), suponen un descenso de alrededor de unos 4.000 millones anuales en la recaudación propia. La renuncia a estos ingresos va acompañada de la correspondiente reclamación de mayores aportaciones estatales para los muchos déficits de su territorio. Así se tensiona la viabilidad del modelo desde la insolidaridad.

La capacidad de atracción de la capital del estado le venía dada antiguamente por dos factores: el interés de las grandes empresas por estar cerca del regulador de los sectores económicos más determinantes y por la concentración del funcionariado forzada por un estado centralizado. El estado se descentralizó, pero casi un 30% de los funcionarios siguen en Madrid, especialmente las élites de la función pública y de los organismos estatales, y un 45% de las mil empresas más importantes del país tiene su sede en Madrid, además de muchos miles de negocios no tan significativos que también residen física o jurídicamente en la capital por sus ventajas fiscales.

Este es el tesoro de Madrid que Ayuso protege contra viento y marea, ondeando la bandera de la libertad fiscal. Su IRPF es el más bajo de España y el impuesto de patrimonio está bonificado al 100%, mientras el de sucesiones es prácticamente simbólico. El contraste con Cataluña con sus 18 impuestos locales o Valencia es cruel, sin embargo, legal, al menos mientras no se reforme el modelo de financiación autonómica para aplicar una mínima armonización fiscal que modere el margen de maniobra en el capítulo de las deducciones y bonificaciones autonómicas. El ex conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, lo pidió en su día sin éxito, porque no es fácil acompasar autonomía, armonización fiscal, lealtad institucional y viabilidad del Estado Autonómico.

Y en esto, llega Rufián para regalarle una caja de dinamita retórica a Ayuso, a la que le faltó tiempo para autoproclamarse como la peor pesadilla para los independentistas, no porque le preocupen las mínimas (nulas) probabilidades de triunfo de la secesión a medio plazo sino porque ERC (y PNV) sostienen al gobierno de Pedro Sánchez, su auténtico adversario.

El independentismo catalán ya ha demostrado que no tiene fuerza para hacer tambalear el Estado Autonómico, tan solo ha descubierto una vía electoral sencilla para mantenerse en el poder cedido por el estado gracias a criticarlo a destajo. El nacionalismo vasco no tiene ninguna intención de desmantelar una fórmula autonómica que le proporciona unas ventajas económicas que difícilmente podrían sostener en un estado federal serio. En cambio, la Comunidad de Madrid supone realmente un peligro para el modelo autonómico desde el momento en el que el PP la convierte en un simple instrumento político para combatir al gobierno central.

La fuerza económica y política de Madrid es incomparable a la de cualquier otra comunidad, porque siendo la capital del estado atesora el poder político y financiero por naturaleza (incluso sin regalos fiscales) y porque está en manos del Partido Popular, cuya fuerza en la instituciones solamente es equiparable a la del PSOE. La desobediencia de Ayuso, copiada de los independentistas,  no busca mayor poder para Madrid sino “liberar” a España de Sánchez e Iglesias, a quienes acusan de “vender España” para permanecer en Moncloa. En cambio ellos, los populares, parecen dispuestos a explosionar el Estado Autonómico por regresar a Moncloa.

La reforma del Estado Autonómico es un clamor jurídico y político desde hace décadas; algunos juristas, como Santiago Muñoz Machado, creen que de no rehacerse el Titulo VIII de la Constitución, la suerte del propio Estado español está comprometida. Quienes pretenden reformarlo en positivo, por el camino federal, no creen ni en la  fractura secesionista ni en el nuevo experimento de la implosión por insolidaridad fiscal. Ambas vías, aunque fracasen, dejarán un poso de incomprensión que dificultará cualquier nuevo consenso.