Asimetrías

Joaquim Coll
5 min

La decisión de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein confirma que Carles Puigdmont tiene muchas posibilidades de ser enviado a España tanto por el delito de malversación como por rebelión. Otra señal es que el ministerio fiscal haya solicitado que permanezca en prisión por riesgo de fuga. Se trata de una significativa primera derrota del expresident ya que sus abogados afirmaron insistentemente que la euroorden no tenía fundamento legal y que sería rechazada a la primera de cambio porque los cargos que se le imputan en España no existen en el Código Penal alemán.

Este jarro de agua fría se acompaña de otra asimetría entre lo que dice la defensa de Puigdemont, que el caso puede demorarse entre dos y tres meses, y la sensación de que la justicia germana tiene ganas de quitarse de encima cuanto antes esta patata caliente. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha anunciado que resolverá la cuestión con celeridad, declaró ayer su portavoz. Una vez se agoten todos los recursos ante esta audiencia regional, solo cabe apelar al Tribunal Constitucional alemán por vulneración de derechos fundamentales, pero con escasas garantías de que sea admitido a trámite.

Dentro de un tiempo se verá con meridiana claridad que en septiembre y octubre pasado asistimos a un intento de golpe de Estado para quebrar el orden constitucional y producir la secesión de Cataluña

Más allá de lo que decida la justicia en Alemania, existe otro argumento de naturaleza estrictamente sociopolítica para considerar que Puigdemont tiene que ser juzgado en España junto al resto de los acusados por rebelión. Es un problema de simetría entre lo que él perseguía como principal responsable del procés, nada menos que la creación de un Estado independiente, y la asunción de un riesgo equivalente en términos penales para un propósito unilateral que implicaba tantos riesgos para la convivencia y el bienestar. Dicho de otro modo, en caso de éxito, de haberse producido la secesión de Cataluña del resto de España, los beneficios hubieran sido enormes para los promotores de la nueva república. Los padres de la patria habrían sido glorificados y su gesta exaltada hasta la náusea. Sin embargo, los políticos que han liderado el procés pretenden que se cometió solo desobediencia, un delito castigado con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y alguna multa económica. Nada más. Se trata de una asimetría absoluta entre los extraordinarios parabienes por los que luchaban, tanto personales como para la casta del procés, y los escasos riesgos judiciales que querían asumir al emprender una aventura tan peligrosa para la colectividad.

Dentro de un tiempo se verá con meridiana claridad que en septiembre y octubre pasado asistimos a un intento de golpe de Estado para quebrar el orden constitucional y producir la secesión de Cataluña, aunque ahora muchos acusados argumentan que todo fue simbólico y que la estrategia iba orientada a forzar una negociación con el Gobierno español. En realidad da la impresión que los líderes separatistas jugaban a las dos barajas y ambas les salieron mal. En la política como en los negocios no hay beneficios sin riesgos y ahora los jefes del procés tienen que asumir que los errores tienen consecuencias y que es inevitable que sean juzgados por graves delitos; eso sí, con todas las garantías procesales y la posibilidad de recurrir a instancias superiores españolas y europeas si se está en desacuerdo con la sentencia. Y he ahí otra asimetría más porque el golpe secesionista, en caso de haber triunfado, hubiera sido irrecurrible, irreversible.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.

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