El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona han desatado sobre los ciudadanos un devastador alud impositivo en plena pandemia del coronavirus. Mientras la autonomía y el país entero atraviesan una debacle sanitaria y económica sin precedentes, hete aquí que los capitostes políticos del Principado no tienen otra ocurrencia que aplicar un salvaje apretón de las clavijas fiscales.

El empobrecimiento de las clases populares es angustioso. Ya se han registrado en Cataluña nada menos que 94.000 expedientes de regulación temporal de empleo, que afectan a casi 700.000 trabajadores, pero Quim Torra debe considerar que semejante hecatombe carece de importancia alguna, y acaba de atizar a los contribuyentes un incremento de la presión tributaria.

En primer lugar ha elevado el IRPF a todos los que ingresan más de 90.000 euros anuales. De tal forma, esta comunidad se afianza a la cabeza de las que con mayor saña exprimen a sus parroquianos, ya sean rentas altas, medias o bajas. A la vez, el muy honorable recaudador jefe ha ordenado una feroz subida de Sucesiones, conocido como el impuesto de la muerte, justo en el momento más inoportuno, cuando el censo de fallecidos por el virus alcanza cotas catastróficas en nuestros lares.

Se trata sin duda de la mayor arremetida nunca vista en Cataluña en relación con dicho gravamen. Así, las herencias de hasta 250.000 euros, antes pagaban un tipo del 0,07%. A partir de ahora un 1,2%, es decir, con un alza depredadora del 1.714%. Si el legado llega a 500.000 euros, el tipo crece del 0,47% al 4%, o sea una ascensión del 851%.

Para las herencias de 800.000 euros, el hachazo se multiplica casi por cinco, pues el tipo del 1,2% se encarama al 5,5%. Recuérdese que en la Comunidad de Madrid, Sucesiones está bonificado al 99%, es decir, prácticamente no existe.

El inefable Torra ha coronado el doble varapalo descrito con una medida paralela, que le retrata de cuerpo entero. Me refiero a su decisión de engordar un 0,9% la pensión de los expresidentes catalanes. Dicho con otras palabras, ha aprovechado el coronavirus para autoobsequiarse con una mejora de su propia pensión futura, como si fuera un desvergonzado Juan Palomo.

En efecto, tras consultarlo consigo mismo ha decidido que cuando alcance los 65 años le lluevan del cielo casi 90.000 euros anuales, con carácter vitalicio. No es ocioso recordar que el sueldo actual de Torra ronda los 150.000 euros. Esta cantidad dobla la que percibe Pedro Sánchez en su calidad de presidente del Gobierno nacional.

Torra es un personaje taimado, de rasgos perversos. Para que no se advierta demasiado su descaro a la hora de arramblar con la pasta, ha colado el refuerzo de su pensión futura camuflado dentro de una disposición adicional, inserta en el decreto de medidas urgentes contra el impacto económico del Covid-19. Semejante desenvoltura corrobora hasta la saciedad que el Ejecutivo de la región es un consumado experto a la hora de saquear a los contribuyentes por todas las vías imaginables.

Y mientras los gerifaltes del Govern esquilman al común de la gente, Torra ya ha dejado claro esta semana que no piensa recortar ni un céntimo las copiosas partidas de agitación y propaganda separatista e identitaria que sangran el presupuesto público. Esa pléyade de rúbricas absorbe cada año cientos de millones de euros, que se dilapidan en subvencionar tinglados varios a cargo de una extensa cuadrilla de amiguetes, vividores y demás parásitos.

Curiosamente, Quim Torra tiene en el Ayuntamiento de Barcelona una émula que no le va a la zaga. En plena debacle de las actividades productivas provocada por el virus, la eximia alcaldesa Ada Colau ha puesto a trabajar a destajo su implacable máquina de fabricar gabelas.

Entre otras lindezas ha asestado a los barceloneses un recargo del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el famoso IBI. A primera vista, ese 2% no parece excesivo, pero es que se añade, albarda sobre albarda, al alza de otro 5,46% que el presente año ya rige para todo el mundo.

El nuevo estacazo de la edil antisistema consiste en suprimir de un plumazo la bonificación del 2% que tradicionalmente se venía dispensando a los recibos domiciliados en el banco. A Colau tal descuento le ha debido parecer monstruoso y de la noche a la mañana se lo ha cargado. El caso es que llueve sobre mojado, pues sobre la ciudad se cierne una atroz crisis inmobiliaria debida a la pandemia.

Las ordenanzas que gravan las viviendas en la Ciudad Condal han experimentado una progresión exponencial desde que los criptocomunistas dominan el consistorio. Hace tres años, la exokupa Colau dio en “revisar” los valores catastrales y les aplicó unos incrementos astronómicos. Hubo locales comerciales cuya tasación se multiplicó nada menos que por siete, con el correlativo impacto sobre el dichoso IBI.

Para la líder ultraizquierdista todo hijo de vecino poseedor de un humilde hogar o de un establecimiento mercantil queda encumbrado al rango de capitalista de tomo y lomo. Por tanto merece ser molido a exacciones como si se tratase de un ricachón abominable.

Los desmanes municipales no se agotan con los ejemplos reseñados. Así, todos los habitantes de la urbe, sean potentados o menesterosos, verán recrecido el canon de alcantarillado un “módico” 60%. La tasa de la grúa municipal que retira los autos mal aparcados se dispara un 17%, de forma que ahora costará la nadería de 173 euros, más la correspondiente multa de tráfico.

El impuesto de turismos y motocicletas se encarece muy por encima del IPC para todo el parque de vehículos censados en la ciudad, salvo los casi inexistentes coches eléctricos. Lo mismo acontece con el aparcamiento en las áreas verdes y azules.

Suma y sigue. El coste de las terrazas de bares y restaurantes se multiplica en algunos casos hasta un demencial 1.100%. Y la contribución por conservar los nichos funerarios se ha doblado de una tacada. Por si todo esto fuera poco, la dirigente anarquista se ha inventado un arbitrio más. A partir de mayo se castigará a los residentes con un flamante “tributo de recogida de residuos”, que se va a incluir en el recibo del agua, un cajón de sastre que sirve para todo tipo de dislates recaudatorios.

Este es el desolador panorama fiscal que se atisba en nuestras latitudes. Si a ello le agregamos el paquete de leñazos que está preparando el funesto tándem Sánchez-Iglesias, las perspectivas no pueden ser más lúgubres y alarmantes.